Responso a Manuel Alfonso, minero

“Aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era necesario, enfrentando las consecuencias” . . .
(‘Carta de William Shakespeare a un amigo)

“O, fatal piedra!”
(Palabras de Radamès, en el duo ‘O, terra addio”, de ‘Aida’, Giuseppe Verdi)

DÍA DEL MINERO

En 2009 —nadie sabe por qué ese año y no otro— se instituyó el 10 de agosto como ‘Día del Minero’; solamente se conoce que el día fue elegido en atención a que la Iglesia conmemora en esa ocasión el martirio de San Lorenzo, el ‘Lolo’, a quien se atribuye el rol de ‘Patrono de los Mineros’. Un autor indica que ello se debe a que

“[…] desde mediados del siglo XIX y dada la precariedad y el riesgo en las labores de este sector, los trabajadores buscaban amparo en la fe popular, encomendándose al santo católico”[1].

Casualmente, también en agosto se cumplen diez años del memorable rescate de los 33 mineros atrapados en la mina ‘San José’ de Copiapó el 05 de agosto de 2010, suceso notable, maravilloso, pero tan sólo por la ocurrencia del rescate y la protección de la vida de los rescatados; no por las condiciones de trabajo en la minería, que siguen hoy siendo precarias, ni por el rol que cumple la autoridad en ese desempeño que no puede ser más deplorable, hecho que queda de manifiesto en el último Informe de Tendencias del Mercado, de la Comisión Chilena del Cobre COCHILCO, donde puede leerse que

“[…] la producción nacional de cobre mina acumuló a junio del presente año un alza de 2,6%. Esos números azules han sido —literalmente— a costa de sangre, sudor y lágrimas. Al 20 de julio, sólo CODELCO registraba más de 3.400 trabajadores contagiados, entre propios y contratistas. En tanto, las muertes en la estatal a dicha fecha alcanzaban a 9 trabajadores”[2].

No por otro motivo nos ha parecido importante traer a la memoria el recuerdo de otros héroes que, al igual de esos trabajadores, merecen, también, ser recordados en estos días. Porque no solamente hay héroes que entregan su vida por alcanzar sus ideales, sino también aquellos que defendiendo la vida de los suyos se ven obligados a arriesgar la propia en labores tremendamente mal pagadas y de alta peligrosidad. Estos son los héroes anónimos, de quienes nadie se acuerda y cuyos nombres ni siquiera adorna una cruz en los cementerios más humildes. Es el caso de nuestro Manuel Alfonso Martínez Vega.

MANUEL ALFONSO MARTINEZ VEGA

Manuel Alfonso Martínez Vega fue un hombre sencillo; su vida fue igualmente sencilla. Porque la vida de un ser humano dedicada a los suyos y a cumplir su función de efectivo productor de plusvalor siempre lo es; por eso, también, es tan notable Para conocerla, es necesario viajar al norte, a 50 kilómetros de Antofagasta, por la ruta B-400, y tomar el camino que lleva a ‘Distrito Desesperado’. Los nombres que la sabiduría popular emplea para designar aquellos inhóspitos parajes no son una entelequia. Obedecen, siempre, a un acontecimiento ocurrido allí, a un acontecimiento memorable, tremendamente desgraciado, cuyos protagonistas no son sino los seres humanos. También ocurre eso con el lugar denominado ‘Distrito Desesperado’. Pero eso es otra historia en medio de una vastedad cargada de historia.

A cuatro kilómetros del desvío que lleva al mencionado distrito, se encuentra la entrada a la mina ‘Juanita’. Su boca, negra, hambrienta de engullir mineros, se puede observar aún hoy en las fotografías que recuerdan el hecho de encontrarse aún abierta, dispuesta a perseverar en su voracidad. Para extraer el mineral de sus vísceras hay que introducirse en esas fauces terribles, conocer el olor del polvo de la mina y caminar hacia el interior de esa garganta insaciable 300 metros bajo tierra, que equivale a casi tres cuadras de las que se recorren por sobre la superficie. Camino horrendo, cavidad apenas sostenida por vigas atravesadas unas con otras para dar estabilidad a un cerro que amenaza asentarse, nuevamente, para recuperar sus dominios. No hay allí mineral de buena ley ni resulta rentable extraerlo para quien se afana en llegar a rico hurgando las entrañas de la tierra. Pero cuando se pagan sueldos miserables por la extracción del mineral puede la suerte sonreír a quien es dueño de (o arrienda) la respectiva pertenencia minera, sea que se trate de un empresario particular o de una sociedad. No es difícil hacer esos cálculos pues se trata, únicamente, de aumentar la composición orgánica del capital, disminuyendo su factor variable en tanto se mantiene inalterable el constante, operación que se consigue bajando el número de operarios o, bien, haciéndolos trabajar jornadas más extenuantes. En otras palabras, se trata de aumentar el plusvalor absoluto— para evitar la incorporación de tecnología—, que es la forma más bruta de hacerse rico o intentar serlo.

