Argentina: “Las calles mendocinas mostraron la potencia de la sociedad en movimiento”

Con el repudio generado por la votación de la modificación de la Ley 7722 en Mendoza y el retroceso del gobierno tomó mayor notoriedad la lucha contra la megaminería. ¿Cuál es la situación actual en Argentina en cuanto al grado de desarrollo de esta actividad (y daño ambiental que genera) y qué puede pasar de ahora en más?
Desde hace más de tres lustros que en Argentina hay una gran resistencia a la megaminería. Por esa razón la minería avanzó en algunas provincias, pero en otras no, gracias a las movilizaciones sociales. Avanzó en Catamarca, San Juan, Santa Cruz, Salta y Jujuy [ver anexo al final]. Pero son 7 las provincias donde existe una legislación que prohíbe la megaminería: Chubut, Mendoza, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego. Tengamos en cuenta que las luchas socioambientales contra la megaminería arrancaron en Esquel, en 2003, de donde proviene la ley más antigua (la ley 5001) y el formato más asambleario que tomaron las luchas. En 2010 se sancionó la ley de glaciares, que es la única ley protectora a nivel nacional, que prohíbe la minería y la explotación petrolera en zona de glaciares y ambiente periglaciar. En dos provincias se derogó la ley (La Rioja y Rio Negro), pero no se avanzó en proyectos mineros. En realidad, en Río Negro está el proyecto de Calcatreu, en fase de exploración, que tiene en alerta a las asambleas ambientalistas, sobre todo en este contexto de embestida de las mineras.
No se olviden que en 2012 asistimos a la pueblada de Famatina, en La Rioja, que tuvo impacto nacional, y durante todo ese año se expandieron las luchas en Catamarca, donde está la Alumbrera, que tiene un historial muy negro de contaminación. En Neuquén, hubo un plebiscito que prohibió la megaminería en la localidad de Loncopué, un pueblo precordillerano donde hay comunidades mapuches.
En 2015 se dio a conocer el primer derrame de la mina Veladero en la “provincia-modelo”, San Juan, explotada por la Barrick Gold. Hubo dos derrames más y está probado que además de haber contaminado 5 ríos, Veladero afectó a los glaciares. Así que hay un historial muy rico en las luchas socioambientales contra la megaminería.
Sin embargo, los embates por abrir la megaminería sobre todo en Mendoza y Chubut han sido constantes y se tornaron más virulentos en los últimos años, al calor del macrismo, que buscó expandir las fronteras de explotación. Las asambleas siempre han estado muy alerta.
Lo que sucedió este diciembre de 2019 en Mendoza es un nuevo punto de inflexión. Hubo otras puebladas, como la de Famatina, en 2012; otras movilizaciones masivas, como la de Gualeguaychú, entre 2003 y 2007, pero nunca habíamos asistido al levantamiento de una provincia entera que salió a las calles, en defensa del agua, una problemática muy instalada en una provincia con escasez hídrica y algunos oasis.
Porque lo de Mendoza es algo más que un movimiento social; es la potencia de la sociedad en movimiento. Esto es algo novedoso; ocurre como con las movilizaciones de mujeres contra el patriarcado y en favor del aborto legal. Aquí asistimos a la sociedad en movimiento, que ante la imposición de la clase política (Cambiemos y Frente de todos), decidió tomar a su cargo la defensa de un bien común, cuestionando de lleno la territorialidad extractivista y colocando en el centro otras formas de valoración, en relación al cuidado del agua.
La lucha mendocina reimpulsa las movilizaciones en Chubut, que es una provincia acosada de modo recurrente por las mineras, que buscan abrir la meseta a la explotación de plomo y plata, además del uranio.
