Defensa de «Operación Huracán» se paga con Fondos Reservados

La impunidad de los Altos Mandos, es un asunto que, en los casos de  derechos humanos en las FF.AA y de corrupción, como la Operación Huracán,-  montaje de Carabineros en contra de dirigentes mapuche -, se efectúa dentro de la planificación de control de daños.

Lo anterior se materializa a través de la desviación de los fondos públicos asignados a gastos reservados a disposición de las Comandancias en Jefe, de las entidades uniformadas. Es decir, que el Estado no es neutro en estos procesos ya que financia campañas de desinformación y manipulación mediática y periodística, la obstrucción a la justicia, además de las defensas  subrepticias de los imputados. En este contexto, se enmarcó la reciente intervención del periodista de canal 13 Emilio Sutherland, para lavar la imagen de la Operación Huracán.

El objetivo no es otro que condicionar a los procesados el pago de sus abogados mientras no inculpen a los Altos Mandos, manejos en donde la Armada de Chile, tiene gran experiencia. Requieren, salvo honrosas excepciones,  de abogados más leales a las instituciones que a los defendidos. No importa que estos últimos sean condenados, lo relevante es que no hablen más de la cuenta en los procesos judiciales.  De esa manera se mantiene el pacto de silencio.

En el caso Huracán de Carabineros, el círculo de los generales que se ha mantenido intocable, también ha garantizado a los imputados el sustento oculto, con dineros públicos, de las respectivas defensas, a cambio que estos últimos no escalen en sus declaraciones a niveles peligrosos, como informar de las múltiples operaciones y montajes de inteligencia, efectuados al margen de la legislación vigente.

Nadie de los responsables civiles, militares o policiales, quiere que se expongan al país, entre otras, las capacitaciones efectuadas por oficiales de inteligencia norteamericanos vinculados a la CIA, la DEA y el FBI, en materia de guerra psicológica, seguridad nacional  y contrainsurgencia, (tortura incluída), en donde se ha elegido como enemigo interno al pueblo mapuche en consideración a su resistencia cultural al modelo económico depredador impuesto desde Washington. De acreditarse tal situación dichos mandos podrían ser cuestionados por traición a la patria al cautelar intereses extranjeros por sobre los valores nacionales.

Muchos se preguntan la razón que existe detrás de la ausencia de querellas por parte del Consejo de Defensa del Estado, respecto de la malversación de caudales públicos cometidas desde las jefaturas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para financiar de manera encubierta la defensa judicial de quienes reciben acusaciones en materias de derechos humanos o en montajes como la Operación Huracán.

Si bien es cierto que el Estado debe asegurar la defensa penal a cualquier imputado, ello no debe realizarse a través de la desviación de gastos reservados bajo la extorsión de no comprometer, es decir encubrir,  a los Altos Mandos de las respectivas instituciones.

*Fuentes reservadas de la Agencia Nacional de Inteligencia.

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por Héctor Vega (Chile)
Publicado el 22 febrero, 2018