Felipe VI en Marruecos: los clamorosos silencios del lobby promarroquí

Con motivo de la reciente visita de los reyes de España a Marruecos, el diario El País publicó el 12 de febrero pasado un artículo de opinión firmado por María Teresa Fernández de la Vega, en su condición de presidenta del Consejo de Estado, titulado “Marruecos y España, unidos en la diversidad”. Formaba parte de un amplio dispositivo propagandístico ideado para complacer al régimen alauita y publicitar las presuntas razones del viaje que emprendían – ¡por fin! – los monarcas españoles al país vecino, después de varias intentonas fallidas (léase “desplantes” de Mohamed VI). En dicho dispositivo publicitario participaban, en diversos medios de comunicación, otros destacados miembros del lobby promarroquí: José Luis Rodríguez Zapatero, en su condición de expresidente del Gobierno, en el diario La Razón; Ana Palacio, exministra de Exteriores y también ‘miembra’ del Consejo de Estado, en El Mundo; Amirah Fernández, investigador del Real Instituto Elcano, en El País; Josep Borrell, actual ministro de Exteriores, a través de declaraciones a diversos medios; o Luis Planas, exembajador en Marruecos, ministro de Agricultura y conspicuo lobbista merecidamente condecorado por Marruecos -como también lo fuera el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos– con el Gran Cordón de la Orden del Wissam al Alaoui, por los servicios prestados, como siempre entre bambalinas…

El artículo publicado en El País subrayaba –al igual que los publicados en otros medios- la importancia ‘estratégica’ de Marruecos y los intereses mutuos; cantaba las excelencias del vecino alauita y, sobre todo, las inmejorables oportunidades para los buenos negocios…; destacaba el “momento particularmente dulce” que atraviesan las relaciones comerciales bilaterales y señalaba que va en interés de todos “cuidar el excelente trato político y comercial” para así poder “seguir trabajando en beneficio de la paz, el progreso y la democracia”. En opinión de la firmante, el ‘estratégico’ viaje de los Reyes servía, también, para que las dos Casas Reales “forjen sus relaciones personales”, que –siempre en su opinión- hermanan a sus pueblos, como puede hacerlo también el fútbol con la candidatura conjunta para el Mundial de 2030, sugerida por el  presidente Pedro Sánchez en su anterior visita a Mohamed VI.

Rebosante de jabón, lisonjas y florituras, el mencionado artículo eludía y silenciaba  –al gusto de Rabat- una cuestión crucial, no solo en la relación de España con Marruecos sino también en el terreno de las relaciones internacionales, el derecho internacional y la justicia universal, y que se pretende ocultar a los lectores y al mundo: la invasión y ocupación militar del territorio saharaui por el ejército marroquí, 43 años de ignominia colonial, la pertinaz represión del ocupante, la sistemática expulsión del Sáhara Occidental de eurodiputados, juristas, observadores, periodistas y estudiantes para impedirles constatar la realidad; la culpabilidad de los gobernantes españoles, la traición de los ‘socialistas’, el abandono de los principios anticolonialistas, el permanente chantaje alauita, la impune violación de la legalidad internacional por un régimen al que se le siguen vendiendo armas con las que se reprime al pueblo saharaui,… y la ejemplar resistencia de un pueblo que lucha pacíficamente por el respeto de los derechos humanos, por su legítimo derecho a su propia tierra, a sus recursos naturales, a su propia vida en paz y libertad, y que ha sido capaz de construir su propio Estado, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), de cuya proclamación (Bir Lehlu, 27 de febrero de 1976) se cumplen ahora 43 años, con el reconocimiento de más de ochenta países, a pesar de tantas maniobras rastreras en su contra. En resumen, un panegírico falaz y una operación propagandística de un cualificado elenco de aduladores entusiastas del régimen alauita, que silenciaba también la gran deuda de la Monarquía española con el pueblo saharaui y que pretendía vendernos la burra de un Marruecos inocente y sus excelsas relaciones con España.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado reiteradamente que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos, conforme al estatus de territorio no autónomo –pendiente de descolonización- establecido por la ONU. A pesar de ello, el lobby promarroquí también ha trabajado denodadamente en las instituciones de la Europa comunitaria, con el inestimable apoyo de los funcionarios españoles, llevando a cabo oscuras maniobras para que prosiga el latrocinio de los recursos nacionales saharauis y la violación del derecho internacional, como señalan los propios eurodiputados. ¿No decía el Sr. Felipe González Márquez que en el Sáhara Occidental no había riqueza ni actividad económica alguna? A un expresidente del Gobierno se le supone suficientemente informado, por lo que tales manifestaciones solo pueden calificarse de mentiras o cinismo. O ambas cosas a la vez.

