Corte de Apelaciones de Santiago buscaría sancionar a juez Urrutia por sus dichos en la Convención Constituyente

La presentación que realizó el miércoles pasado el juez Daniel Urrutia ante la subcomisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente generó indignación en varios círculos del poder judicial, en especial en la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que, por acción u omisión, permitió dicha violación”,

aseguró el magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago durante su exposición de casi 40 minutos.

“El poder judicial ha servido como parte del dispositivo de represión al avalar y justificar la represión a través de procesos basados en evidencias inventadas o de pésima calidad, lo que quedó claramente demostrado en el contexto del estallido social”,

remató Urrutia.

Como ejemplo de ello citó el hecho de que la Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado o declarados inadmisibles casi todos los recursos de amparo y de protección que se presentaron en los dos primeros meses de la revuelta social de 2019.

Según fuentes judiciales, varios miembros de esa Corte de Apelaciones buscarán hoy lunes realizar un pleno para amonestar  a Urrutia. “Hay mucha presión para lograr sanciones”, comenta una de estas.

Varios jueces del tribunal de alzada se indignaron con los dichos de Urrutia, un magistrado cuyas actuaciones, dichos y críticas han incomodado al poder judicial durante años.

Fuentes judiciales aseguraron a INTERFERENCIA que varios miembros de esa Corte de Apelaciones buscarán hoy lunes realizar un pleno para, de alguna forma, amonestar o sancionar a Urrutia. “Hay mucha presión para lograr sanciones”, comenta una de estas. “No pueden dejar pasar el hecho de que los apuntara con el dedo como una suerte de cómplices de las violaciones a los derechos humanos”.

Según estas fuentes, quienes lideran la arremetida en contra de Urrutia serían los magistrados Antonio Ulloa y Juan Cristóbal Mera, respaldados por algunos ministros de la Corte Suprema. Entre estos se nombran a Arturo Prado Puga, Ángela Vivanco y Juan Eduardo Fuentes, parte de la camarilla de los magistrados más conservadores del máximo tribunal.

Otra magistrada de la Suprema que estaría pujando por sanciones en contra del juez sería Rosa Egnem. En su presentación en la Convención, Urrutia recordó que durante la dictadura casi todos los jueces encubrieron de manera activa o pasiva los crímenes de lesa humanidad. Y dio un ejemplo: la ministra Egnem, quien en 1978 admitió haber ocultado información sobre la masacre de Laja ocurrida el 18 de septiembre de 1973. En ese hecho civiles y Carabineros ejecutaron a 19 trabajadores de la CMPC, del grupo Matte.

Rosa Egnem fue una de las ministras que promovió la llegada de Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de este año.

Entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, el tribunal de alzada de Santiago recibió 25 recursos de amparo por amenaza a la libertad personal y seguridad individual. De estos, 17 fueron rechazados, 4 declarados inadmisibles y 4 se desistieron.

Además, también se estarían moviendo los hilos para que la Asociación Nacional de Magistrados pase al juez Urrutia al Tribunal de Honor por sus dichos ante la Convención Constituyente. En ese grupo gremial el magistrado Ulloa ha desempeñado durante años un papel importante.

Contactado por este medio, Daniel Urrutia no quiso referirse al tema.

Llama la atención que un grupo poderoso del poder judicial busque sancionar al juez Urrutia por haber expuesto sus opiniones acerca del funcionamiento de ese poder del Estado en materia de derechos humanos. Esto porque muchos magistrados, en especial de la Corte Suprema, no son tímidos a la hora de dar entrevistas y exponer sus puntos de vista.

De hecho, ayer domingo el diario El Mercurio publicó una extensa entrevista con María Teresa Letelier en la que la ministra de la Suprema se refirió a los presos del estallido social. “»No conozco casos de personas en Chile que estén privadas de libertad sin que estén formalizadas o sujetas a una investigación por el Ministerio Público”, afirmó. Y en una extraña interpretación de qué constituyen presos políticos, Letelier agregó: “Si están formalizados por delitos comunes, no son presos políticos”. Por lo que se sabe, históricamente los presos políticos no suelen ser formalizados por delitos ideológicos, ni siquiera fue así durante la dictadura de Pinochet.

