La nueva estrategia que impulsa EEUU para derribar al Gobierno de Nicolás Maduro pasa por la creación de un ‘Estado paralelo’ apoyado por el Grupo de Lima, afirmando la ilegitimidad del Gobierno y reconociendo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente legítimo, para allanar el camino de medidas desestabilizadoras.
Una organización de venezolanos ‘exiliados’ en Miami, creada por el teniente coronel José Antonio Colina, involucrado en atentados terroristas en Caracas en 2003, pidió el pasado 15 de enero al presidente de la Asamblea Nacional que, como ‘presidente’ de Venezuela «designe una junta directiva de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en EEUU». La empresa es una de las principales fuentes de divisas de Venezuela y, si consiguieran su objetivo, que pasa necesariamente por la aprobación de Washington, sería un avance importante en la asfixia económica del Gobierno de Maduro.
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Citgo Petroleum Corporation es una refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos de propiedad del Estado de Venezuela y filial de PDVSA en Estados Unidos. Su sede está en Houston (Texas) y es la principal filial fuera del país. Fue propiedad de Occidental Petroleum y luego de la Corporación Southland, hasta que en 1990 fue completamente adquirida por Venezuela.
Citgo tiene en la actualidad tres refinerías en EEUU, 48 terminales de almacenamiento y distribución con unas 6.000 estaciones de servicio. Tiene capacidad para procesar 749.000 barriles de crudo al día, lo que la sitúa como la sexta empresa del sector en EEUU. Durante el Gobierno de Hugo Chávez, a partir de 2005 y hasta 2013, alrededor de dos millones de estadounidenses en 25 estados recibieron el equivalente a 860 millones de litros de gasóleo por un valor de 465 millones de dólares de la petrolera Citgo, en un programa de ayudas sociales que se materializó luego de los huracanes Rita y Katrina en colaboración con la organización Citizens Energy Corporation.
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En agosto de 2018, un juez federal de EEUU autorizó a la canadiense Cristallex International Corporation, una compañía minera extinta, a apoderarse de acciones de PDV Holding, una de las sociedades que posee Citgo, por derechos mineros perdidos en territorio venezolano. Caracas consiguió evitar que la minera canadiense se hiciera con Citgo al abonar los 1.200 millones de dólares que reclamaba.
La empresa es la principal fuente de dinero fresco y está en la mira de la Casa Blanca. Por un lado, Venezuela tiene acreedores que podrían seguir el ejemplo e interponer juicios para cobrarse lo adeudado con Citgo. Por otro, ahora la comunidad internacional amenaza con reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo, que podría tomar decisiones sobre la empresa.La presión contra Venezuela se está incrementando de forma exponencial. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, integrada por ‘chavistas críticos’ que en otros momentos se posicionó contra algunas decisiones de Maduro, libró un documento en el que denuncia que EEUU y sus aliados como el Grupo de Lima y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pretendan «imponer la tesis del ‘Estado fallido’ al demostrarse, según ellos, la ‘ilegitimidad de origen’ del presidente, para luego justificar su intervención en Venezuela, siguiendo la ruta de la creación de un ‘Estado paralelo’, como hicieron en Libia».
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Recuerdan que el secretario general de la OEA, el vocero más conspicuo de Trump, participó directamente en la campaña electoral llamando a no votar en las pasadas elecciones «con el fin de desconocer su mandato y proclamar el ‘vacío de poder’ a fin de darle ‘legitimidad’ a un Gobierno paralelo impuesto por EEUU».
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La ofensiva en curso no solo se apoya en el Grupo de Lima, creado a instancias de EEUU al amparo del giro a la derecha en la región con el ascenso de los Gobiernos de Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque, sino también en la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoritaria y en el ‘Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio’, apoyado por EEUU.
Este TSJ consta de 33 magistrados juramentados en julio de 2017 por la Asamblea Nacional durante la crisis generada por las protestas de la oposición, cuyos miembros residen en Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos.
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Este ‘Estado paralelo’, al que parece estar apostando la estrategia de EEUU, puede derivar en un conflicto interno de hondas consecuencias para Venezuela y la región. El Grupo de Lima obedece a la hoja de ruta trazada por EEUU, que hace aparecer a estos gobiernos como la ‘comunidad internacional’ que busca estrangular al Gobierno venezolano para, como señala la Plataforma, «colocarlo frente al dilema de negociar su rendición o enfrentar la ofensiva final de la alianza EEUU-UE-Grupo de Lima en marcha».
Según este análisis, una de las posibilidades es promover una ‘intervención humanitaria’ como la que la OTAN encabezó en Libia, que se puede articular con la escenificación de la disputa territorial por el Esequibo, la zona en conflicto con Guyana cuya soberanía es reclamada por Venezuela (basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966), pero también con el reclamo de Colombia por la supuesta protección de guerrilleros del ELN en Venezuela.
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Como puede observarse, tanto el flanco occidental como el oriental de Venezuela estarían afectados por una desestabilización que puede desembocar en intervenciones militares o en desestabilización promovida por actores armados irregulares, en particular provenientes de Colombia.
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Hay varios proyectos destituyentes en curso, algunos apuestan a la sublevación de sectores de las Fuerzas Armadas y otros a la presión externa. En todo caso, se están creando «las condiciones para que se desencadene un conflicto interno que agravará la crisis y podría conducir a una guerra civil con participación internacional, o en el mejor de los casos, a una negociación, impuesta desde afuera, amenazando la integridad territorial y la soberanía nacional», denuncia la Plataforma Ciudadana desde Caracas.
*Fuente: Mundo Sputnik
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