Al parecer Marruecos manda en la política de exteriores española. Prohíben a parlamentarios europeos reunirse en el Congreso para debatir sobre el Sáhara

El Ministerio de Exteriores, del que es titular Josep Borrell, emitió el pasado 25 de octubre un informe desfavorable sobre la celebración en el Congreso de un debate sobre el Sáhara al considerar que podría perjudicar las relaciones de España con Marruecos. Se trataba de un acto de la coordinadora del intergrupo por el Sáhara Occidental al que tenía previsto acudir diputados nacionales de diferentes grupos parlamentarios (Unidos Podemos, Ciudadanos o Mixto), diputados autonómicos y extranjeros de diferentes países de Europa y el Norte de África.

La importancia de las relaciones con Marruecos, según sostiene el informe al que ha tenido acceso este diario, haría que “cualquier acción por parte de poderes públicos conducente a respaldar las reivindicaciones de la RASD o del Frente Polisario puede tener efectos inmediatos en las relaciones bilaterales con el consecuente impacto en el interés general”.

Este informe negativo de Exteriores, en el que se basa otro posterior de Relaciones Internacionales de la Cámara, ha llevado a que PP y PSOE vetasen este martes en la Mesa del Congreso la celebración de dicha reunión, mientras que Unidos Podemos y Ciudadanos votaron a favor de que se celebrase. Desde la formación naranja, insisten en que apoyan el acto del Sáhara en el Congreso pero se han mostrado de acuerdo en que se haya pedido un informe a Relaciones Internacionales de la Cámara.

Desde Unidos Podemos han sido más beligerantes al considerar esta decisión una “violación de los derechos fundamentales”, según ha criticado el diputado Sergio Pascual. Este ha recordado que se trata de un acto “que pudo hacerse sin obstáculos en Asamblea nacional Francesa el pasado 22 de junio” y al que estaban invitados 65 parlamentarios autonómicos y más de un centenar de europarlamentarios.

El texto también hace hincapié para justificar su negativa en el “compromiso de España con el principio de integridad territorial como vector esencial del orden internacional”. A pesar de reconocer que “el caso del Sáhara Occidental no puede ser equiparado ni política ni jurídicamente con el de otros territorios que aspiran a un pleno reconocimiento como Estados independientes, un reconocimiento por parte de España a la RASD como sujeto de pleno derecho dentro de la comunidad internacional podría ser interpretado como una incoherencia o una ambigüedad en la posición de España en esta cuestión”.

Todos estos factores explicarían, según sostiene el informe que replica Relaciones Internacionales de la Cámara baja, que España haya colaborado con Marruecos “en cuestiones como la aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de febrero, que deja sin aplicación el acuerdo pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos en lo referido a capturas practicadas en aguas correspondientes al Sáhara Occidental”.

La posición oficial que España ha expresado públicamente es que apoya “una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea libre determinación del pueblo saharaui” en el marco de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.