EL ACCIDENTE

En esa mina, la mina ‘Juanita’ —que carecía tanto de una entrada alternativa como de una escala de emergencia—, trabajaba Manuel Alfonso el día 11 de octubre de 2008, junto a otros 17 operarios.

De acuerdo a un acta de difícil lectura que, dos días después de ocurrida la desgracia, levantara una funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de Antofagasta, los hechos sucedieron cuando

“[…] el señor Manuel Martínez Vega se encontraba acuñado (sic!) una labor del nivel 1050 del frente N° 2 de la mina Juanita”.
“El señor Martínez le solicita a su ayudante, Sr. Juan Pastenes Plaza, que le traiga agua, sale el trabajador y al volver se encuentra que en el lugar se produjo un deslizamiento de material estéril, quedando el trabajador Manuel Martínez atrapado, desconociéndose a la fecha su estado”[3].

Puede sorprender la extrema parquedad del acta, su estremecedora brevedad. Pero en el Chile post dictatorial, la burocracia de los institutos armados jamás fue abolida sino, por el contrario, encontró un campo propicio para su desarrollo y mantención. Las desgracias, tratándose de hechos que afectaban a los sectores dominados, no merecían más de dos líneas; más, aún, tratándose de la vida de un minero.

La SEREMI de Salud de Antofagasta, además, no había actuado de manera diferente a como procedían otras Secretarías Regionales que raras veces lo hacían en labores de prevención sino cuando las desgracias tenían lugar. Por consiguiente, tras el accidente se pudo constatar que en la mina no se cumplían los requisitos de higiene y seguridad mínimas a que obliga la ley. Y como no podía sino adoptar medidas —las que fueran—, aunque tardías, decretó aquella Secretaría la

“[…] suspensión de la mina hasta (esperar) informe de levantamiento emitido por SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería)”[4].

No puede sino reconocerse que el SERNAGEOMIN, cuyo director regional era Jorge Guerra, acudió al llamado con prontitud, las brigadas de rescate se movilizaron, hubo maquinaria especial para remover escombros y hasta un grupo de personas expertas ingresaron al pique para concluir, desoladoramente, que nada más se podía hacer. Fueron aquellos los primeros síntomas de lo que vendría más tarde. Pero, al margen de esas desgraciadas y apresuradas conclusiones, hubo otras complicaciones que se hicieron presentes en la tarea del rescate del minero. Nuevos derrumbes taparon las rutas que se habían abierto y la labor de los rescatistas hubo de ser interrumpida. Para colmo, al día siguiente del accidente, el 12 de octubre, la mina ‘San José’ de Tocopilla anunció la ocurrencia de un derrumbe en uno de los socavones, atrapando a dos mineros de esa compañía. Las labores de búsqueda y de rescate se trasladaron a esa región. El número comenzaba a importar. Porque, cuando no hay recursos, se impone la malsana tendencia de seleccionar, de otorgar más importancia a uno que a otro, de ponderar, de calificar los sucesos para, así, elegir, algo que jamás debe llevarse a cabo, tratándose de seres humanos. Porque la vida se mira a través de la economía en donde, constantemente, se está optando para obtener mayores ganancias. En matemáticas, dos son más importantes que uno. Es parte del proceso de acumulación. Es la filosofía tras el acrecentamiento del capital.

