La última cuenta política de un gobierno que ya se fué

Sebastián Piñera será recordado como el presidente bajo cuyo mandato Chile comenzó a cambiar. Y ello a pesar de él, de las élites y de la más infame y brutal represión que han experimentado vastos sectores de la población. A pesar de la pandemia, que además, ha significado la precarización económica para millones de personas.

Sin embargo, y en contra de la realidad, el presidente Piñera vive en un mundo paralelo donde ni todas las heridas de la violencia ejercida en contra del pueblo parecen suficiente para moverlo de la narración que sostiene que desde octubre de 2019, estamos en una crisis de la modernización –“Nuestro Estado se hizo más grande y robusto, pero no se modernizó como debía hacerlo”-, una especie de problema de ritmo y crecimiento del sistema neoliberal que con ajustes debiera poder seguir funcionando como el faro en el continente.

Cada segmento de la primera mitad la cuenta pública fue un recuento del pacto transicional que guió el poder por 30 años: avances institucionales y económicos, de infraestructura y reformas que habría permitido tener a Chile -es el mito oligárquico- en una especie de ejemplo para los países de la región.

Es en este punto en que se separa la realidad en la que viven millones de chilenos y la ilusión que explica a la sociedad desde las cifras macroeconómicas, la autocomplacencia de las élites y el convencimiento que la política es un tema técnico y no de la calidad de la democracia.

Pero hubo una parte de la alocución que se centró en los DDHH.

Como nunca en 30 años de esta ceremonia simbólica en que el presidente asiste al congreso, el concepto DDHH había sido tan citado. Pero nunca para asumir responsabilidad en la grave crisis de derechos humanos a partir del 18 de octubre con más de 400 víctimas de trauma ocular, decenas de asesinados y miles de lesionados. Con una política de castigo y represión frente a las manifestaciones y sin reconocer la existencia de presos políticos y la necesidad de liberarlos

Fue mencionado 17 veces, principalmente en dos acepciones: por ser parte de la institucionalidad, organismos públicos o de la civilidad vinculados a su promoción o defensa; o para describirlos de forma activa, es decir, afirmando que desde el estado se les respeta, sus funcionarios y órganos –Carabineros, PDI y FFAA- a lo más han cometido, de forma individual, algún” exceso o delitos”.

Pero veamos de qué estamos hablando cuando señalamos que en la cuenta hubo una realidad paralela.
“Queremos ser muy claros. En Chile no hay presos políticos, porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas. Hay personas privadas de libertad, por decisión de tribunales independientes, por delitos graves (…) En consecuencia, nos oponemos a una ley de indulto o amnistía. Debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplan su misión, respetando el debido proceso, de acuerdo al Estado de Derecho.”.

En este párrafo está contenida las ideas guía que orientan al gobierno y sus funcionarios, así como a sectores reaccionarios y de oposición que se sienten cómodos siendo parte del llamado “partido del orden”, resistiendo la denominación “prisión política”.

La rebelión de octubre de 2019 será señalada como un momento estelar de la historia en Chile, donde se activaron una serie de mecanismos de rebeldía que en algunos casos se expresó con violencia y que de modo no siempre orgánico se orientó en perspectiva de exigir cambios del sistema económico, social e institucional, todo lo cual abrió la puerta para estar a un mes de la inauguración de una Convención Constitucional con una alta presencia de representantes del mundo popular y de avanzada.

Qué puede tener mayor significación política que aquel contexto para explicar el carácter de “prisioneros políticos”. Por el contrario, las elites dominantes optan por un castigo ejemplar para aquellos que pretendan romper el orden.

La prisión política y la prisión de conciencia son dos niveles de un mismo fenómeno que un cierto pensamiento liberal se ha encargado de separar entre hechos “violentos” y “actos de conciencia”, que acaso en ambos extremos de disidencia el estado tiene herramientas de reproche, para los “hechos violentos” penas especiales agravadas por los “actos de conciencia” censura y criminalización estatal de la conducta disruptiva que afecta el orden público, en ambos extremos, entendemos, hay un “prisionero político”, pues es el mismo estado el que califica una y otra forma de disidencia como delito.

En otra referencia en la cuenta se menciona que, “la adecuada defensa de los derechos humanos requiere de instituciones sólidas y con capacidad para cumplir sus funciones de manera autónoma y eficaz. Por estas razones, hoy anuncio que, en conjunto con el Ministerio Público, crearemos una Fiscalía Especializada en delitos contra los Derechos Humanos”

Desde la década de 1990 se vienen realizando “esfuerzos”, de parte de los gobiernos de turno, por mejorar la relación de las instituciones, incluidas las fuerzas de orden y seguridad, con estándares de DDHH, reformas que vistas a la distancia han demostrado rotundos fracasos.

Por otro lado, distintos estamentos jurídicos han demostrado ser permeables a las concepciones dominantes del poder, las ideas hegemónicas no permiten democratizar el acceso a la justicia a nivel suficiente como para desacoplarse de un sistema esencialmente parcial y segregador.

¿Será acaso la creación de una fiscalía especializada en DDHH el instrumento que necesita Chile sin antes refundar al menos carabineros, e intervenir otros organismos?

“Carabineros y la Policía de Investigaciones no son de gobierno ni de oposición, no son de izquierda ni de derecha, protegen a todos los chilenos (…) Queremos pedir a este Congreso acelerar la aprobación del Estatuto de Protección de Carabineros y la PDI, porque necesitan y merecen esa protección, y porque un carabinero o un policía más seguro y respetado cumple mejor su función de resguardar el orden público y proteger nuestras vidas.”

Acá nos encontramos con al menos dos imprecisiones.

La primera es que Carabineros y PDI son fuerzas funcionales del orden hegemónico, no existe “neutralidad”, y ha quedado demostrado, especialmente en Carabineros, a la hora de enfrentar la protesta social. Y la siguiente es que Carabineros y PDI cuentan ya con fueros significativos, además de recursos para mejorar sus técnicas de control de orden y seguridad. Sobre esos fueros y recursos está la estratósfera de los intocables, que si existiera un “estatuto de protección”, algo que ha pedido desde hace un par de semanas Ricardo Yáñez Reveco Director General de Carabineros, sería el paraíso de la impunidad más absoluta.

Hay varios otros pasajes que merecen ser comentados, pero creemos que en esta muestra se pueden encontrar las claves para situar la última cuenta pública del gobierno que ya ha pasado a la historia por su prepotencia para enfrentar las demandas populares, e incompetencia para responder las urgencias sociales y económicas provocadas por la crisis de la pandemia.

*Unidad de Estudios CODEPU