Montajes judiciales

En la página web www.andnoticias.cl se publica un artículo sobre viejos conocidos en el montaje de causas judiciales. Esta vez se trata de la llamada “operación  huracán” y los involucrados Emilio Sutherland “Tío Emilio” y El empresario Andrónico Luksic dueño del canal 13:  ¿Coincidencia? Tío Emilio, Luksic y canal 13 antes en acusación contra Jorge Lavandero hoy en el montaje contra el pueblo mapuche

“Literalmente se lee en el artículo “Estos dos personajes adictos a los montajes, o tratar de justificar algunos hechos realizados por otras entidades oscuras, ya estuvieron juntos en un antiguo montaje, nos referimos a la acusación contra el ex Senador Jorge Lavandero, en el cual el “Tío Emilio” y Luksic y por tanto el canal 13 fueron piezas fundamentales para armar un guion, que permitió acusar al ex senador de acoso sexual contra diversas niñas, que tiempo después ya adultas desmintieron esos hechos”.

Esta vez ambos personajes intentaron probar que la aplicación espía de Alex Smith del Servicio Agrícola y Ganadero, colaborador de la Policía,  bastaba para probar la acción de los comuneros en ataques terroristas. Montaje denunciado por Héctor Llaitul que en conferencia de prensa, donde expulsó de la sala al Canal 13, denunció el montaje contra el pueblo mapuche, “con participación directa de algunos personeros de este gobierno”…. “ al parecer el hilo se corta por lo más delgado, hay responsabilidad política en las altas esferas de este gobierno”, concluyó.

La publicación concluye que llama la atención que en ambos casos –Lavandero y mapuches– ambos personajes Sutherland y Luksic, Canal 13 y la Red mediante, y autoridades políticas de alta jerarquía tratan de sacar del paso a aquellos que los incomodan y que representan un peligro para sus intereses.

En ambas casos, situaciones de clara connotación política se trasladan a los tribunales.  En el caso Lavandero la opinión pública no se engaña. Claro y neto defensor, junto a Radomiro Tomic, durante la dictadura, de los intereses nacionales en defensa de los recursos naturales y luego durante la democracia, el gobierno de la época (Lagos) en connivencia con los intereses  transnacionales del cobre montaron un juicio por abusos sexuales.

Recordemos que ya jubilado, uno de los jueces de la causa el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Héctor Toro declaró al Austral que el juicio que se inició al senador fue absolutamente irregular. Textualmente manifestó que  “se aplicó condena (en contra de Lavandero) en un contexto muy particular, era un personaje muy especial y al que se le dio mucha prensa. Ahora, se mueven muchos intereses en la sociedad y él fue un proclamador de un poco de justicia para el país con respecto a la relación con las grandes mineras. Ello hizo que se echara una gran cantidad de gente poderosa encima, y eso influye”.

Se llegó a situaciones tan aberrantes como el caso del fiscal de la época, Xavier Armendáriz que presentó como prueba testimonial testigos que posteriormente declararon ante notario que Armendáriz les pagó gruesas sumas de dinero para que declararan en contra de Jorge Lavandero. Una menor, que fue presentada como habiendo sido abusada, declaró que apenas lo conocía.

Creyéndose sobre seguro con los respaldos de la televisión Emilio Sutherland, Eduardo Fuentes y José Manuel Larraín debieron enfrentar una querella por injurias graves en contra del ex senador. La sexta Sala de la Corte de Apelaciones en su resolución falló: “Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en los arts. 250, 253 y 404 del CPP, se revoca la Resolución apelada de 10 de Abril de 2013 dictada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, quien sobreseyó definitivamente en la Causa a los querellados Emilio Sutherland, Eduardo Fuentes y José Manuel Larraín y se declara que la Causa deberá continuar tramitándose de acuerdo con la ley, por el juez no inhabilitado que corresponda, esto es, citando a las partes a la audiencia respectiva.”

Es importante leer el alegato del equipo defensor de Jorge Lavandero: “cumple destacar como se expresara en escrito acompañado por la querellante, con fecha 8 del presente, ante la ICA que, “si bien se trata de un proceso penal por injurias graves, no es menos cierto que en el origen mismo de los hechos que motivaran el encarcelamiento de Jorge Lavandero, la causa principal es claramente de carácter político y económico”.

En el alegato los defensores de Lavandero sostienen que “fue acusado ante la Justicia después de un montaje comunicacional… que reclutó dudosos testigos… supuestas víctimas que atestiguan ahora que fueron, en realidad, sobornados para atestiguar en su contra”.

Recordemos que se trató de un “juicio abreviado” en que no se rindieron pruebas y el cual, según consta en audios, no fue autorizado ni aceptado por Jorge Lavandero.

Según lo afirmado por los abogados del ex senador Lavandero, “de acuerdo a los irrefutables antecedentes que constan en todos estos procesos, parece absolutamente evidente que Jorge Lavandero ha sido y continúa siendo víctima de una oscura y malsana conspiración en la cual se han confabulado importantes personajes de la vida política y económica”.

Los juristas agregan que “nuestros recursos naturales, como se debe saber, y lo ha declarado expresamente las Naciones Unidas, son inherentes a nuestra propia Soberanía Nacional. Y cada día queda en mayor evidencia la veracidad y el acierto de la histórica premonición del Presidente José Manuel Balmaceda Fernández. Advirtiendo que Chile y con el concurso de unos cuantos chilenos apátridas, se estaba transformando en una mera factoría”.

Para guardar las apariencias de un Estado democrático es preciso tomar resguardos institucionales. Por ello, no resulta extraño observar como práctica común de la clase política la judicialización de la política. Sin embargo, ni el caso mapuche, ni el caso Lavandero ha llegado a su fin. La opinión pública ha observado cómo montajes que ocultan oscuros intereses se vuelven en contra de sus propios mentores.