Ojalá estas movilizaciones se multipliquen y marquen un parteaguas, en un país que continúa siendo un laboratorio a cielo abierto, mientras los gobernantes hablan con liviandad del cambio climático. Siempre les digo, la crisis climática no es solo una narrativa global: si la aterrizamos en el territorio, tiene que ver con el extractivismo, esto es, con la quema de combustibles fósiles, con la deforestación, con la generación de pasivos ambientales, con la contaminación de las aguas, entre otros. Tiene que ver con el fracking, con el agronegocios, con la megaminería, con los polos industriales de contaminación…
¿Cómo ves la situación en los países vecinos de América Latina, especialmente Chile, Bolivia y Brasil?
Desde hace años, con otros colegas de la región latinoamericana, en el marco del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo (Alberto Acosta, Edgardo Lander, Esperanza Martínez, entre otrxs), y acá en argentina con Enrique Viale, Marcelo Giraud, Horacio Machado, Lucrecia Wagner, venimos acompañando luchas y señalando que el neoextractivismo agrava las crisis en los territorios.
En Chile es la crisis hídrica, debido a la consecuencia de la minería y la privatización del agua; en Brasil y Bolivia es la expansión de la frontera del agronegocios y la ganadería para la exportación, que explica gran parte de los incendios en la Amazonía.
En realidad, lo que hemos visto en toda la región latinoamericana las últimas dos décadas es que el capital extractivo, en connivencia con los gobiernos, avanzó sobre otras formas de habitar el territorio, criminalizando comunidades y resistencias, destruyendo la biodiversidad y contaminando toda forma de vida. Los pueblos indígenas son los más perjudicados. América Latina es la región del mundo donde se asesinan más activistas ambientales (el 60 % del total a nivel mundial en 2016 y 2017 [1] y donde el proceso de concentración de la tierra es mayor, pues éste se agravó, en favor de las grandes corporaciones.
El extractivismo: ¿es un modelo, una decisión pragmática, parte de un proyecto? ¿Cuáles son sus características y cómo se define?¿Y el neoextractivismo?
El extractivismo recorre la memoria larga del continente y sus luchas, define un patrón de acumulación colonial, asociado al nacimiento del capitalismo moderno. Pero su actualización en el siglo XXI, trae aparejadas nuevas dimensiones, a diferentes niveles: globales (transición hegemónica, expansión de la frontera de commodities, agotamiento de los bienes naturales no renovables, crisis socioecológica de alcance planetario); regionales y nacionales (relación entre el modelo extractivo-exportador, el Estado-nación y la captación de renta extraordinaria), territoriales (ocupación intensiva del territorio, luchas eco-territoriales con participación de diferentes actores colectivos); en fin políticas (emergencia de una nueva gramática política contestataria, aumento de la violencia estatal y paraestatal).
El neoextractivismo contemporáneo puede ser caracterizado como un modelo de desarrollo insustentable basado en la sobre-explotación de bienes naturales, cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos desde el punto de vista del capital. El mismo se caracteriza por la orientación a la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), así como productos ligados al nuevo paradigma agrario (soja, palma africana, caña de azúcar). Definido de este modo, el neoextractivismo designa algo más que las actividades consideradas tradicionalmente como extractivas, pues incluye desde la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, hasta la expansión de diferentes formas de monocultivos o monoproducción, a través de la generalización del modelo de agronegocios, la sobreexplotación pesquera o los monocultivos forestales.
El método del fracking para la explotación petrolera ¿es comparable al de la megaminería?
Sí, ciertamente. Esta técnica muy riesgosa consiste en la inyección a altas presiones de agua, arena y productos químicos a las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos, con el objetivo de incrementar la permeabilidad y, con ello, de mejorar la extracción de los mismos. Pero hay que entender el fracking de modo más general, en el marco de la ampliación de la frontera tecnológica, que permitió buscar otras formas de yacimiento de hidrocarburos, los denominados no convencionales, de extracción técnicamente más difícil, económicamente más costosa y con mayores riesgos de contaminación. Esto es lo que llamamos “energías extremas”, siguiendo la definición del Observatorio Petrolero sur. Este concepto se refiere no solo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales.
