Hombres, pro empresa y socios de grandes firmas: el perfil de los abogados que van a integrar la Suprema

Publicado por Interferencia el 22/12/2020

El ministro Hernán Larraín nombrará en estos días a los 12 abogados externos que integrarán la Corte Suprema los próximos tres años. Si el pasado es un indicio, serán varios los que se repetirán el plato.

En los próximos días el ministro de Justicia, Hernán Larraín, decidirá quiénes serán los 12 abogados externos que integrarán la Corte Suprema para el período 2021 a 2023. A diferencia de las nominaciones para ser juez titular del máximo tribunal, que deben contar con la aprobación del Senado, la Corte Suprema elabora 12 ternas (tres candidatos en cada lista) y el gobierno escoge un nombre de cada terna.

El pleno de la corte confeccionó las listas con los 36 abogados a inicios de diciembre y llaman la atención varios rasgos en común que tienen los candidatos. La gran mayoría son hombres (sólo hay cinco candidatas mujeres), prácticamente todos los actuales abogados integrantes de la Suprema están nominados para continuar, predominan los expertos en derecho comercial, muchos tienen o han tenido vínculos laborales con grandes empresas, casi todos hacen docencia universitaria y varios tienen sus propios estudios jurídicos.

Si bien ejercen como jueces, los abogados integrantes no son magistrados propiamente tales. Ello tiene una ventaja muy apetecida por muchos abogados: no tienen impedimento legal para seguir ejerciendo de manera privada.

Claro que ello abre potenciales conflictos de intereses. Cuando en octubre de este año la tercera sala de la Corte Suprema confirmó la fuerte rebaja de multa a Julio Ponce Lerou en el marco del caso SQM, uno de los tres votos a favor fue el del abogado integrante Diego Munita. Este tiene su propio bufete, Munita Luco Abogados, que ofrece asesorías corporativas a la industria minera, entre otras áreas. Por cierto, Munita figura en una de las ternas actuales para continuar en el máximo tribunal.

Los abogados integrantes sólo integran sala cuando faltan uno o dos magistrados titulares, sea por licencia, vacaciones u otros motivos justificados. Sin embargo, en la práctica su presencia es casi constante. Un estudio publicado por Libertad y Desarrollo en enero de este año analizó todas las integraciones que hubo en la Suprema durante 2018. “Los resultados confirman que la Corte Suprema utiliza extensamente la facultad de integrar sus salas con abogados externos”, escribe el autor, el abogado José Miguel Aldunate.

Además de participar de manera activa en la mayoría de los fallos de la Corte Suprema, los abogados integrantes también ejercen un rol influyente a la hora de redactar las sentencias.

En efecto, ese año las distintas salas del máximo tribunal se constituyeron 752 veces, pero en sólo 181 ocasiones  se reunieron los cinco ministros titulares sin ningún abogado integrante, lo que equivale a 24%. El resto de  las veces las salas estaban integradas por un abogado externo (31% del total) o por dos abogados externos (45%). Las salas que más recurrieron a los profesionales externos fueron la tercera, dedicada a temas constitucionales, y la cuarta, especializada en temas laborales y previsionales.

Además de participar de manera activa en la mayoría de los fallos de la Corte Suprema, los abogados integrantes también ejercen un rol influyente a la hora de redactar las sentencias. Un estudio de Sergio Verdugo y Carla Ottone publicado en la Revista Actualidad Jurídica en enero de 2013 arrojó que en casi 70% de los fallos en que participaron abogados integrantes entre 2005 y 2011, las sentencias fueron redactadas por estos profesionales, y no por los jueces titulares.

Por ello, el lobby político, los lazos de amistad y el favoritismo al interior de la Corte Suprema son factores que influyen de manera decisiva a la hora de confeccionar las ternas y de escoger a los 12 elegidos. Y ese es el cuadro que emerge al revisar gran parte de los 36 nominados para ejercer durante tres años la función de abogado integrante. A continuación, INTERFERENCIA repasa alguno de estos nombres.

Y los nominados son…

Pedro Pierry. Fue ministro de la Corte Suprema entre 2006 y 2016, año en que jubiló al cumplir los 75 años. Pero dos años después volvió al tribunal como abogado integrante, función que actualmente cumple. En 2012 se hizo conocido al no inhabilitarse y votar a favor de HidroAysén, pese a contar con más de 100 millones de pesos en acciones de Endesa, que era junto a Colbún dueño del proyecto.

Diego Munita. Es hace cinco años abogado integrante de la tercera sala de la Corte Suprema y fue uno de los tres votos (los otros dos fueron las ministras Ángela Vivanco y María Eugenia Sandoval) que permitieron rebajar la multa a Ponce Lerou (los votos en contra fueron del ministro Sergio Muñoz y del abogado integrante Pedro Pierry). En círculos judiciales se asegura que Gabriel Zaliasnik -abogado del magnate del litio, pero también del presidente Piñera en la querella en su contra del alcalde Daniel Jadue- ha desplegado un intenso lobby en el gobierno para que lo vuelvan a nombrar. Especializado en derecho comercial, Munita es considerado alguien que casi siempre suele fallar a favor de las empresas.

