Los 2.500 presos de la revuelta en Chile de los que no se habla

En entrevista con Sputnik, el abogado Nicolás Toro sostiene que los delitos por los cuales se los acusan «no tendrían prisión preventiva en otro contexto», pero ahora mantienen a más de 2.000 chilenos en las cárceles, según el INDH. A su juicio, no se veía una medida así «desde tiempos de la dictadura». «Parece ser más un instrumento de represión política destinada a contener todo tipo de disidencia o protesta», evalúa.
«El uso desproporcionado de la prisión preventiva es persecución política», resalta Toro, en representando la Coordinadora 18 de octubre, agrupación de familias y amigos de los manifestantes presos.
Son 2.500 personas en prisión preventiva a nivel nacional, hombres y mujeres —ellas en menor cantidad—, la mayoría jóvenes que actualmente se encuentran en las cárceles juntos a presos comunes. Entre ellos muchos menores de edad que están recluidos en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Personas que en el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus se encuentran desamparadas por un Estado que mantienen cárceles hacinadas y con mala higiene, caldo de cultivo para la propagación de la pandemia.
Lo que lo hace más grave es que muchas de ellas podrían estar en sus casas, haciendo cuarentena con otras medidas cautelares, puesto que las condenas a las que se exponen serían menores al tiempo que ya llevan en prisión preventiva.
«En otro contexto las medidas cautelares de los actuales imputados e imputadas serían menos gravosas que la prisión preventiva. Antes de la promulgación de la ‘ley antisaqueos y barricadas’, los delitos eran desórdenes públicos y cumplían con el proceso penal en libertad con firma, arraigo nacional o arresto domiciliario parcial o total», señala a Sputnik la abogada defensora Yanira González.
Y agrega: «Hoy la aberración es tal, que chicos que sólo protestaban, que jamás han tenido contacto con el mundo carcelario, hoy se encuentran presos con todo lo que significa, en el contexto de alarma sanitaria y sumado al supuesto motín e intento de fuga en Santiago 1 —recinto penitenciario en donde la mayoría de los imputados del estallido social en Santiago se encuentran en prisión preventiva—, la situación es muy grave y su integridad física y psíquica están en serio riesgo. El arresto domiciliario total y más en este contexto de las medidas contra el COVID-19, cumple perfectamente la finalidad del proceso penal».
El estallido social en Chile y la prisión política
Una realidad invisibilizada por los medios de comunicación masivos, soslayada por los organismos de derechos humanos, y que posee detractores y adherentes al tratarse en muchas ocasiones de casos de acción directa vinculados al uso de bombas molotov o levantamiento de barricadas, que se producen en el contexto del estallido social.
Fiscales y jueces de garantía han solicitado e impuesto masivas medidas cautelares contra los detenidos de la revuelta social iniciada en octubre en Chile, las que suman más 25.000, entre ellas las prisiones preventivas.
Varios profesionales ligados a los derechos humanos advierten que estas medidas se están utilizando para criminalizar y castigar la protesta, pero por sobre todo para intimidar a quienes se manifiestan contra el gobierno y el sistema político económico.
Para Toro no hay duda de que los detenidos en las manifestaciones «son presos políticos, en primer término, porque generan acciones de rechazo al modelo neoliberal y que a raíz de lo mismo sufren la prisión. Me refiero a todas las personas que por ejemplo están en prisión preventiva por la ley de control de armas, incendio o distintos disturbios, barricadas, distintas cosas que implican acciones directas contra el modelo».
Y continúa: «En segundo término, se puede dar una mirada desde las leyes que se les aplican. Hay quienes se les ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado, una ley absolutamente política, que surgió el año 58 como respuesta a la rebelión del 57 en el gobierno de Ibáñez (Carlos Ibáñez presidencia entre 1952-1958), también una revuelta social que se inició por el alza del pasaje, y en este caso derivó en un Estado de Sitio y con militares en la calle».
Hasta el momento ya existen 45 personas formalizadas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado, 17 de las cuales están en prisión. A lo que se suma la reciente invocación por parte del ministerio del Interior de esta ley en 16 querellas contra los jóvenes dirigentes de ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) por el boicot a PSU, además de la presentada contra el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jaime Castillo Petruzzi, por las palabras pronunciadas en un lanzamiento de un libro de la Coordinadora Arauco Malleco.
Para el abogado penalista Julio Cortés, hay conciencia por parte de la autoridad respecto del carácter político de las acciones de los manifestantes en el contexto de la revuelta, pero intenta encubrirlo con la aplicación de leyes comunes y catalogando a los infractores como delincuentes.
«Respecto de otros delitos ‘subversivos’ como el uso de artefactos incendiarios y atentados a la autoridad no cabe mucha duda sobre el carácter político de las acciones, aunque el Estado oculta la evidente justificación política de su represión en base a la Ley de Control de Armas y Explosivos. Más oculta queda aún la motivación política cuando los hechos se catalogan como delitos de incendio», explica a Sputnik el abogado penalista Julio Cortés.