El panegírico de la Sra. Presidenta del Consejo de Estado oculta deliberadamente la verdad, tratando de blanquear así el crimen colonialista de Marruecos, como quiere el Majzén y como se viene haciendo desde que se diera la orden de “encapsular el tema del Sáhara Occidental”. Y ahora, ya no sólo impiden hablar del Sáhara Occidental en el Congreso de los Diputados, ¡en nuestro propio país!, por pavor al rey marroquí, sino que, además, deportan y entregan al enemigo a quienes huyen del régimen alauita perseguidos por el mero hecho de ser saharauis. Un ‘encomiable trabajo’ conjunto de los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores (‘Asuntos Marroquíes”) que ha sido inmediatamente denunciado ante la Comisión Europea por la eurodiputada de Izquierda Unida (IU) Marina Albiol.

Que hayan tenido que ser nada menos que la presidenta del Consejo de Estado de España, el expresidente del Gobierno y también consejero estatal, Sr. Rodríguez Zapatero, y la no menos consejera ‘binacional’, Sra. Ana Palacio, los principales encargados visibles de poner alfombra roja a la fanfarria real alauita, puede dar una idea de hasta dónde han llegado el poder y los manejos del lobby promarroquí  y en qué opacas y sumisas tareas anda metido el susodicho Consejo de Estado, que todos sufragamos. Si el Departamento español de Exteriores es conocido despectivamente como ‘Ministerio de Asuntos Marroquíes’, nada de extraño tiene que también el Consejo de Estado se dedique, en sus ratos libres, a hacer lobby en beneficio de la monarquía alauita y en contra del pueblo del Sáhara Occidental, en coherencia con los “intereses estratégicos” clarificados por la señora Fernández de la Vega y sus compañeros del lobby.

Respecto a la afirmación de la presidenta del Consejo de Estado de que “las relaciones políticas [España-Marruecos] han estado siempre muy cuidadas”, mediante “una política de Estado que protege la estabilidad de nuestra relación”, lo cierto es que lo que realmente protegen esas “muy cuidadas” relaciones políticas es la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, la impunidad frente al genocidio del pueblo saharaui (con napalm, fósforo blanco, bombas de fragmentación y ametrallamiento aéreo), la violación del IV Convenio de Ginebra, de las resoluciones de NN.UU, de la jurisprudencia de la UE, de la legalidad internacional. Y todo eso, en última instancia, sí que genera inestabilidad, inseguridad, desafección, odio y descrédito institucional. Como también es cierto que esas relaciones y esa política han sido de subordinación y sumisión de España a las exigencias del Majzén (“la otra rendición de Breda”): primero, se vendió al pueblo saharaui mediante los ilegales e ilegítimos “Acuerdos Tripartitos de Madrid” y, después, se le intenta utilizar descaradamente como moneda de cambio, para hacer buenos negocios, tapar las vergüenzas y humillaciones de los gobernantes españoles y procurar superar los chantajes alauitas. En cambio, lo que sí debiera ser una honesta ‘política de Estado’ es la definitiva, y de una vez por todas, descolonización del Sáhara Occidental -vergüenza pendiente de nuestra inacabada Transición-, que España, como potencia responsable de iure, debiera liderar, en lugar de mirar para otro lado como si nada hubiera sucedido.

Por su parte, la también muy influyente lobista, consejera estatal y ¡simultáneamente! también consejera de la empresa pública marroquí de fosfatos, OCP, Ana Palacio, parece haber abjurado hoy de su firme posición de antaño: “El Sáhara no es moneda de cambio. Nuestra postura sobre el Sáhara está fundada en muchísimas cosas, pero desde luego en ningún caso será moneda de cambio para mejorar nuestras relaciones con Marruecos” (El País, 26/09/2002). La carne es débil y el bolsillo también, pero  el Sáhara Occidental y el Pueblo Saharaui no tienen por qué ser moneda de cambio de las intrigas y traiciones de nadie; y mucho menos para calmar las ambiciones expansionistas de la monarquía alauita.

Al rey marroquí –que siempre quiere más y más ‘pasta’ de la UE- le sobran dineros, palacios, lujos, propiedades y viajes de placer, que muy bien podría dedicar a mejorar la vida de su pueblo, en lugar de pedir dinero y chantajear al vecino y a Europa con el terrorismo, el narcotráfico y las pateras. Y lo mismo cabe decir del ingente gasto militar y de seguridad, y de la montaña de prebendas utilizadas para mantener la ocupación militar de la mayor parte del Sáhara Occidental usurpado, mientras un 91 por ciento de los jóvenes marroquíes  manifiestan su deseo de abandonar su propio país, aunque sea jugándose la vida en patera (digital marroquí LesEco.ma).

