Pueblo Mapuche, bases de un acuerdo nacional 

La propuesta del senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla de una mesa de diálogo de representantes del Estado, agricultores, empresarios forestales y comunidades mapuche presididos por Naciones Unidas ha sido analizada, en parte como positiva por distintas comunidades mapuche a saber, la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), Lof Temulemu Traiguén, Lof Pidenco Lumaco, Lof Yeupeko Vilcun, Comunidad Temulemu chico, Comunidad Llollowenko, etcétera. La internacionalización del conflicto es considerada como algo novedoso pues en ese caso de alguna manera pareciera dar algo de objetividad a una iniciativa que siempre ha suscitado sospechas cuando se menciona como interlocutor valedero a las empresas forestales que ocupan actualmente territorios ancestrales del Pueblo Mapuche.

El ‘extractivismo’ de las forestales impide acuerdos con el Estado de Chile

Sin embargo, las comunidades citadas plantean que la propuesta Huenchumilla ignora que la razón de fondo del conflicto es el modo de explotación capitalista de las empresas forestales u otras que mediante el extractivismo ha conducido a la crisis del sistema agro pastoral y comercial practicado por las comunidades.

Si se mantiene ese sistema, argumentan las comunidades, no habrá bases para que junto a la restitución del territorio se sientan las bases de la autonomía como resultado del reconocimiento de la soberanía del Pueblo Mapuche. Con ello se plantea un problema de fondo que consiste en saber si la actual institucionalidad otorga o no garantías para la reivindicación autonómica del Pueblo Mapuche.

Seguridad nacional y enemigo interno

Desahuciada la política de desarrollo social de comienzos de la presidencia de Piñera, ganó la idea de militarizar la zona, con lo que se transformaron los reclamos territoriales del pueblo mapuche en un problema de seguridad nacional, con el accionar conjunto de policías y FFAA, donde el enemigo interno es el Pueblo Mapuche. Es más las empresas forestales financian actividades de agentes del estado, como carabineros y fiscalía para otorgar protección a sus explotaciones. Acciones de tal gravedad no permiten iniciar un diálogo fructífero aún cuando se incorporen instancias internacionales a las conversaciones

Presentar un acuerdo nacional sin un programa de devolución de tierras y su corolario directo, la autonomía, resulta inaceptable para el Pueblo mapuche. Por ello un diálogo sin acuerdos concretos sobre las devoluciones territoriales y una nueva institucionalidad que asegure el camino hacia una gestión autonómica del Pueblo Mapuche no hace sino repetir viejas fórmulas abortadas.

Bases de un acuerdo

Creo que el punto de partida para el pueblo mapuche no puede ser otro que la invitación a todos los interlocutores y sensibilidades políticas del pueblo mapuche. Lo que conlleva terminar con el despliegue de fuerzas militares, lo que es percibido como un paso hacia la declaración del estado de sitio. Invitar fuerzas empresariales, como forestal Arauco, Mininco, Forestal Bosques Cautín entre otras explotaciones que ocupan 95% del territorio ancestral (9,5 millones de hectáreas), dejando en manos de las comunidades mapuches apenas 500 mil hectáreas, me parece inaceptable a menos que se plantee como un paso hacia la devolución de tierras y recuperación de la autonomía en el territorio. En las actuales circunstancias las medidas de fuerza y de complicidad de los agentes del Estado con las forestales no hacen sino caer en la ilegitimidad a poderes del Estado incapaces de construir un clima de paz previo a cualquiera negociación.

En ese marco no cabe otra instancia que la Convención Constitucional que deberá pronunciarse sobre la plurinacionalidad del Estado de Chile y la aplicación absoluta del Convenio 169.

La autonomía es parte de la lucha por la liberación cuyo estamento de base es la familia (lof) del que debe accederse a un espacio superior bajo la autoridad de lonkos (aywalla rewe), para llegar de esa manera a una confederación territorial (butalmapu). Creo que este diálogo de comunidades invalida la institucionalidad que se ha venido construyendo por el Estado de Chile desde 1860 y al mismo tiempo plantea las bases de una nueva relación entre pueblos. En el presente la institucionalidad actual pone en entredicho la vigencia de un estado democrático y protege la ocupación e inversiones de las forestales en territorio mapuche.

Conclusión

Sin resolver las contradicciones que involucra la propuesta Huenchumilla cualquier acuerdo será estéril. Desactivar la lógica de la seguridad nacional es un imperativo previo a la convocatoria de conversaciones. Esto significa que la convocatoria de todos los poderes del Estado es fundamental para resolver un conflicto secular.

En el pasado se sostuvieron Parlamentos que trazaron la ruta del entendimiento que debe existir entre los Pueblos del territorio. En el Parlamento de Tapichue (1825), junto con reconocer la autoridad de los Caciques en el Wallmapu, se establecen obligaciones y tareas con la joven república de Chile, la inhabilitación de los tribunales chilenos en territorio mapuche y asistencia para neutralizar las aún activas tropas realistas en el territorio nacional. Ese espíritu de reconocimiento entre pueblos que habitan un mismo territorio se ignoró con la intervención del Ejército de Chile en 1860, inaugurándose así un período de violencia, pillaje, robo de tierras e impunidad que lleva ya 160 años.

La tarea próxima es establecer actores valederos desde ambas partes, asumir las tareas señaladas en el Convenio 169 con la OIT suscrito por el Estado de Chile, restableciendo la Consulta, el catastro de tierras que deberán ser devueltas y la representación de los Pueblos Originarios en la Asamblea Legislativa.

02/03/2021

*Fuente: HéctorVega