SEPULTANDO EN VIDA A UN MINERO POR VÍA ADMINISTRATIVA

Así, no se decidió acudir en auxilio de los tres mineros atrapados en distintas minas y agotar los recursos en esas tareas, sino se privilegió el socorro solamente en favor de Luis Alberto Castillo Rubio, de 37 años, y de Pablo Humberto Astorga Orozco, de 42 años, ambos trabajadores de la mina ‘San José’ de Tocopilla, en detrimento del que debía simultáneamente prestarse a Manuel Alfonso. No fue aquella circunstancia, sin embargo, el único factor que inclinó la balanza en favor de preferir la ayuda a la mina ‘San José’. Pablo Humberto Astorga era hijo del empresario de esa mina. O como lo expresa un periódico de la época:

“Este último es hijo del productor que opera la mina, Artemio Astorga, de 73 años, quien ha trabajado toda su vida en la minería, y que arrienda este yacimiento a la Compañía Minera Tocopilla, dueña de la faena, a la cual se le paga un porcentaje por la extracción de mineral, mientras Astorga opera y contrata a los pirquineros para que la hagan funcionar”.[5]

Un ex funcionario de gobierno explicaría los hechos, más tarde, diciendo:

“Aunque el caso de la mina San José de Tocopilla también era complejo, había bastantes más posibilidades de encontrarlos con vida; de hecho los salvamos tras arriesgarnos a poner cuatro tiros de dinamita para que la tierra corriera y nos permitiera entrar hasta donde estaban refugiados”[6].

Cuando la semana llegó a su fin, se realizó una reunión destinada a analizar la seguridad minera en la mina, actividad en la que participaron representantes de CODELCO, Escondida y Ray Rock para concluir que Manuel Alfonso Martínez Vega

“[…] no tuvo posibilidad alguna de salir con vida del derrumbe”[7].

Hasta ese momento, Gastón Novoa, Secretario Regional Ministerial de Minería, había permanecido mudo, en espera de instrucciones o de mayor información que le permitiera tomar protagonismo en los hechos. Y lo hizo. De la peor manera que pudo proceder una persona con autoridad para hacerlo. En una breve intervención, señaló Novoa, ese día, que el minero había muerto, y que un grupo de expertos de la División El Salvador de CODELCO llegaría en unos días más a rescatar su cuerpo. Nunca dio las razones el SEREMI para arribar a tal conclusión y hasta es posible suponer que se trató de una verdad que le reveló el Espíritu Santo a un alma caritativa como la suya.

BREVE HISTORIA DE LA MINA ‘JUANITA’

A esa fecha, en 2008, se podían contar en la Región de Antofagasta unas quinientas empresas de la pequeña minería, además de otras cien faenas de minería artesanal, según los datos en manos de los organismos públicos. El número de estas empresas había crecido considerablemente luego de la llamada ‘bonanza’ en el precio del cobre, que se produjo en 2006 y no parecía cesar. Una de esas empresas era la mina ‘Juanita’, inscrita al momento de iniciarse sus actividades en 2004, a nombre de la Sociedad Legal Minera «Juanita Uno» del Mineral Desesperado’, luego de ser arrendada a la empresa ‘Proyecta S.A.’

No fue casual todo aquello. A poco de comenzar a funcionar, dos años más tarde, en 2006, la mina debió ser clausurada, por problemas de seguridad. Sin embargo, el empresario responsable de su funcionamiento, Alfredo González Gutiérrez, seguía haciéndola producir —naturalmente, sin los permisos correspondientes— realizando labores de extracción en ella, a través de la contratación de un equipo de chilenos empobrecidos y necesitados de trabajo. La venta del mineral extraído se hacía a la Empresa Nacional de Minería ENAMI, por interpósita personae. De esa manera, se burlaba la ley a través de cumplirse con la misma, porque los contrasentidos se dan en virtud de ese famoso refrán según el cual ‘hecha la ley, hecha la trampa’.

¿Cómo pudo suceder todo ello? Legalmente, por supuesto; no de otra manera. Porque las abominaciones más rentables se realizan al amparo de la ley. Un empresario llamado Mario Carrizo Darlington, tenía bajo su responsabilidad las labores extractivas en la mina ‘Paty’, ubicada en la región. Pero no solamente explotaba a ésta sino, a través de Alfredo González Gutiérrez, lo hacía con la mina ‘Juanita’, para vender todo ese material a la ENAMI. Estas maniobras las conocía el director regional del SERNAGEOMIN, Jorge Guerra, quien, junto con decretar el cierre de la mina ‘Paty’, había ya cursado una multa a Mario Carrizo por maniobras irregulares.

