Refichaje ilegítimo de partidos: el blanqueo de la corrupción política que nadie quiere tocar

El problema real del PS en San Ramón es un padrón de militantes a todas luces abultado: los 3.965 militantes que tiene en esa comuna equivalen al 19% del padrón nacional total del partido. La ilegal normativa que reguló el reciente proceso de refichaje de los militantes de partidos políticos fue el caldo de cultivo ideal para que en San Ramón se inscribiera a cualquier persona que se beneficie –o aspire a beneficiarse– del clientelismo desarrollado por las autoridades de la comuna. Pero eso es algo que no afecta solo al PS, sino al conjunto de los partidos políticos que operan en Chile.

¿Sabía usted que el Servicio Electoral (Servel) determinó que los partidos podían refichar a sus antiguos militantes enviando solo una fotocopia de Carné de Identidad del supuesto interesado por correo electrónico? Esto, a pesar de que las normas originalmente establecían que el refichaje debía hacerse por medio de dos mecanismos bastante más complejos y seguros:

• Validándose una clave única por cada militante (la de ChileAtiende).
• Mediante la intervención de un ministro de fe.

Estas dos fórmulas permiten certificar el proceso mediante un criterio de verificabilidad, algo que exigen las autoridades electorales de los países democráticos serios. Pero en Chile alguien decidió que no se haría así, sino con una fotocopia enviada por correo, porque los partidos corrían riesgo de no alcanzar a cumplir sus metas de refichaje si se seguía esta dura normativa nueva. Esa persona es el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, quien al mismo tiempo es militante DC y que, con su decisión, le ahorró el problema a su partido –y a todos los demás– para que resultara más fácil el proceso de refichaje.

¿Y por qué los partidos estaban obligados al refichaje? Entre 2014 y 2018 conocimos en detalle el gran escándalo del financiamiento ilegal de la política a través de boletas y facturas falsas, del que se benefició desde la UDI hasta la campaña presidencial de Michelle Bachelet. En medio de esa polémica, en 2015 el segundo gobierno de Bachelet creó una comisión encabezada por el economista Eduardo Engel para que elaborara un conjunto de normas contra la corrupción política. La llamada Comisión Engel resolvió que, para evitar que los partidos se corrompieran buscando financiamiento entre empresarios del mundo privado, era mejor que contaran con financiamiento público. Para acceder a esos recursos públicos, las colectividades debían iniciar un proceso de “refichaje” de sus militantes, para limpiar y ordenar sus padrones, como una forma de pasar la prueba de la  confianza ciudadana después de todos los casos de corrupción que se habían conocido (Penta, SQM, Corpesca, etc.).

El 14 de abril de 2016 se dictó la ley que estableció un plazo de un año, hasta abril de 2017, para que los partidos reficharan a sus miembros. Si no cumplían con este trámite quedarían obsoletos, sin poder actuar como patrocinadores de candidatos presidenciales o parlamentarios y sin acceso al financiamiento con fondos públicos.

La exigencia que originalmente impuso cumplir con un criterio “verificable” (clave única o ministro de fe) puso a los partidos en la agonía. Avanzaba el plazo y no podrían cumplir. Así, de manera transversal, dirigentes de izquierda a derecha comenzaron a presionar primero por una “ley corta” –es decir, un traje a la medida– que les evitara aquel riguroso requisito. Luego, pasaron a otra estrategia: presionar al Servel. El Servicio Electoral es un organismo definido por ley como autónomo, precisamente para que pueda oficiar como árbitro garante. Pero esta vez el árbitro comenzó a ser presionado por los jugadores que estaban perdiendo el partido y quedando fuera de la liga que repartiría alrededor de $7 mil millones por año para financiar a los partidos.

El árbitro decidió, entonces, cambiar las tarjetas amarillas y rojas por una verde, para dejar que los jugadores pudiesen hacer trampa. ¿Qué trampa?… refichar a los militantes de forma ilegítima.

Recordemos que la ley inicialmente exigía “clave única” o “ministro de fe”, pero el organismo que preside Patricio Santamaría argumentó que la norma obligaba a utilizar “medios electrónicos”, por lo que a juicio del Servel bastaba con una fotocopia enviada por e-mail para cumplir con ese criterio.

El objetivo de la “clave única” o “ministro de fe” era establecer un sistema verificable, por medio de mecanismos  seguros  y  confiables. Solo los medios electrónicos que cumplan con esas características pueden ser considerados legales. Y esto es muy simple: una fotocopia adjunta a un correo no garantiza de manera sistémica la verificación de los datos. Para que me entienda, no hay banco en el mundo que verifique identidad solo de esta forma para entregar dinero. Pero al Servel le basta esta fórmula para abrir a los partidos la bóveda de los recursos públicos.

Siguiendo con el ejemplo del PS y San Ramón, con una norma tan laxa –fotocopia por correo– un adversario de un partido político podría conseguirse una nómina de personas procesadas o condenadas por narcotráfico (o cualquier otro delito) en los últimos años y reinscribirlas como militantes de la colectividad que desea perjudicar. ¿Quién puede certificar que las personas inscritas por esta vía realmente hicieron el trámite o que sus nombres fueron usados por un tercero sin autorización?

Lo más grave de todo esto es que hoy están sentados en la Cámara de Diputados y en el Senado, personas que representan a partidos que no debiesen tener existencia legal. En síntesis, nuestro sistema político y legislativo es ilegítimo. Pero oficialismo y oposición están envueltos en esto, gozando de los privilegios que les otorga esta farsa. Por lo mismo, son las organizaciones sociales las que deben impulsar la denuncia y corrección.

Son cada vez más los movimientos y comunidades que están acusando esta situación, aunque lo hacen marginalmente, tratando de romper el cerco mediático de una prensa que ha amparado este escándalo. Hace algunas semanas, por ejemplo, al presentar los resultados del plebiscito contra el TPP-11 y al hacer una crítica a la UDI, la activista Patricia Núñez abordó el tema de los refichajes ilegítimos. Agrupaciones territoriales, la Cumbre Pluricultural de Movimientos Sociales, el Consejo Ciudadano Nacional e Indignados Chile, también han tocado esta materia. Usted puede ver aquí más información sobre pronunciamientos públicos relacionados con esta denuncia.

Los medios de prensa que aún tengan algún aire ético que respirar tendrán que asumir la comunicación de este importantísimo tema, si quieren en verdad aportar al debate político en Chile sin ser simples títeres de las dirigencias políticas.

–El autor,  Javier Calzada Montealegre, es psicólogo organizacional  y comunitario. Fue diseñador del Primer Sistema de Certificación de Origen de la Artesanía en Chile, para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ha estudiado múltiples formatos de sistemas de certificación en Chile, Latinoamérica, Europa y Asia, que otorgan certificación o sello y que deben cumplir necesariamente con la función ineludible de verificabilidad.

*Fuente: CiperChile