Hoy se cumplen 45 años del Golpe de Estado y del episodio de terrorismo de Estado más grave en nuestra historia. Aquel 11 de septiembre se instaló un régimen con rasgos tiránicos que impuso cambios de tal profundidad en el país y en nuestras vidas, que sus efectos traumáticos persisten y nos seguirán tensando como sociedad pese a que una mayoría de protagonistas directos, de víctimas y victimarios estén falleciendo.
Quienes han apostado a que el tiempo borre las huellas de tanto crimen y el olvido se imponga, no han tenido en cuenta que las nuevas generaciones, a quienes toca vivir este presente de injusticias, inevitablemente se preguntan por qué reciben como herencia un sistema que, pese a las reformas, mantiene lo esencial de lo instaurado progresivamente a contar de aquel 11 de septiembre.
Por lo anterior, este año nos hemos enfrentado a una ofensiva destinada a desacreditar a las instituciones que promovemos y defendemos el derecho a la memoria, pretendiendo imponerse la contextualización de los crímenes de lesa humanidad en una narrativa inaceptable, que desdibuja la responsabilidad de los perpetradores y culpa a las víctimas del quiebre de la democracia. Como si la crueldad extrema, que se practicó en recintos como este, pudiera tener alguna justificación en razón de la crisis política que afectaba al país.
Como si el secuestro, la tortura y el exterminio de opositores hubiese sido efectuado por grupos descontrolados y no, como aconteció, por agentes del Estado, miembros de las fuerzas armadas y principalmente del ejército, entrenados en el exterior para llevar a cabo actos de terrorismo de manera sistemática y planificada.
No aceptaremos y rechazaremos de la manera más enérgica esta forma solapada de negacionismo, que aparenta reconocer la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos, pero descalifica el trabajo de instituciones y sitios de memoria, ya sea por parte de intelectuales conversos, como el fugaz ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio o mediante actos de intimidación a cargo de grupos agresivos de extrema derecha.
La memoria es un territorio de resistencia: contra el olvido colectivo, pero también contra ataques explícitos, como la destrucción de memoriales, las agresiones en contra de una movilización de mujeres a favor del aborto libre o la intervención de nuestra fachada con carteles injuriosos. No nos dejaremos intimidar y persistiremos en nuestra labor de pedagogía de la memoria y los derechos humanos por el cual somos ampliamente reconocidos a nivel internacional.
No aceptaremos el recrudecimiento de la impunidad. Rechazamos esta nueva ofensa a las víctimas expresada en las recientes liberaciones de criminales de lesa humanidad llevadas a cabo por la Corte Suprema, los pactos de silencio y las condenas irrisorias para crímenes horrendos.
Hace 45 años la vía chilena hacia el socialismo, pacífica y democrática fue aplastada a sangre y fuego. Pero al mismo tiempo el pueblo chileno inició un largo período de lucha, solidaridad y resistencia; que de alguna manera se prolonga hasta el día de hoy, cuando seguimos defendiendo el derecho a la memoria, a la justicia y a la verdad.
El paso del tiempo sin duda obstruye el actuar de la justicia, pero no impide que sigamos movilizándonos en favor de la promoción y defensa de los derechos humanos y la construcción colectiva de las trincheras éticas, políticas, legislativas y educacionales que nos ayuden a impedir la repetición, en nuestro país y en el mundo, del horror sufrido en recintos como este. Somos el Parque por la Paz Villa Grimaldi que mantiene clausurado a perpetuidad el negro portón de ingreso al fatídico cuartel Terranova. Lucharemos porque así permanezca.
Álvaro Ahumada
Presidente
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
11 de septiembre de 2018