Pero las leyes, decretos y ordenanzas, en el Chile post dictatorial, no eran sino las leyes, decretos y ordenanzas que habían permitido a la dictadura realizar una especie de ‘acumulación originaria’ luego del golpe de Estado de 1973. Para que esa suerte de ‘expropiación originaria’ se realizase a cabalidad era necesario privar de sus propias labores de supervigilancia, precisamente a los organismos de supervigilancia, supuesto que resulta, a primera vista, un contrasentido, pero que, en verdad, no lo es, pues ese concepto puede dejarse reducido a un nivel tan insignificante que lo haga inútil, sin facultades para aplicar fuertes sanciones e incapaz de imponer multas que pudiesen interferir en las labores de los particulares. No olvidemos que la economía impuesta por la dictadura pinochetista, sólo buscaba dejar al ratón al cuidado del queso. Estas reglamentaciones raras veces fueron puestas en tela de juicio por los gobiernos post dictatoriales que vieron en la aplicación de aquellas una ocasión más que propicia para realizar sus particulares negocios[8]. El camino hacia una corrupción generalizada de la sociedad había quedado, de esa manera, pavimentado.

“La mina Paty fue paralizada al momento que se detectó que vendía ilegalmente mineral de otro yacimiento. Pero después esa mina presentó un proyecto nuevo y entró en un plan distinto al que tenía”[9].

Ese año, 2008, según la prensa de la época, ‘un minero’ quedó atrapado en uno de los socavones de la mina ‘Paty’ y la pertenencia fue cerrada por falta de seguridad. Nótese la expresión: ‘un minero’. No una persona, sino un factor de la producción extractiva, sin nombre y apellido que pudiese interesar a la prensa, sin familia, sin nada que no fuese su calidad de productor efectivo de plusvalor.

Manuel Alfonso también era minero. No tendría por qué ser tratado de una manera diferente. Era parte de una faena productiva; era factor de la producción. Como tal, un ser esencialmente fungible. Su rescate era caro. Resultaba más económico olvidarlo. Así, el sol volvió a brillar diariamente sobre el monte asentado bajo el cual yacía el minero; también lo hizo la luna inundando con su fría claridad el cielo del norte. Así, Manuel Alfonso fue sepultado en vida. Su pareja, Rosala, temerosa por su vida y la peligrosidad de la mina, le había preguntado en cierta oportunidad qué haría en caso de derrumbe. Él había sonreído para decirle que no se preocupara pues al interior de la mina había mangas o surcos donde protegerse. Pero olvidó el minero que para eso se necesitaba esperar que alguien, desde el exterior de la mina, velase por un pronto rescate.

Si Manuel Alfonso murió de inmediato, aplastado por los ‘planchones’ que se derrumbaron con el accidente, no lo sabemos; no sabemos si algunas de esas rocas cayeron sobre sus piernas destrozándoselas para obligarlo a permanecer allí, sollozando, doblado de dolor y desangrándose sobre el piso de la mina. Nadie lo sabe. Tampoco si quedó ileso, si buscó protección en alguna de esas providenciales ‘mangas o surcos’ y permaneció allí en una estéril espera de ayuda que jamás iba a llegar. Nadie lo sabe, igualmente. Y si así fue, nadie escuchó sus gritos de desesperación, en el socavón, a medida que el oxígeno le fue siendo cada vez más escaso. Veo su rostro, en la fotografía del excelente reportaje que hiciera Cristóbal Peña, e imagino sus lágrimas de impotencia, sus lágrimas de hombre noble, en la oscuridad de la mina, abriendo surcos en su rostro cubierto de polvo, cuando se dio cuenta que nadie llegaría en su ayuda. Imagino sus sentimientos de desesperación pensando en la precaria situación que dejaría a Rosala Thomson, con quien convivía hacía ya muchos años, sola con su hija, abandonada a la suerte. O si, aun, una semana después del accidente, todavía con vida, agotado, permanecía doblado sobre sí mismo, esperando que alguien lo arrancase del vientre de la tierra. Nadie se estremeció pensando en el espantoso destino de ese hermano nuestro caído como un guerrero en lucha por la vida, no en tiempos de guerra sino, paradojalmente, en época de paz.

LA VIDA SIN MANUEL ALFONSO

Hoy, doce años más tarde, sabemos que de él solamente deben quedar, aun, en ese socavón, sus huesos y los harapos de sus ropas —pues ‘el grupo de expertos de la filial El Salvador de CODELCO’ que llegaría a rescatar su cuerpo, prometido por el SEREMI de Minería Gastón Novoa, jamás lo hizo—. Nadie se preocupó de su familia ni de sus restos. Solamente dos años después de acontecido el hecho, Ingrid Alday, hija de quien fuera su pareja, reveló que tanto su madre como Manuel habían contraído deudas que, sola, debió solventar Rosala.

