23 abril, 2019
La Cancillería emitió una declaración anunciando que el Gobierno de Chile junto a sus similares de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay expresaron sus “inquietudes en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos” y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que respete la autonomía de los países en la promoción y protección de derechos sin invadir las competencias de los Estados.
La declaración de la Cancillería provocó inmediatas críticas y dudas. El expresidente del Senado, el socialista Carlos Montes, expresó su “rechazo al cuestionamiento que la Cancillería y el ministerio de Justicia hacen al sistema interamericano de derechos humanos, se retrocede cuestionando el carácter universal de los derechos humanos y se restringe el alcance de la aplicación de los instrumentos del sistema interamericano”.
En este sentido, Montes hizo un llamado al “Gobierno a corregir este grave error, seguir las opciones de (Jair) Bolsonaro no es propio de nuestra historia y principios”.
Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutiérrez apuntó a la filiación política de los países firmantes, todos con gobiernos de derecha, señalando que “la nota enviada a @CIDH y @CorteIDH por países de PROSUR es el mayor vejamen que se puede cometer contra los DDHH de los habitantes de América Latina, es dejarnos a merced de las violaciones de DDHH”.
El senador PPD Ricardo Lagos Weber se sumó a las críticas y señaló que “esto es un tercer ejemplo del llamado multilateralismo a la carta del Gobierno del Presidente Piñera en política exterior”.
“Elige aquellas cosas que le gustan como el comercio y el TPP, y rechaza aquellas cosas que dice relación con el medio ambiente, los derechos humanos de los inmigrantes y los derechos humanos en la región de América Latina”, acusó.
En tanto, la diputada comunista Carmen Hertz consideró como un “escándalo” que el Gobierno cuestione el sistema internacional de protección de los DD.HH.
“Es lamentable que el Gobierno de Chile, junto con gobiernos de la extrema derecha de la región, se dirijan a un organismo fiscalizador del sistema de Derechos Humanos a nivel regional, para que no limiten el ejercicio de autonomía de los estados. Realmente la política exterior de Chile está sufriendo un vuelco, porque nosotros desde que comenzó la democracia hemos siempre reforzado los espacios multilaterales y los organismos fiscalizadores, tanto del sistema universal como del sistema interamericano de DD.HH.”, sostuvo la integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos de la Cámara.
En algunas organizaciones, la maniobra de la Cancillería también provoca resquemores. Para el presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, es fundamental que Cancillería transparente el contenido de la nota enviada a la CIDH y los alcances de ésta.
“Es fundamental conocer el contenido de la nota enviada a la CIDH por sobre este comunicado, ya que no podemos permitir una relativización a la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos. En ese sentido, es urgente que el canciller explique las intenciones que tiene el Gobierno y que motivaron el envío de esta nota”, dijo Pi.
De todos modos, la CIDH se lo tomó con diplomacia, y reaccionó señalando que “valora la postura constructiva de los Estados”. Anunció además que examinará el tema durante sus próximas sesiones.
El contenido de la misiva
Según informó este martes la Cancillería chilena, los representantes de los cinco países sudamericanos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) le entregaron el 11 de marzo pasado una nota al secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.
En la misiva, subrayaron la “importancia crítica” del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema interamericano, indicó la Cancillería chilena.
Este principio, señaló la nota enviada a Abrão, exige que tanto los Estados como los órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región “sin invadir las esferas de competencia de cada uno”.
Desde esta perspectiva, los cinco países consideran que gozan de un “razonable margen de autonomía” para asegurar los derechos y garantías y plantean que este margen debe ser “respetado” por las instituciones del sistema interamericano.
La nota hace hincapié en la necesidad de que tanto la CIDH como la CorteIDH “apliquen de forma estricta las fuentes de derecho internacional” en la resolución de los casos que analizan o juzgan.
También enfatiza la “importancia del debido conocimiento y consideración de las realidades” de los Estados por parte del sistema interamericano y la necesidad de que las formas de reparación guarden una “debida proporcionalidad” y respeten los “ordenamientos constitucionales y jurídicos” de los países.
Asimismo, formulan recomendaciones a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para mejorar su actividad.
*Fuente: El Mostrador
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