Julio Pallaviccini. Ya lleva tres años como abogado integrante de la Suprema. En 2015 fundó el bufete Pallavicini & Asociados, donde se dedica a mercados regulados, recursos naturales, compliance regulatorio y litigación administrativa y constitucional, según la página Web de ese estudio. Entre 2008 y 2015 fue jefe de la división jurídica de la Contraloría General de la República y actualmente también ejerce como profesor de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

José Gómez Balmaceda. Fue nombrado por primera vez en el primer gobierno de Piñera como abogado integrante en agosto de 2010 para lo que restaba del trienio marzo 2009 a marzo 2012. Se dice que es amigo personal de Hernán Larraín, y que ha sido abogado personal de este en algunas ocasiones.

Ricardo Abuabuad. Es abogado integrante desde 2018. Uno de los fallos más controvertidos en los que participó fue el que dio libertad condicional a cinco reos condenados por delitos de lesa humanidad en agosto de 2018. También ejerce en su propio estudio jurídico, donde se especializa en derecho marítimo, quiebras, derecho corporativo y comercial, y arbitrajes. Fue gerente general de la empresa pública naviera Empremar S.A. entre 1990 y 1995 y vicepresidente del directorio de la Empresa Portuaria San Antonio entre 2014-2018.

Emilio Pfe!er. Es abogado integrante de la Suprema desde 2012. También es socio fundador del bufete Pfe!er & Asociados, que se dedica a litigaciones comerciales, la banca, asesorías tributarias, regulaciones y finanzas. Representó a la cadena Cruz Verde en el caso de colusión de las farmacias y entre sus pares es conocido como un abogado experto en temas mineros. En 2018 fue parte de la quina que el máximo tribunal confeccionó para llenar un cupo en la Suprema, cargo que finalmente obtuvo Ángela Vivanco. En 2008 fundó junto a otros abogados el Diario Constitucional, que actualmente dirige. En el debate sobre el nuevo Código de Aguas ha argumentado a favor de la temporalidad, extinción y caducidad de estos derechos, postura contraria a la de los grandes tenedores de derechos de aguas.

Considerado uno de los abogados más acaudalados del país, tiene varios fundos y un avión privado, según cuentan fuentes judiciales.

Jorge Lagos. Ya lleva una década como abogado integrante de la Corte Suprema, ingresando en 2010. Antes de eso, fue abogado integrante en la Corte de Apelaciones de Santiago. “Después de tantos años algunos abogados integrantes terminan siendo amigos de los ministros”, afirma una fuente conocedora del máximo tribunal. “Eso va en desmedro de nuevas generaciones que postulan”. Lagos es consultor en el bufete de abogados Guerrero & Cia., que se enfoca en derecho corporativo. Este abogado desarrolló gran parte de su carrera profesional en el Banco del Estado entre 1964 y 2002. Hace poco se inhabilitó en un caso de derechos humanos, ya que su hijo está casado con una nieta de Augusto Pinochet, según reveló Ciper.

Leonor Etcheberry. La actual presidenta del Colegio de Abogados busca prolongar su labor como abogada integrante de la Corte Suprema. En 2018 integró la quina para ser ministra titular, la que ganó Ángela Vivanco. Hija del conocido abogado DC Alfredo Etcheberry, participó en 1998 en la ley de filiación que terminó con la figura de los ‘hijos ilegítimos’, y en 2018 falló a favor y redactó la sentencia del máximo tribunal que permite a una persona transgénero cambiar su nombre y sexo registral sin la necesidad de una intervención quirúrgica.

Rafael Gómez Balmaceda. Abogado egresado de la Universidad de Chile en el año 68, es considerado uno de los principales especialistas en derecho comercial del país. Se desempeña actualmente como abogado integrante de la Corte Suprema desde el año 2015, y antes entre 2007 y 2009. También había cumplido el mismo rol pero en la Corte de Apelaciones de Santiago, entre el 2000 y 2006. Cumple labores de arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago y en el Centro Nacional de Arbitraje, además de su labor como académico en la Universidad de Chile. Entre 1984 y 1994 fue Fiscal Nacional de Quiebras, y entre 1995 y 1997 fue fiscal de la Superintendencia de Isapres.

Daniel Peñailillo Arévalo. Abogado de la Universidad de Concepción titulado en 1967, donde actualmente imparte cátedra, además de doctor en derecho por la Universidad Complutense el año 1971. Es abogado integrante de la Corte Suprema desde 2015 a la fecha, cargo que ya había desempeñado en la Corte de Apelaciones de Concepción. Ha hecho clases como profesor invitado en la Universidad de Oxford. Sus libros sobre bienes y obligaciones son lecturas principales en las distintas escuelas de derecho del país.

Ramón Cifuentes Ovalle. Es desde 1990 profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde imparte clases de derecho civil. Defendió al Arzobispado de Santiago en la causa originada por una denuncia de violación en la catedral, la que habría sido cometida por el cura Tito Rivera. La tesis de Cifuentes buscaba demostrar que, existiendo la culpa de Rivera, no se podía determinar cuál era la responsabilidad de la Iglesia en estos hechos. Es uno de los seis socios del bufete Tagle, Cifuentes & Cia., donde se dedica a litigar en asuntos civiles y comerciales. Forma parte de la nómina de árbitros de la Ley de Quiebras.

Raúl Fuentes Mechasqui. Abogado ligado a las finanzas, participó en la fundación del banco BICE en 1978. Durante 40 años se desempeñó en esa entidad bancaria perteneciente al Grupo Matte. También es profesor de derecho comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

*Fuente: Interferencia