“Mi mamá no recibió finiquito, indemnización ni nada. Pero a estas alturas lo que más nos interesa es que lo rescaten para tener paz y poder sepultarlo como se debe”[10].

Tampoco eso se ha logrado. Por el contrario. La Fiscalía de Antofagasta había entregado el conocimiento del caso a la fiscal Ximena Torres, quien la archivó provisionalmente el 1 de febrero de 2009 sin establecer responsabilidades penales ni, menos, dictar condena alguna contra el empresario responsable de la tragedia. Tampoco se le quiso entregar información a la familia, representada, para esos efectos, por Ingrid Alday. Al periodista de CIPER que realizó la investigación del hecho (en 2010), el fiscal jefe de Antofagasta, en ese entonces Cristian Aguilar, se limitó a decirle por escrito que la causa fue archivada

“[…] luego de realizadas diversas diligencias, como órdenes de investigar, toma de declaraciones, informes periciales y comunicaciones con el Sernageomin regional, no lográndose hasta la fecha el rescate del cuerpo del sr. Martínez Vega, pese a la solicitud despachada en su momento por la fiscalía de efectuar el mismo a esta última institución, sin resultado favorable”[11].

La Dirección Regional del Trabajo aplicó al empresario Alfredo González Gutiérrez una multa de 50 UTM por incumplir cuatro aspectos de la normativa laboral, entre ellas una relacionada con la seguridad de los operarios. Fue, igualmente, multado con 100 UTM por la SEREMI de Salud de Antofagasta, tras comprobarse que había trasgredido siete normas, entre ellas el hecho de que

“[…] no cuenta con procedimiento de trabajo seguro para la labor que se está ejecutando”[12].

Pero, como todo infractor de normas y frenético devorador de plusvalor, González Gutiérrez negó las acusaciones, defendiéndose con increíbles argumentos:

“Para iniciar las actividades de pequeño minero, y luego de una exhaustiva evaluación del terreno donde iba a trabajar, me decidí invertir en el levantamiento para ejecutar las obras de la mina de nombre de fantasía ‘Juanita’, lo que hice con mucho celo y profesionalismo, invirtiendo todo mi capital en esta nueva etapa de mi vida, objetivo que fui cumpliendo cuando fue tomando forma el campamento, lo que me tenía demasiado ilusionado. Pero todo se vino al suelo cuando ocurrió el lamentable accidente ya conocido por todos nosotros, lo que me llevó a una pérdida económica tremenda (…) Ante la multa que me fue impuesta no podría pagarla jamás, ya que hasta la fecha no he percibido dinero. Me tiene toda la situación actual que atravieso en la quiebra económica”.

En junio de 2009, menos de un año después de que ‘un minero’ quedara atrapado en una explotación que operaba ilegalmente, el mismo director del SERNAGEOMIN, Jorge Guerra, que cursó las sanciones, autorizó nuevamente el funcionamiento de la mina ‘Paty’. La resolución N° 245/2009, firmada por esa autoridad, autoriza al empresario Alfredo González Gutiérrez a explotar un yacimiento con un potencial de 1.500 toneladas de cobre al mes, que debería ser vendido a la ENAMI.

Agosto de 2020

Notas:

[1] Ballesteros, Miguel: “Día del minero en pandemia: el costo humano en pro del aumento productivo”, ‘El Desconcierto’, 10 de agosto de 2020.

[2] Ballesteros, Miguel: Trabajo citado en (1). Con negrita en el original.

[3] Peña, Cristóbal: “El drama del minero sepultado hace dos años en un pique”, CIPER, 23 de septiembre de 2010.

[4] Peña, Cristóbal: Art. citado en (3).

[5] Álvarez, Roberto: “SERNAGEOMIN cierra en forma indefinida mina donde quedaron atrapados pirquineros”, ‘La Tercera’, 16 de octubre de 2008.

[6] Peña, Cristóbal: Art. citado en (3).

[7] Peña, Cristóbal: Art. citado en (3).

[8] Véase, al respecto, nuestro trabajo ‘In memoriam’, dedicado a recordar la figura de Rodrigo Ambrosio, en donde narramos cómo la oposición se preparaba, desde la época misma de la dictadura, a usar en su propio beneficio, la normatividad emanada de aquella.

[9] Peña, Cristóbal: Art. citado en (3).

[10] Peña, Cristóbal: Art. citado en (3).

[11] Peña, Cristóbal: Art. citado en (3).

[12] Peña, Cristóbal: Art. citado en (3).