Y añade «un elemento adicional a destacar es que la calificación del carácter político de una acción —y de la represión que ella desata— debe tener en cuenta el contexto de ocurrencia y la percepción de la misma por parte de sus protagonistas».
Para Cortés, quien lo explica bien es el historiador Furio Jesi, quien señala que «‘la revuelta es una batalla en la que se elige participar deliberadamente'», y «‘la mayor parte de aquellos que participan en una revuelta eligen comprometer su propia individualidad en una acción cuyas consecuencias no pueden conocer ni prever'».
Esto bien lo sabe Muriel Torres Bolivar, pareja y cuñada respectivamente de los hermanos Christian y Rodrigo Sanhueza, acusados de fabricación de armamento incendiario, detenidos en la cárcel Santiago 1.
Muriel, quien fue detenida junto a sus familiares, dialogó con Sputnik: «Para mí, entender lo que es una medida cautelar es de ahora, porque antes yo no tenía idea de esta jerga como penal».
Para Muriel estas medidas «son muy abusivas, son muy extremas», y considera que son formas de represión «para que tengamos miedo, para que no salgamos porque no puede ser que mi pareja, mi cuñado, la mayoría de los chicos no tiene antecedentes previos, son estudiantes, son trabajadores, tienen familia estable y aun así los tienen apresados con estas medidas cautelares que son superrepresivas».
Hiram Villagra, abogado de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), quien habló en una mesa de prensa, explicó que el delito político es definido por dos criterios, uno objetivo, el bien jurídico que ataca; y subjetivo: la finalidad que se comete.
En este caso para el profesional la finalidad con que actúan los jóvenes que han sido presos durante las movilizaciones, es política «de reclamo social de protesta y de lucha».
Para Villagra resulta paradójico que las personas que son acusadas de saqueo quedan más rápido en libertad, «porque se detiene solo por un delito en contra de la propiedad», a diferencia de «las personas que se encuentran construyendo barricadas, que son considerados un peligro por la seguridad del Estado. Son presos que están detenidos por su actuar político frente al sistema y en ese sentido son presos políticos», aclaró.
¿Por qué arrestan a los manifestantes en Chile?
Otro antecedente para los abogados que defienden a los presos políticos es que varios fueron seguidos y detenidos por el departamente OS9 de Carabineros, unidad especial de investigación destinada a combatir organizaciones criminales.
Este fue el caso de los hermanos Christian y Rodrigo Sanhueza Zúñiga, quienes fueron detenidos por esta unidad mientras regresaban a su casa, tras participar el día 3 de enero en una movilización que se realizaba en la rebautizada Plaza de la Dignidad.
«Nosotros antes íbamos a las marchas todos los viernes, todos los viernes íbamos sagrado, íbamos un grupo grande, diez, quince siempre muchos, y ese día por casualidad todo se desarmó y quedamos solo los tres. Estábamos los tres en Plaza Dignidad, estábamos ahí en Bastamente, vimos que se estaba quemando la iglesia de Carabineros y caminamos hacia la iglesia para ver lo que estaba pasando», relata a Sputnik Muriel, pareja de Christian Sanhueza.
«Ese día había unos papeles de colores en la Alameda, estaba bien bonito y vimos que se estaba quemando la iglesia. Después empezó la represión, nos fuimos para atrás, estuvimos un rato, saltando, gritando y nos fuimos. Yo siempre iba en auto porque yo después del trabajo me iba para allá», recuerda Muriel
Y agrega: «Cuando nos fuimos, íbamos por la calle Portugal con Porvenir, esperando el semáforo, y de 4, 5 autos que estaban alrededor de nosotros se bajan civiles con pistola, con chalecos antibalas. Yo pensé que era un asalto, porque decía: ‘¡Arriba las manos!, ¡arriba las manos!’ Y yo no entendía, de verdad no entendía. ¿Qué pasa?, no entiendo llévate el auto, llévatelo, les decía, basta, tranquilo».
Fue en ese momento que Muriel Torres frente a la insistencia de la policía de que levantara las manos, y tras perder de vista a su pareja y cuñado, se da vuelta y ve que a ambos les están poniendo las esposas. Ella no pudo distinguir si eran Carabineros (policía uniformada) o policía de investigaciones hasta el momento de llegar al cuartel.
«Nos llevaron a todos en distintos autos hacia la comisaría, la 33 y ahí supe que era el OS9 el que nos estaba apresando, y a mí no me dieron información hasta que llegaron mis suegros y ahí les dijeron ‘tus hijos querían matar a los ‘pacos’, querían matar a los polis, y yo no entendía qué pasó», recuerda Muriel, quien fue puesta en libertad esa misma noche.
Según consta en el expediente los tres jóvenes no fueron informados de los motivos de su detención. Una vez en la unidad policial y tras varias horas supieron que los dos hermanos eran acusados por fabricación de armamento incendiario, siendo procesados por la ley de control de armas.
