Mar para Bolivia: Patriotismo Latinoamericano
por Manuel Cabieses Donoso (Chile)
4 años atrás 5 min lectura
4 de septiembre, 2018
El inminente fallo de la Corte Internacional de Justicia acogerá al parecer la demanda boliviana de una salida soberana al Océano Pacífico. La justicia y la razón están de su parte. Sin embargo, eso no obligará a Chile a ceder “ni un solo centímetro cuadrado” de territorio -como afirma el bizarro canciller Roberto Ampuero, novel teórico mapochino del “espacio vital”-.
Lo que hará la CIJ solo será reconocer la justicia de la demanda boliviana y llamar a ambos países a un diálogo de hermanos -que lo somos- para terminar con el enclaustramiento geográfico de Bolivia.
Ese país necesita algo más que un centímetro cuadrado de territorio chileno para acceder al mar. Requiere un corredor al norte de Arica que comunique el Pacífico con territorio boliviano. Son varios kilómetros, como ofreció la dictadura militar en 1975. El “abrazo de Charaña” de los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer, y sus implicaciones territoriales, diplomáticas y económicas, no implicaba traicionar la soberanía como estiman quienes hoy se niegan a ceder ni un centímetro cuadrado. Curiosamente han sido dictaduras militares y gobiernos reaccionarios de Chile los más proclives a satisfacer la demanda de Bolivia. Desde 1895 (dictadura del vicealmirante Jorge Montt) existe el compromiso de proveer a Bolivia de “un acceso soberano alternativo al Pacífico”. El gesto de las FF.AA. en 1975 constituye el intento más serio de llegar a un acuerdo con Bolivia. La dictadura militar estuvo dispuesta a ceder un territorio más grande que el “corredor boliviano” que en los años 50 ofrecía el canciller Horacio Walker Larraín -padre de la Democracia Cristiana chilena- en el gobierno anticomunista de Gabriel González Videla.
En ambas oportunidades el veto de Perú -tercero en juego según el tratado de paz y amistad de 1904-, impidió cerrar una llaga purulenta a más de un siglo de la guerra del salitre.
Chile no tiene nada que perder y en cambio mucho que ganar si llega a un acuerdo con Bolivia. Esto, claro, desde una perspectiva de complementación económica y de unidad latinoamericana. Agua y gas natural del Altiplano, por ejemplo, podrían fomentar el desarrollo del norte gracias a una negociación amistosa y honorable.
La razón histórica está de parte de Bolivia. En febrero de 1879 las tropas de Chile -cuyo territorio llegaba solo hasta el norte de Copiapó- desembarcaron en Antofagasta. La invasión del Departamento del Litoral boliviano se hizo para proteger los intereses chileno-británicos de la Compañía del Nitrato y Ferrocarril de Antofagasta, amagados por un impuesto de diez centavos a la exportación del quintal de salitre. La guerra de rapiña se prolongó hasta 1884 y costó miles de vidas de chilenos, bolivianos y peruanos. Permitió a Chile apoderarse de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de litoral. El conflicto hizo la fortuna de uno de sus financistas, el inglés John Thomas North que consolidó un imperio salitrero en Tarapacá y Antofagasta. Parlamentarios, abogados, periodistas y oficiales de la Armada, financiados por North, desataron más adelante la sangrienta guerra civil en Chile que culminó en 1891 con el suicidio del presidente José Manuel Balmaceda, heroico defensor de los intereses del país.
Los descendientes castrenses y políticos de Pinochet, Horacio Walker y GonzálezVidela, que estuvieron dispuestos a ceder parte del territorio conquistado, no tienen los mismos propósitos de los gobiernos chilenos de 1895, 1950 y 1975.
Los defensores de cada centímetro cuadrado de territorio, están convencidos -y probablemente bien informados- que La Haya se pronunciará a favor de Bolivia al reconocer la justicia de la demanda y llamar a un diálogo de acuerdo al Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, conocido como Pacto de Bogotá. La CIJ no puede ir más allá de eso. Pero esto sería una victoria para la diplomacia boliviana y una carta de triunfo para el presidente Evo Morales que aspira a la reelección.
Al dar por perdida la causa en la CIJ, los trogloditas de las relaciones internacionales plantean que Chile se retire sin demora del Pacto de Bogotá para no verse obligado a negociar con Bolivia (1).