Lo dice muy claro Ignacio Cembrero (elconfidencial.com): «Ese pavor a indisponer a Marruecos explica, entre otras muchas cosas, la doble vara de medir del Ejecutivo socialista, y también del PP, en relación a su defensa de los derechos humanos más allá de las fronteras de España. Hasta el 20 de enero el número de presos políticos, cerca de 500, según dos ONG locales, era muy superior en Marruecos al de Venezuela —273 según el Foro Penal Venezolano—. La gran mayoría de los marroquíes encarcelados no son islamistas, sino jóvenes activistas rifeños víctimas de la represión que padece la región desde mayo de 2017.» “Desde 2014, la inmigración, los problemas de Ceuta y Melilla y la fluidez de la relación política al más alto nivel han ido a peor,…—la económica va viento en popa—“. “La mayoría relativa (un 22%) de los [inmigrantes] que llegan por mar son marroquíes, muchos de ellos jóvenes rifeños. Algunos cuentan al desembarcar a la policía que no tuvieron ningún impedimento para zarpar de la costa del Rif, como si las autoridades de Rabat les quisieran facilitar la salida para rebajar así la presión social dentro del país.” “El 80% [de los menores no acompañados, MENA] son marroquíes que no pueden ser repatriados por la falta de colaboración de Rabat.” “Atenazado por la inmigración y la necesidad de contar con Marruecos en la lucha antiterrorista, el Gobierno español ha multiplicado los gestos hacia el vecino del sur. Se ha batido el cobre en Bruselas para conseguir los 140 millones de euros en ayudas o para que los nuevos acuerdos de asociación y pesca entre la UE y Marruecos incluyan al Sáhara Occidental. Gilles Devers, el abogado francés del Frente Polisario, ya ha anunciado que recurrirá los nuevos acuerdos y, según fuentes jurídicas, tiene todas las de ganar.”

Ese testimonio de un muy acreditado profesional de la información –y hay multitud de tales testimonios- desautoriza de plano las aduladoras lisonjas de los panegiristas del lobby, que no dicen ni una sola palabra de todo lo anterior, lo ocultan, silencian, mienten, intoxican o simplemente desinforman. Como ha señalado Javier Cercas en otro contexto (“El triunfo de los mentirosos”), hay que denunciar una y otra vez las mentiras y los silencios cómplices, la manipulación mediática e institucional, la ocultación interesada de la verdad; en nuestro caso, la responsabilidad de España y Marruecos en la tragedia saharaui. Sería inútil pedir a los cualificados miembros del lobby que no nos vendan las pretendidas bondades de Marruecos ni los suculentos negocios basados en ‘intereses mutuos’; pero ya que no tienen capacidad moral para defender los legítimos derechos del pueblo saharaui, al menos podrían limitarse a describir simplemente la realidad, no a ocultarla o tergiversarla. En palabras del senador Pablo Rodríguez Cejas: “no es admisible que las relaciones de España con Marruecos sean un pretexto para encubrir y silenciar una situación de injusticia, de ocupación por la fuerza, de intransigencia e impunidad por parte de Marruecos, que incumple sistemáticamente las normas básicas del derecho internacional”.

Fútbol y elecciones

Marruecos no puede ser admitido por la FIFA como país candidato para el Mundial de Fútbol 2030. El Mundial es un importante evento deportivo que representa un reconocimiento internacional y un honor –además de cuantiosos beneficios económicos- para el país finalmente designado. Ni Marruecos lo merece ni el mundo puede permitirlo. Marruecos debe ser excluido de ese honor y esos beneficios mientras sea un Estado gamberro que viola impunemente los derechos humanos y la legalidad internacional, persiste en la ocupación manu militari del Sáhara Occidental y en la represión del Pueblo Saharaui, mantiene en condiciones infrahumanas a los presos políticos, chantajea a los gobiernos europeos, impide el acceso al territorio no autónomo del Sáhara Occidental y, en definitiva, constituye un serio obstáculo para la paz en la región.

Quienes promuevan, permitan o autoricen, en su caso, la inmerecida candidatura de Marruecos, serían cómplices de la ilegal e ilegítima ocupación del Sáhara Occidental condenada por la comunidad internacional, de los crímenes que se perpetran cotidianamente por causa de dicha ocupación, y de obstaculizar una verdadera solución a la ilegal ocupación marroquí del territorio saharaui, la última colonia en África. Adicionalmente, aceptar arteramente la candidatura de Marruecos para ese evento deportivo, en su actual condición de potencia ocupante del Sáhara Occidental, podría suponer el desprestigio de la FIFA (respaldando la violación de la legalidad internacional por parte de Marruecos) y el boicot y una campaña mundial de protestas, como ya sucedió con el boicot internacional a la celebración del Mundial 1978 en Argentina bajo la dictadura de los generales, hoy juzgados y condenados.

Hay que seguir trabajando cada día en apoyo de la causa saharaui. Estamos ahora a las puertas de las elecciones generales en España, el 28 de abril; y de las autonómicas, locales y al Parlamento Europeo, el 26 de mayo. Podemos contribuir a solucionar el ‘conflicto saharaui’ votando a aquellos partidos y formaciones políticas que han demostrado su apoyo a la justa causa del pueblo saharaui y a su derecho a la autodeterminación, incluida la opción de la independencia, y que así lo lleven en sus respectivos programas electorales. De esta manera podremos aunar esfuerzos con nuestros representantes electos y reclamarles que cumplan y trabajen por lo que han prometido a sus electores: ¡Justicia y Libertad para el Pueblo Saharaui!

–El autor, Luis Portillo Pasqual del Riquelme, es Doctor en Ciencias Económicas, exprofesor de Estructura Económica Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid