La declaración de la Cancillería, en conjunto con los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, provocó inmediatas críticas y dudas. La diputada comunista Carmen Hertz consideró como un “escándalo” que el Gobierno cuestione el sistema internacional de protección de los DD.HH., mientras el expresidente del Senado, Carlos Montes, advirtió que “seguir las opciones de Bolsonaro no es propio de nuestra historia y principios”.