El ex comandante de jefe del ejército, Oscar Izurieta Ferrer, ha llamado a seguir el ejemplo de Colombia (sic) que se retiró del Pacto de Bogotá el 2012. De paso sugiere sumarse al desmantelamiento de Unasur, asunto en que están empeñados los gobiernos más reaccionarios de América Latina. (2)
En forma simultánea el ex embajador Gabriel Gaspar hizo un fervoroso llamado a “colocar en tensión nuestra voluntad nacional y soberana” ad portas del fallo de la CIJ (3).
Izurieta y Gaspar han ocupado cargos importantes en los gobiernos de Bachelet y Piñera. Ambos desempeñaron la subsecretaría de Defensa. Izurieta fue jefe del ejército. Es posible sospechar que ellos interpretan no solo a la derecha y a la centroizquierda, sino también a altos mandos de las FF.AA.
Resulta evidente que se prepara un escenario adecuado para enconar todavía más las deterioradas relaciones chileno-bolivianas e impedir que se cumpla el fallo de La Haya.
Esta amenaza plantea un desafío para las diezmadas fuerzas de la Izquierda chilena. Es nuestro deber sacar fuerzas de flaqueza y defender el derecho de Bolivia.
En esta materia Chile se encuentra aislado. Desde hace años la mayoría de las naciones del mundo apoya explícita o implícitamente la demanda boliviana.
En el mundo globalizado no caben nacionalismos provincianos ni sedicentes patriotismos que encubren intereses ajenos a la América Latina. Esas posturas ocultan resabios del fascismo que intenta reaparecer a través de consignas chovinistas y racistas.
La realidad política, económica y social, así como el destino de nuestro continente, exigen un patriotismo de dimensión latinoamericana capaz de asegurar la paz y felicidad de nuestros pueblos.
La unidad latinoamericana y caribeña por la que lucharon Simón Bolívar, Alexandre Pétion, Bernardo O’Higgins, Salvador Allende, Fidel Castro y Hugo Chávez es otra vez objeto de ataques a mansalva del Gran Buitre del norte que nos quiere separados.
Nuestro deber es responder esa amenaza construyendo la Patria Grande que necesitamos para crecer independientes y en solidaridad.
*Fuente: PuntoFinal
Notas:
(1) Ver declaraciones de José Rodríguez Elizondo (ex comunista), Gabriel Gaspar (socialista, ex Mapu), Eduardo Rodríguez (DC) y Oscar Izurieta (ex comandante en jefe del ejército). ElMostrador, 14/7/2018, y El Mercurio, 1/9/2018.
(2) El Mercurio, 17/8/2018.
(3) El Mostrador, 17/8/2018.
Artículos Relacionados
Chile: Carlos Peña y su filípica contra la democracia directa
por Jorge Franco (Chile)
3 años atrás 7 min lectura
¡Cumpleaños infeliz te deseamos a ti!
por Hugo Rueda V. (Chile)
17 años atrás 2 min lectura
6 de agosto de 1945: ¿Fueron los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad?
por Medios
2 días atrás
La profesora Elizabeth Anscombe calificó al presidente Truman de asesino y de criminal de guerra. Hasta el día de su muerte la doctora Anscombe creyó que se debería haber llevado a juicio a Truman por haber cometido uno de los peores crímenes de guerra y contra la humanidad de la Segunda Guerra Mundial.
Chile: Las fake news toman la agenda a un mes del plebiscito por la constitución
por Juan Carlos Ramírez Figueroa (Desde Santiago de Chile)
2 días atrás
Este viernes el proceso constituyente chileno entra en la recta final con el lanzamiento de la franja electoral, donde diversos colectivos, entre ellos los partidos oficialistas y de oposición, defenderán las opciones “Apruebo” y “Rechazo” para el plebiscito del 4 de septiembre donde se votará el nuevo texto que reemplazaría a la Carta Magna que rige al país desde 1980 y que, a pesar de las reformas, sigue manteniendo la carga de la dictadura de Pinochet que la originó.
Nick Estes: Los internados para menores indígenas fueron parte de un “horrendo proceso genocida” perpetrado en Estados Unidos
por Democracy Now (EE.UU.)
4 días atrás
Durante más de un siglo, decenas de miles de menores indígenas fueron sacados de sus comunidades y forzados a asistir a internados que el Gobierno de EE.UU. administraba, específicamente el Departamento del Interior, junto con instituciones religiosas.
“Hay un embargo mediático sobre la causa saharaui”
por Ainara Medina (España)
5 días atrás
La activista saharaui Elghalia Djimi habla sobre la obligación de contar y recoger los testimonios de todas las mujeres saharauis que han sufrido violencias en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, así como de las alianzas y las resistencias que se forjan con el sufrimiento y de la necesidad de justicia.