A 10 años del terremoto y tsunami del 27/02/2010. Recuerdos y reflexiones desde Concepción, región del Bío-Bío

Durante el año 2008, en la región del Bío-Bío, funcionó el comité científico técnico que se ocupaba de los temas vinculados a la planificación territorial con enfoque de riesgos de desastres y uso de geotecnologías y en particular Sistemas de Información Geográfica. Participaban de él académicos de la Universidad de Concepción, representantes del sector público y el Observatorio Geodésico Integrado Transportable (TIGO) de Alemania. Realizamos notables y recordados seminarios donde exponían expertos locales y extranjeros, incorporamos los riesgos de desastres en la Estrategia Regional de Desarrollo 2008-2015, cursos varios, etc. Y nos madrugó el terremoto 8.8 Richter con tsunami el 27 de febrero de 2010.
Parte de ese equipo de trabajo de manera autoconvocada y voluntaria constituyó el Centro de Información Territorial de la Defensa Nacional para la Región del Bío-Bío que sumó a más de 30 voluntarios y voluntarias que durante un mes realizó un trabajo inédito, de calidad y que significó un aporte para el alto mando de las fuerzas de la defensa a cargo del estado de excepción constitucional y luego para las autoridades de gobierno cuya coalición debutaba en el poder. Tuvimos el aporte de la Agencia Espacial Europea que liberó imágenes de mucha utilidad y funcionamos primero en el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército y luego en la sede de la YMCA. 30 terminales SIG, más de 1.000 mapas y reportes diarios fueron parte de las tareas del centro de información. El Diario el Sur lo registró de esta manera: http://diarioelsur.cl/base_elsur/site/artic/20100321/pags/20100321003000.html

Esta experiencia nunca se sistematizó, a excepción de un seminario en la UdeC el año 2010 y un curso el año 2018 en Arica para comunidades aymaras que realizamos junto a Jorge Henríquez director de la ONEMI para el 27/F. Una década después, la reflexión principal es cómo servimos al país a través de la autoconvocatoria de ciudadananos /as que se enfocan en un objetivo común -que aunque de alta complejidad técnica- se consigue en un tiempo muy breve y con resultados inmediatos. Esta labor, que no era posible realizarla al Estado u otras instituciones, fue asumida por la ciudadanía autoconvocada que desinteresadamente aportó sus capacidades. Esta alianza ciudadanía, Estado y FFAA es un ejemplo de servicio al país sin esperar ninguna retribución, es decir, cuando es necesario e imprescindible movilizarse, se logra.
Esa fragilidad o vacío en la gestión del riesgo no ha variado mucho, seguimos como país sin tener una ley de riesgos de desastres, ya había un proyecto antes del 27/F en el congreso que todavía no ve la luz. La red sismológica que desde 2008 contaba con financiamiento sigue siendo incompleta y sin acceso fácil para la educación e información ciudadana, lo mismo ocurre con la data del satélite chileno, la red de vigilancia volcánica es discreta y poco densa, etc., etc. La apuesta no ha sido por la prevención y la educación, más bien se trabaja en mejorar la capacidad de respuesta, incentivos económicos, operación de los seguros y reforzar la economía que subyace a los desastres (un ejemplo; aún no se termina el puente sobre el rio Bío-Bío). Ha predominado la tradición de la “protección civil” con un enfoque militar, la oficina de emergencias es dirigida por ex militares y mantiene su accionar reactivo.
Luego del 27/F conocimos de mega incendios como los de Valparaíso y Santa Olga, las inundaciones y aluviones de Chañaral y Copiapó, Terremoto de Vallenar, las erupciones volcánicas de Villarrica, etc., etc.
El informe Riesgo Mundial 2018 (https://www.welthungerhilfe.org/) sitúa a Chile en el lugar 28 de 172 países más vulnerables a los riesgos de desastres. Nos ubicamos en décimo lugar de los países más afectados por el cambio climático de todo el planeta (https://germanwatch.org/de). El índice de desigualdad de Gini nos pone como el séptimo país más desigual del mundo (http://documentos.bancomundial.org/curated/es/242251476706821424/pdf/109215-REVISED-PUB-PUBLIC.pdf). Chile es el único país del orbe donde el agua es privada y registra el terremoto más grande de la historia que se haya medido, el Terremoto de Valdivia de 1960 con 9.5 Richter.
Además del asombro y la natural vergüenza al re-leer sólo algunas las cifras que de tanto en tanto repiten organismos internacionales a modo de alertas, constatamos que ellas son consecuencia lógica del modelo desarrollo chileno que hoy está en una crisis como nunca antes.
La imposibilidad «del mercado» de dar respuesta a las pensiones, la educación, la salud, la seguridad, etc. también lo es con los riesgos de desastres de origen natural o antrópico. Una sociedad fundada en el lucro donde la usura, la explotación de las personas y los recursos naturales es su forma de operar privilegiada no puede poner el foco en el individuo y su bienestar.
Una década después el sexto terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad asistimos a un «terremoto social» que comenzó en octubre de 2019 y continua a la fecha con protestas que se atisba serán tan o más grandes que las vividas en la primavera pasada. Habrá que esperar cuando recordemos los aluviones de Copiapó y Chañaral ocurridos en marzo de 2015 como avanza el «terremoto social» autoconvocado.
El autor, Jaime Soto Acuña es sociólogo. En el año 2008 fue Jefe de Planificación del Gobierno Regional del Bío-Bío. Durante marzo de 2010 participó del Centro de Información Territorial de la Defensa Nacional para la Región del Bío-Bío.