Por ejemplo, en la actualidad, en la cuenca neuquina se produce un promedio de dos derrames por día. Uno de los derrames más impactantes fue el que se produjo en octubre de 2018 en Bandurria Sur (a 11 kilómetros de Añelo), que afectó entre 40 y 80 hectáreas, el cual estuvo 36 horas fuera de control y no fue informado por la empresa sino por los trabajadores. También en Allen, Río Negro, donde el fracking avanza entre plantaciones de peras y manzanas, entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce accidentes, entre explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, y derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras.
Junto con el aumento de la tasa de accidentes ambientales y laborales, una de las mayores preocupaciones es el incremento de la sismicidad, que afecta a la localidad de Sauzal Bonito, en Neuquén. Esto sucede en todos lados. No por casualidad la moratoria (suspensión) más reciente del fracking, la de Inglaterra, se vincula con el aumento de la sismicidad.
Por último, el nuevo ministro del ambiente, Juan Cabandié debería tomar nota de que Vaca Muerta es considerada también una potencial bomba de carbono. El fracking requiere mayor consumo de energía e incluso un mayor volumen de venteo o quema de gas durante la fase de terminación del pozo. Tanto el shale gas como el tight gas generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero que el convencional durante su etapa de producción.
Muchas veces se usa el argumento -esgrimido por igual por neoliberales y “progresistas”- de que los países periféricos no tienen otra alternativa para “desarrollarse”…
Ahí hay varias cuestiones. Lo primero, es que todavía existe en los sectores dominantes una resistencia a pensar las economías latinoamericanas o periféricas por fuera de un modelo productivista y exportador. Predomina una mirada lineal que minimiza los impactos ambientales y socioterritoriales, exagerando las ganancias económicas y la creación de empleo. Hay mucho engaño, muchos mitos, por no decir terrorismo estadístico, cuyo propósito es hacerles aceptar a las comunidades un destino extractivista. Por otro lado, hay alternativas productivas que proponen superar el neoextractivismo, que no son consideradas ni debatidas, aunque nadie dice que será fácil hacer la transición. Se requiere abandonar la mentalidad colonial que nos convierte en meras economías adaptativas o países exportadores de naturaleza y al mismo tiempo una gran imaginación y coraje político, que vuelque la atención hacia el interior de los territorios. ¡Vean lo que pasa en Argentina con la expansión de la agroecología en los últimos 5 años! Es algo realmente increíble que en el país de la soja, la agroecología avance tan rápidamente mostrando que es posible otra forma de cultivar la tierra y producir sano. Y en no pocos casos avanza con el apoyo de los municipios, como en San Antonio de Areco…
Señalaste en su momento que “a mayor extractivismo, menor democracia”. Con lo que vimos en Mendoza en estos días, parecería irrefutable. Pero más en general: ¿Para vos cómo es esa relación?
El neoextractivismo es una ventana privilegiada para realizar una lectura en términos de crisis de la democracia, esto es, de la relación entre régimen político, democracia y respeto de los derechos humanos. Sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado o aún con ella, la tendencia actual es la manipulación de las formas de participación popular, con el objeto de controlar las decisiones colectivas. Por otro lado, el aumento de la violencia estatal y paraestatal abre la pregunta sobre los vínculos siempre tensos entre extractivismo y derechos humanos. La ecuación perversa entre “a más extractivismo, menos democracia” muestra el peligroso desliz hacia el cierre político, vista la creciente criminalización de las protestas socioambientales y el ya aludido incremento del asesinato de activistas ambientales en todo el mundo, muy particularmente en América Latina.
