La sombra del narco que planea sobre las instituciones políticas chilenas 

Cuando los soldados del narcotráfico salen a la calle a celebrar o conmemorar disparando  al aire, lanzando fuegos artificiales o exhibiéndose ruidosamente en automóviles ostentosos, significa que el negocio tiene impunidad territorial. Eso solo es posible si las instituciones se inhiben y eso ocurre por la infiltración del poder político, judicial o policial, que permite corromper impunemente el territorio y todo lo que tiene adentro. Entonces el problema ha escalado a un nivel superior de complejidad, y es lo que está ocurriendo en Chile.

Los escándalos de narco política o de penetración de este en la economía legal han aumentado, sin que se vea que la percepción de las autoridades espabile. Embebidas con lo que pasa en la calle y con los temas de orden público, están ciegas. Sin embargo, es evidente que una trama institucional avanza desde hace años en todas las redes de poder del país, demostrable en hechos que para la elite política solo son situaciones o eventos, pero que tienen carácter de sistema.

Para estar conscientes debiera resultar contradictorio que Hernán Larraín, sea el actual ministro de Justicia. El año 2011, siendo Senador, entregó una carta de buena conducta a favor de un sobrino directo, Benjamin Echeverría Larraín, detenido  y condenado por tráfico de drogas. La carta, que a todas luces resultaba una presión institucional para los jueces que veían el caso, facilitó que su sobrino obtuviera una condena de solo 5 años con libertad vigilada y no los 10 que pedía el Ministerio Público. Cuando asumió sus funciones declaró que todos los jueces eran izquierdistas. Hoy, en su calidad de ministro de Justicia, debe velar porque la designación de los jueces se haga sin interferencias extrañas. Por lo menos, paradójico.

En pleno corazón de La Moneda, todos los lunes opera el Comité Político Ampliado donde concurren además de los ministros políticos, los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Entre ellos, desde hace dos semanas participa en representación del PRI el abogado Hugo Ortiz de Filippi, quien fuera senador en los años 90, abogado integrante de la Corte de Apelaciones  de Santiago entre 1998 y 2001, y con amplias conexiones en el Poder Judicial y elegido como presidente de la tienda oficialista en noviembre último. Ortiz fue el abogado de la empresa peruana Aero Continente, de propiedad de Fernando Zevallos Gonzales, cuando a esta le fue cancelada la autorización de vuelo en Chile a petición de CDE, por el delito de tráfico y lavados de activos. Fernando Zevallos, alias “Lunarejo”, cumple condena de 20 años en Perú, por los delitos de tráfico y lavado de activos, y hace poco la Fiscalía de ese país volvió a la carga por nuevos delitos pidiendo 35 años de cárcel adicionales a los que está cumpliendo.

En el Comité Ampliado participan además Jacqueline Van Ryselberge de la UDI, Mario Desbordes de RN y Hernán Larraín Matte de Evópoli, hijo del ministro de Justicia.

Naturalmente, se podría argumentar que nada de  lo dicho corresponde a hechos reprochables o ilegales, sino a una posición suspicaz o simplemente prejuicios. Exactamente bajo la premisa que todos son eventos o circunstancias aisladas unos de otros.

Sin embargo, la regla para entender el fenómeno que empieza a corroer nuestra institucionalidad es que el poder narco busca influencia e incidencia y no poder político estructural, por lo tanto opera en bajo perfil.  El narco busca redes de información y de incidencia en las decisiones políticas del Estado y eso es lo que ocurre con personajes como Benjamín Echeverría o situaciones como el Comité Político Ampliado, donde Ortiz –un ex abogado de una empresa vinculada al narco-  se cruzará con el ministro del Interior o el de Segpres.

El narcotráfico es una especie de fluido que primero moja y luego aprieta los puntos de contactos que quedan capturados en su estrategia. Un buen contacto en la policía, un abogado con redes políticas, una cobertura social de imagen y prensa, una base de poder económico legal, un ámbito familiar de protección, son aspectos esenciales para incidir, inmovilizar o ganar adeptos.

El verdadero poder narco no se manifiesta en la calle sino en los laberintos del poder, principalmente económico porque es un negocio, que requiere vínculo político e impunidad territorial para desarrollarse y que tiene siempre un gran poder económico. La calle es el color y cumple una función para la tropa y los públicos. Pero el gran  objetivo es inmovilizar o influir para tener puntos de apoyo a “la industria” y quedar “en red”. Una vez en contacto, el vínculo nunca se agota o disuelve. Queda sembrado para usarse cuando sea necesario.

Un análisis pormenorizado de lo ocurrido en las tres décadas de recuperada la democracia, sobre casos con esta significación, hace factible que las autoridades están mirando por el hombro el tema, o que el mismo, ya es hoy, mucho más complejo de lo que creemos.

Desde los casos de René García Pica y las acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema Servando Jordan y Luis Correa Bulo, pasado por el caso de los indultos de Eduardo Frei a un condenado en un caso contra el Cartel de Medellín, de la operación Océano en los 90 que terminó luego de 10 años con condenas leves, hasta los actuales del PS y el municipio de San Ramón, subrepticiamente los infractores de mayor rango terminan zafando, ya sea porque las instituciones fallaron, los jueces fueron blandos o la policía no persevera. Todo ello  en medio de un poder político desaprensivo, en el que abiertamente pueden circular e incidir los intereses u opiniones de ámbitos delictuales.

No da lo mismo tener una policía severa, ordenada y proba y un poder judicial profesional, coherente y eficiente, que un cuerpo policial desmoralizado, entregado a la inercia y a la solución de sus problemas internos, y una judicatura a la que se puede presionar porque mañana el poder político elige, como hoy está ocurriendo. Para hacerlo más claro, ni Hugo Ortiz de Filippi podría estar en el Comité Político Ampliado ni Hernán Larraín ser ministro de Justicia, ni proponer nombres a ministros de la Corte Suprema.

*Fuente: El Mostrador