Denegación de justicia

INTERFERENCIA tuvo acceso a un estudio próximo a publicar titulado “Análisis del rol de la Corte de Apelaciones de Santiago en el conocimiento de acciones de protección de derechos fundamentales durante la revuelta social chilena de octubre de 2019”, elaborado por el jurista recién egresado Ignacio Fernández Soto. Los datos recopilados muestran que ese tribunal desempeñó un papel nítido durante ese período: negar los requerimientos de los afectados.

Entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, el tribunal de alzada de Santiago recibió 25 recursos de amparo por amenaza a la libertad personal y seguridad individual. De estos, 17 fueron rechazados, 4 declarados inadmisibles y 4 se desistieron.

En el mismo período ingresaron 48 recursos de protección de derechos fundamentales, de los cuales 43 fueron rechazados y cinco declarados inadmisibles. Entre los rechazados incluso figura uno con costas. En 23 casos se apeló a la Corte Suprema, la que en 10 casos revocó la decisión de la Corte de Apelaciones y en 13 casos confirmó el rechazo inicial.

Estos fueron algunos de los datos que el juez Urrutia expuso ante la subcomisión de la Convención Constituyente y que irritaron a sus colegas en el tribunal de alzada.

Pero algunos creen que la arremetida en su contra también está motivada por razones más humanas. “Despertó la envidia de muchos”, asegura un importante miembro del poder judicial que prefirió que no se publicara su nombre. “Muchos supremos y magistrados de las cortes de apelaciones se tienen que haber preguntado porqué él y no ellos. Y la respuesta es simple: Urrutia fue el que liberó a los jóvenes de la Primera Línea, es un juez valiente que está favor de cambios profundos”.

“Juez Daniel Urrutia usa su cargo para promover agenda ideológica personal”, escribió en su cuenta de Twitter. Javier Macaya “Critica funcionamiento del poder judicial. La independencia del poder judicial de Chile corre grave peligro con este tipo de activistas”.

A mediados del año pasado, en medio de los confinamientos de la pandemia, el juez Urrutia rebajó las medidas cautelares de 13 jóvenes formalizados durante el estallido, permitiendo arrestos domiciliarios en vez de estar en la cárcel. Ello causó el enojo de la Corte de Apelaciones que lo suspendió de sus funciones y después lo destinó al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, argumentando “la necesidad de otorgar un adecuado y oportuno servicio judicial”.

El castigo del tribunal fue duramente criticado por algunos expertos. Claudio Nash, académico de la Universidad de Chile y doctor en derecho, aseguró en esa ocasión que “lo más grave del caso de Urrutia es que estamos ante una situación donde está siendo castigado por aplicar la normativa vigente en materia de prisión preventiva”. Cinco días después de que Urrutia rebajara las cautelares de los 13 de la Primera Línea, la jueza Carla Cappello aplicó la misma medida para todos los involucrados, forzando así la anulación de la medida de la Corte de Apelaciones.

El creciente protagonismo de Urrutia, en especial el hecho de contar con la confianza de una parte importante de los constituyentes, también ha despertado fuertes reacciones en la derecha política. Después de enterarse de que en su presentación el juez afirmó que el poder judicial chileno era una institución que históricamente ha estado al servicio de las elites del país, generando así “una justicia autoritaria, colonialista, racista, heteropatriarcal, machista y clasista”, el presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya, se escandalizó.

“Juez Daniel Urrutia usa su cargo para promover agenda ideológica personal”, escribió en su cuenta de Twitter. “Critica funcionamiento del poder judicial. La independencia del poder judicial de Chile corre grave peligro con este tipo de activistas”.

El peligro también es para el gobierno. Algunas fuentes judiciales aseguran que el ejecutivo, a través del ministerio de Justicia encabezado por Hernán Larraín (UDI), ha alentado silenciosamente la nueva arremetida en contra del juez.

“Larraín ha presionado para que saquen del camino al juez, ya que cuando dejen La Moneda podría ser el primero en sancionar los excesos cometidos por este gobierno en materia de derechos humanos”,

sostiene una de estas fuentes.

*Fuente: Interferencia