Desde ese momento la familia de ambos jóvenes incluida Muriel ha tenido enormes consecuencias, que efectivamente no podían prever como explicó Jesi.
«Ha sido terrible porque te cambia todo, todo. O sea, todo, desde la semana. Desde que los lunes a la encomienda (comida y materiales de aseo que se le entra a los presos), las visitas de los jueves. Que la plata ya no va toda destinada a otras cosas, para las cosas de los chiquillos, para gastar en ir a la cárcel, entonces, económicamente es un gasto muy grande. Emocionalmente es terrible, porque, bueno yo perdí a mi pareja y a mi cuñado, pero mi suegra está perdiendo dos hijos».
Una manifestante encarcelada, la única en Santiago
Quizás uno de los casos más dramáticos, entre los miles de detenidos, es el de la joven Paula Cisternas Armijo, la única mujer que se encuentra recluida en Santiago a causa del estallido social. Tiene 22 años de edad, estaba a punto de titularse como técnico en veterinaria, feminista y vegana, fue detenida el día 16 de diciembre de 2019 en un enorme y excesivo operativo.
Varios furgones policiales y más de 50 policías se utilizaron solo para detenerla a la joven en la vía pública, momento en que cambió su vida por completo.
«Mucha angustia, al ser la única imputada por causas del estallido, las presas tienen sus códigos y formas que yo no conozco y comparto. Aun así, unas pocas presas me ayudan a entender este mundo y poder sobrellevarlo, sin enloquecer», relata Paula a través de un testimonio escrito enviado a Sputnik.
La orden de detención fue expedida por el 8° juzgado de garantía, siendo culpada, junto con su pareja, de incendiar una sucursal del Banco Estado, el día 6 de noviembre de 2019, en el contexto de las manifestaciones y de una marcha que se dirigía en dirección a un centro comercial en la comuna de Providencia.
Un caso que no ha estado fuera de la polémica, porque la investigación fue realizada por la PDI (policía civil), sustentada principalmente en cámaras de vigilancia existentes en el banco y los locales aledaño, versión cuestionada por la defensa de Paula.
«El incendio jamás se consumó, solo fue una llamarada que en segundos se extinguió, sin generar daños de magnitud, y las fotos y videos que se mostraron en la audiencia de formalización fueron editados, de tal manera, que el fuego perdurará más tiempo y su imagen resaltará. Aún más, la fiscalía no contaba con informe pericial que acreditara el incendio en la sucursal, la decisión del juzgado fue ordenar la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva, la que la tiene, sin antecedentes previos, 4 meses privada de libertad», denuncia González.
Estos meses de detención para Paula Cisternas no solo la han afectado profundamente a ella sino a toda su familia. «Siento que ha sido perder tiempo valioso de mi vida, mi familia está destrozada, hace completadas para juntar dinero y mis amistades anteriores no están. Sin embargo, han llegado a mi vida pocas pero buenas personas, que me están ayudando a sobrellevar todo lo que implica estar presa: encomiendas, visitas, y muchas cosas más».
La joven se siente una «presa de la revuelta», que esta prisionera por participar en la movilizaciones del estallido, «creo que las injusticias que nos rodean hacen urgente moverse y contribuir para que las cosas cambien y la desigualdad y los abusos terminen ya!».
Señala que no lamenta haber participado a pesar de lo que tenido que pasar en estos meses. «No me arrepiento, hay que protestar. Sin embargo, dentro de este lugar uno se cuestiona todo, aun así, sigo creyendo que hay que luchar por que acaben las injusticias y me manifestaría, pero de otro modo», reflexiona.
La Justicia es ciega
Si para los abogados de derechos humanos ya resulta grave que cerca de 2.500 personas partícipes de la revuelta social se encuentren en prisión preventiva, esto empeora cuando, en plena crisis sanitaria de COVID-19, se les mantiene detenidas, pudiendo estar con otras medidas cautelares que no expongan su salud física y mental.
Situación que en su opinión es peor aún, ya que se sigue aplicando esta gravosa disposición cautelar, como en el caso de los 44 detenidos de la llamada primera línea, a quienes la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la libertad y decretó la prisión preventiva el 13 de marzo recién pasado. Medida que ratifica el trasfondo ideológico que existe, puesto que en este caso la mayoría están procesado por desórdenes públicos, que tiene una pena de 61 días de prisión.
«Evidentemente las cifras hablan de una prisión política, una prisión política extendida en este contexto, es decir con un gran número de personas, y extendida también en el tiempo, porque durante el inicio del estallido no ha parado, todas las semanas van cayendo detenidos y detenidas», concluye Toro.
Una medida que paradojalmente contrasta con lo que sucede con quienes han cometido violaciones a los derechos humanos, como son los emblemáticos casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes perdieron la vista total por la acción represiva de la policía, y donde no ningún funcionario procesado, ni con alguna medida cautelar.
Este artículo fue publicado originalmente en Sputnik News
*Fuente: Interferencia