Lo novedoso es que al calor de las luchas, se vienen afirmando otros lenguajes de valoración del territorio, otros modos de construcción del vínculo con la naturaleza, otras narrativas de la madre tierra, pero también otras formas de participación democrática. Estos lenguajes se nutren de diferentes matrices político-ideológicas, de perspectivas anticapitalistas, ecologistas e indianistas, feministas y antipatriarcales, que provienen del heterogéneo mundo de las clases subalternas, y recorren el campo de las ciencias humanas y sociales, el de las ciencias de la tierra, incluso el campo del arte, asociadas a las vanguardias estéticas. Estos lenguajes construidos desde abajo constituyen los puntos de partida ineludibles en el proceso de construcción de una convivialidad democrática, de otros modos de habitar la tierra.
¿Algo más que quieras agregar?
Quisiera agregar algo más sobre lo ocurrido en Mendoza. En estos días en que las calles mendocinas rebasaron y mostraron la potencia de la sociedad en movimiento, los teléfonos ardieron y muchxs amigxs progresistas estuvieron apoyando y moviendo hilos. Y eso nos llena de alegría.
A lxs amigxs progresistas, a aquellos que todavía no se han sumado a esta lucha con quienes queremos seguir manteniendo un puente, un diálogo abierto, les decimos que se sumen a esta lucha por la vida, por la defensa de los territorios, que no toleren ni avalen que su gobierno pacte con el capital extractivo.
Ya no es posible mantener como punto ciego las problemáticas ambientales en un país donde se hace fracking, donde se fumiga glifosato a gran escala, donde arrasa la megaminería. Así que a enfrentar con orgullo el 2020 y al gran pueblo mendocinx, ¡salud!

Anexo

Información aportada por Marian Sola Álvarez
Los informes del Ministerio de Energía y Minería (2016) señalan que son 435 los prospectos mineros existentes, encontrándose la mayoría de ellos (82 %) en la etapa inicial del ciclo minero. Según el documento oficial, el 9.5 % de los proyectos se ubica en las fases de factibilidad y operación, y son alrededor de 20 los proyectos en estado de exploración avanzada.
Los principales proyectos de minería metalífera a cielo abierto en funcionamiento son alrededor de 10, entre estos se encuentran [2]:
a) los proyectos que inauguraron la megaminería en el país, Minera Bajo la Alumbrera (1997- Catamarca), Cerro Vanguardia (1998- Santa Cruz) y Veladero (2005- San Juan);
b) los proyectos que fueron reconvertidos a la modalidad cielo abierto y a gran escala, Mina Aguilar y Mina Pirquitas, en la provincia de Jujuy. Estos proyectos datan de los años ´30, pero en la primera década del 2000 fueron adquiridos por empresas mineras canadienses para prolongar su explotación;
c) los proyectos mineros que se expandieron a partir del año 2005, en algunos casos, estos proyectos combinan técnicas de explotación a cielo abierto con técnicas subterráneas, tal es el caso de Casposo y Gualcamayo, ambos situados en la provincia de San Juan.
Principales proyectos de minería metalífera en funcionamiento en Argentina [3]

Según un informe de la Subsecretaría de Planificación Económica (2016), en el año 2014, el 50 % del valor de la actividad minera fue aportado por los metales [4]; entre ellos, solo cuatro concentran el 46 % del valor de la minería nacional: oro, cobre, plata y molibdeno. En términos de volumen, el cobre es el mineral más extraído, siendo Minera Alumbrera la empresa que mayor tonelaje aporta. No obstante, el oro fue ganando participación en la última década, desplazando al cobre del primer lugar. En gran medida esto se relaciona con la actividad del proyecto Veladero, que en el año 2017 extrajo aproximadamente el doble de oro que los proyectos Cerro Negro, Cerro Vanguardia y Alumbrera (Ministerio de Energía y Minería, 2017). Argentina se inserta en la cadena global como proveedora de mineral en bruto, con escaso nivel de procesamiento. De esta forma, el mineral de cobre, oro y plata extraído en el país es enviado al mercado externo en forma de concentrado o metal doré para su posterior refinación e industrialización.