¿Intervenir transnacionales para reconstruir Siria? 

En los «Amigos de Siria» llegaron a contarse 114 Estados que financiaron la destrucción de ese país a través de los yihadistas. Pero ahora, después del fracaso, ninguno de esos países quiere pagar la reconstrucción de la República Árabe Siria. En cambio, no tienen objeciones cuando se trata de apoyar a los Estados que acogen a los refugiados sirios. ¿Por qué? Porque esto último no es un gesto humanitario sino una manera de privar a Siria de sus recursos humanos.

Eso sí, todos esperan enriquecerse escondiendo su crimen y obteniendo la mayor cantidad posible de contratos cuando comience la necesaria reconstrucción.

Los días 7 y 8 de agosto de 2018, la Comisión Económica de la ONU para el Oeste de Asia (ESCWA), reunida en Beirut, estimó el costo mínimo de la reconstrucción en 388 000 millones de dólares [1]. La ESCWA debe presentar un informe detallado sobre ese tema en septiembre. Pero, consciente de que lo que Siria ha vivido no tiene absolutamente nada que ver con una «guerra civil», esa comisión de la ONU ya anunció el título de ese informe:

Syria, 7 years at war. O sea, no será “Siria, 7 años de guerra” sino “Siria, 7 años en guerra”.

A modo de comparación, en abril, Líbano, país con 3 veces menos habitantes que Siria, obtuvo sólo 11 000 millones de dólares en ayuda internacional en la conferencia CEDAR.

Estados Unidos, país que planificó la guerra contra Siria desde el año 2004, no quiere aportar ni un centavo. Según la administración Trump, la guerra contra Siria fue concebida por la administración de Bush hijo y dirigida por la administración de Barack Obama. Trump estima además que esas dos administraciones no servían así los intereses del pueblo estadounidense sino los intereses de una clase financiera internacional. Al hacerlo destruyeron Siria, y también destruyeron la economía estadounidense. Por consiguiente, quien tiene que pagar no es Washington sino esa gente y las transnacionales directamente implicadas en la guerra.

Ejemplo de ello es el fondo estadounidense de inversiones KKR –perteneciente a Henry Kravis y rival del Carlyle Group. KKR, cuyo valor bursátil se eleva a 150 000 millones de dólares, cuenta entre sus empleados al general David Petraeus –ex director de la CIA profundamente implicado en la guerra contra Siria– y participó en el envío de fondos y armamento a al-Qaeda y al Emirato Islámico (Daesh) [2].

Otro ejemplo es la firma automovilística japonesa Toyota (valor bursátil, 170 000 millones de dólares), que proporcionó los vehículos nuevos de Daesh [3].

También lo es el fabricante estadounidense de maquinaria para la construcción Caterpillar (valor bursátil, 76 000 millones de dólares), que vendió a los yihadistas las máquinas necesarias para la construcción de sus célebres redes de túneles.

Y para qué hablar del líder mundial franco-suizo del cemento Lafarge-Holcim (valor bursátil 40 000 millones de dólares), que produjo 6 millones de toneladas de cemento utilizadas en la construcción de los búnkeres de los yihadistas [4], etc.

Esas transnacionales participaron activamente en la aplicación del plan concebido por el almirante estadounidense Arthur Cebrowski para destruir los Estados y sociedades en los países del Medio Oriente ampliado (o Gran Medio Oriente). Y lo hicieron porque estaban probablemente convencidas de que así obtendrían, bajo la protección de los ejércitos occidentales, acceso a los recursos naturales de esa región.

Obligar a esas transnacionales a pagar no excluye las indemnizaciones que también tendrían que aportar ciertos Estados, como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Turquía, que también financiaron a los yihadistas o permitieron que algunos de sus ciudadanos lo hicieran públicamente.

Si la República Árabe Siria logra reunir las pruebas que demuestran el papel de esas transnacionales en la agresión externa, estará en todo su derecho de reclamar que sean confiscadas ante los tribunales de los países donde tienen sus sedes. Y si utiliza los argumentos del presidente Trump, debería incluso contar con respaldo de su administración.

Aún sin lograr hacer pagar a los Estados, es por tanto posible cubrir los 388 000 millones de dólares que menciona el estimado de la ESCWA.

Todos los conflictos que dieron lugar al pago de reparaciones de guerra incluyeron la confiscación de empresas nacionales implicadas. La novedad sería seguir ahora la lógica de la globalización económica y confiscar transnacionales.