El próximo 12 de enero se cumplirá el décimo aniversario del fallecimiento de la destacada abogada chilena Andrea Loi. Ella fue una de las numerosas víctimas del terrible terremoto que asoló a Haití en esa fecha; y su deceso ocurrió en pleno ejercicio de su notable labor de apoyo internacional a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hacía años que trabajaba en el marco de las misiones de paz que desarrolla Naciones Unidas en países convulsionados por conflictos internos y donde se producen graves violaciones de derechos humanos. Incluso había estado en misión en Abjasia, una región de Georgia que se separó de hecho de aquel país europeo, con el reconocimiento de Rusia y de algunos otros Estados, y que vivió épocas muy críticas a comienzos de los 2000.
Pero sin duda su mayor dedicación la tuvo en Haití, con varias estadías en dicho país en el marco de la ONU. Fue allí, cuando trabajando en las oficinas centrales en Puerto Príncipe, en un edificio que había sido previamente un hotel, aquel se desplomó cobrando numerosas vidas, entre ellas la de Andrea. Tuve la suerte de conocerla y de poder valorar sus profundos sentimientos humanitarios; amén de su simpatía, inteligencia y excelencia profesional. Más dolorosa fue su partida siendo tan temprana, a sus 44 años. Entre otras funciones, recuerdo particularmente que ella trabajó mucho tiempo en la capacitación en derechos humanos de la policía haitiana, labor crucial para esperar una evolución positiva del respeto de los derechos fundamentales de la población.
Notablemente, el decenio de su temprana partida coincide con la revelación de graves violaciones de los derechos de la mujer y de las niñas cometidas a lo largo de varios años por militares miembros de la “Misión de la ONU para la Estabilización de Haití” (Minustah). Ellas consistieron en centenares de estupros, efectuados a cambio de alimentos o pagos para haitianas muy pobres y que dejaron multitud de embarazos y niños abandonados. E involucran particularmente a militares brasileños, uruguayos y chilenos; de acuerdo a un estudio académico dirigido por Sabine Lee (Universidad de Birmingham) y Susan Bartels (Universidad de Queen, en Canadá), y cuya reseña fue publicada por “The Washington Post” y “The New York Times”.
En concreto, los casos de niños generados por estupros cometidos por militares chilenos serían 20, lo que todavía no es posible de confirmar dado que faltan los análisis de ADN correspondientes, los que –de acuerdo al informe- ¡habrían sido negados por la propia ONU! No hay duda que Andrea Loi sería hoy la primera en movilizarse para aclarar este escándalo que compromete el honor de la misma ONU; y de las instituciones armadas y de los países involucrados; entre ellos, obviamente, el del Ejército chileno y de nuestro propio país. Andrea, por su compromiso con los derechos humanos y como mujer, tenía una especial sensibilidad por las violaciones y abusos cometidos en contra de mujeres, niñas y niños.
Esperemos que las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos se movilicen como corresponde a un caso de esta gravedad. Y que también lo hagan los gobiernos y parlamentos del mundo; particularmente los que tienen nacionales implicados en estos delitos, incluyendo –por cierto- los de nuestro país. Es digno de encomio, en este sentido, la iniciativa ya expresada por el diputado Jaime Naranjo de solicitar la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para abordar esta materia. Y dada la vergonzosa actitud que ha tenido –de acuerdo al informe- la propia ONU, sería fundamental que nuestro gobierno, parlamento, fuerzas políticas y ONG de derechos humanos le soliciten también a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que haga que la organización mundial enmiende aquella aberrante conducta y, no solo permita, sino que encabece una acuciosa investigación en la materia y persiga todos los eventuales delitos cometidos. Con ello, además de cumplir con nuestro deber, estaríamos honrando especialmente la memoria de Andrea.
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