Greenpeace denuncia un «Chernobyl chileno»

Greenpeace alertó hoy sobre un «Chernobyl chileno» a raíz de los graves episodios de intoxicación ambiental en la zona costera de Quintero y Puchuncaví, 140 kilómetros al nordeste de Santiago. Un total de 210 personas han sufrido síntomas de envenenamiento con vómitos y dolores de cabeza, obligando a suspender las clases y decretar «alerta amarilla». El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco (IND), protestó ante lo que está ocurriendo y dijo que «no puede ser que el ser humano viva de esta forma».

Se comprometió a seguir realizando manifestaciones con la comunidad «para que el Gobierno escuche». Dos compañías estatales operan en el lugar: La fundición y refinería de cobre Ventanas de la estatal Corporación Nacional del Cobre (codelco) y la refinería Aconcagua de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), además de la termoeléctrica Campiche, de la privada Aes Gener. Hoy, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ordenó paralizar las «fuentes contaminantes» de Quintero.

«Basta de eufemismos: la población de la zona que está ingresando a los hospitales lo está haciendo por envenenamiento. La situación no da para más. ¿O acaso el Estado cree que hay chilenos que pueden seguir viviendo de esa manera?», acusó Matías Asun, director de Greenpeace-Chile.

Recordó que las habitantes llevan demasiados años sufriendo los efectos de la saturación ambiental provocada por la acumulación de termoeléctricas, refinerías de petróleo y terminal de gas. «Se trata de una zona de sacrificio medio ambiental que obliga a tomar medidas serias y definitivas. Lo claro es que, con esta realidad, ya no pueden convivir las industrias y la población afectada. ¿O acaso el Estado cree que hay chilenos que pueden seguir viviendo de esa manera?•, apuntó Asún.

Agregó que cualquier solución debe ser acordada en conjunto con la comunidad «y lo claro es que son las industrias las que deben hacerse cargo de los graves impactos que ya por demasiados años ha tenido en la comunidad».
«No basta con seguir midiendo el aire ni llevando a los afectados a los consultorios» y exigió a las autoridades concretar un plan que entregue una solución integral y definitiva. Greenpeace lamentó «el rol pasivo y casi contemplativo» de la Superintendencia de Medio Ambiente en esta grave crisis.

Mientras Enap descartó tener «relación» con la emergencia y señalo que «nuestras instalaciones no tienen la altura suficiente ni cuentan con fuentes de emisiones constantes cuya concentración sea capaz de atravesar la bahía, llegar al centro de la ciudad y causar los efectos registrados en la comunidad».

Explicó que las actividades rutinarias del terminal corresponden a «descarga de crudo, almacenamiento de productos y actividades de mantención».

En la nube tóxica del jueves pasado se detectó nitrobenceno, cloroformo de metilo y tolueno, elementos que, acotó Enap, no se utilizan en sus actividades y que, si hubiese existido cualquier emanación, sus trabajadores deberían haber sido los primeros afectados, «lo que no ha sucedido».

Lo mismo declaró Codelco asegurando que las operaciones de la fundición y refinería de Ventanas «no tienen ninguna relación con la emisión de compuestos derivados de hidrocarburos». Aseveró que «la calidad del aire por dióxido de azufre se ha mantenido en niveles muy por debajo de los establecidos por la normativa aplicable». La red de monitoreo mide la presencia de gases, como dióxido de azufre, dióxido de azufre, monóxido de carbono, además de ozono y material particulado.

*Fuente: Mamvas