Acusación Constitucional contra los miembros de la Sala que liberaron a cinco condenados de Punta Peuco «

05/08/2018
La separación de poderes sólo existe teóricamente, lo mismo ocurre con la igualdad antela ley y sus balances y contra-balances. Las democracias liberales son, cada día, más débiles, y los derechos humanos son pura literatura: los mandones se han apropiado del mundo (los Trump, los Putin, los Ortega, los Piñera Echeñique, los Macri, los Temer…). Los modelos de Maquiavelo, como César Borgia o Fernando VII eran más finos y cultos que los modernos tiranos.

En la democracia chilena (¿podemos llamarla así?) el único poder que tiene el Congreso es la acusación constitucional, que el redactor José Maza Fernández y el Presidente Arturo Alessandri concedieron a los antiguos partidarios del sistema parlamentario,  algunos liberales conservadores en la redacción de la constitución de 1925, (era la vieja teoría del juicio político, que venía desde la colonia, esta vez denominada Acusaciones Constitucionales, disimulada bajo causales legales, entre ellas, el incumplimiento de la Constitución y las Leyes, notable abandono de los deberes… ).

En este país de hipócritas los abogados disimulan el carácter jurídico acusaciones constitucionales usando jerga tribunalicia, llena de una serie de latinasgos.

En la historia de Chile las acusaciones constitucionales han sido juicios políticos, así los senadores se crean togados; si la oposición al gobierno de turno tiene mayoría en ambas Cámaras, puede aprobar una acusación contra uno o varios ministros o también contra otros funcionarios del Estado, entre ellos, altos oficiales del ejército, magistrados de los tribunales de justicia, intendentes y gobernadores.

A través de la historia ha sido difícil que la oposición tenga mayoría en ambas Cámaras, y para el Presidente de la República, los 2/3 del Senado, (sólo ocurrió una vez, paradójicamente, con el Parlamento Termal, nombrado por el mismo dictador Carlos Ibáñez del Campo, en las Termas de Chillán; no cabe duda de que Arturo Alessandri fue el responsable de la “matanza del Seguro Obrero”, pero se salvó al contar con mayoría en el Senado).

A Carlos Ibáñez, en su segundo período, y a Salvador Allende, en ambos casos con minoría en ambas Cámaras, muy pocos ministros se salvaron de la aprobación de la acusación constitucional por parte del Senado.

Más que la acusación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (para algunos Estados tiene poco valor, por ejemplo, en el caso del indulto a Alberto Fujimori), me parece mucho más contundente una acusación constitucional contra los magistrados de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a reos condenados por crímenes de lesa humanidad, La causal jurídica es evidente: notable abandono de los deberes.

El gran jurista, el profesor Carlos Peña, rector de la UDP y, además, columnista “adorno” del Diario consagrado al dios de los comerciantes y ladrones, El Mercurio, (nombre del dios Mercurio de los romanos), en el artículo del domingo 5 de agosto distingue, con mucha lucidez, entre un delito común y el de lesa humanidad que, como su nombre lo indica, se comete contra toda la humanidad, y es imprescriptible.

[Cita de la Redacción de piensaChile:

“Si bien los individuos particulares pueden dañarse unos a otros (puesto que los particulares también cometen homicidios o mutilan), las violaciones a los derechos humanos poseen una especial gravedad, puesto que cuando ellos se verifican es porque el Estado, el órgano que monopoliza la fuerza, aquel que concentra los medios admitidos de coacción, se ha vuelto contra los propios ciudadanos cuya voluntad le ha dado origen. Hay, pues, una circunstancia especialmente grave en la violación a los derechos humanos. Si esa violación se tolera o se justifica, si de cualquier modo se es comprensivo frente a ella, si por el paso del tiempo o cualquier otra circunstancia prudencial, la condena de ese tipo de actos se morigera o se atenúa, sin que medien razones fuertes para ello (razones que, como ocurre en el caso de los enfermos terminales, provengan de la propia idea de derechos humanos), entonces se deterioran las bases de legitimidad del Estado al que los ciudadanos prestan obediencia y al que entregan el monopolio de la fuerza en el entendido que bajo ninguna circunstancia se volverá contra ellos.”

Carlos Peña, Rector de la UDP (“La Corte Suprema y los Derechos Humanos”) ]

Es preciso también distinguir entre el delito común y aquel que ejecuta el Estado que, por lógica, debiera proteger la vida de los ciudadanos y no arrebatársela. Los pensionistas de Punta Peuco fueron condenados por delitos de lesa humanidad y perpetraron crímenes de Estado.

Por mi parte, no perdonaré a los traidores de la Concertación por haber protegido y defendido al sátrapa Augusto Pinochet, que bien debió morir en una cárcel española y no en su cama, declarado con atraso mental por la justicia chilena, después de ser tratado con todas las consideraciones, que se les niega a los pobres de nuestro país.

Hablar de compasión para los fariseos de la Concertación es muy fácil y viste muy bien, pues pasan por gente generosa y caritativa. Estamos llenos de hipócritas que piden libertad para los criminales de Punta Peuco que, según ellos, se encuentran muy enfermos y viejos. Hasta algunos curas les celebran misas, en que los reos se golpean el pecho por cada comunista que lanzaron al mar. Al fin y al cabo, pedir perdón no tiene mayor complicación, pues se puede pronunciar la palabra de boca para afuera, pero en el fondo del alma siguen convencidos de que el único comunista bueno es el muerto.

La oposición, actualmente, tiene mayoría en amas Cámaras, y el instrumento de la acusación constitucional es fácil de llevar a cabo, pues basta sólo diez firmas de diputados para presentarla, tener mayoría simple en ambas Cámaras y, en este caso, los ministros y voceros de Sebastián Piñera dicen tantas insensateces e insultan a los ciudadanos suponiendo que “son inversionistas en las Islas Vírgenes”, por consiguiente, no tienen huevos para distribuirlos en distintas canastas, como tampoco pueden jugar al dólar, al euro o a otras monedas. Ante la opinión pública, está regalado el acusarlos constitucionalmente.

No somos golpistas y criminales como algunos de los democratacristianos y de la derecha, que usaron la estrategia de la acusación constitucional como instrumento de la llamada “estrategia de los mariscales rusos”, inventada por Claudio Orrego Vicuña, entonces, propongo que sigamos el camino de la mayoría parlamentaria, llamada “todos contra Ibáñez”, para no dejar pasar ningún proyecto reaccionario del gobierno de Piñera, en cambio. Aprobar los que se consensuen y favorezcan a los más pobres y, de esta manera, en la práctica, llevamos a cabo un parlamentarismo, ya que la Constitución actual es pétrea y irreformable.