La Gran Estafa III: Sebastián Piñera y su Prontuario Final
por Patricio Mery Bell, Jorge Molina Araneda (Chile)
7 años atrás 37 min lectura
“El político debe tener ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones”.
Max Weber
Este es el tercer y último artículo que trata respecto del universo de engaños, ilícitos, faltas a la ética y encantamientos de serpiente que ha efectuado a lo largo de su trayectoria política y empresarial Sebastián Piñera Echenique.
Desfalco en Codelco
El gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) “perdió” más de 17 mil millones de dólares debido a descaradas ventas de cobre, oro, plata y molibdeno a precios inferiores a los valores de mercado.
De acuerdo al economista Julián Alcayaga: “En 2010 se perdieron 4 mil millones de dólares por ventas a precios bajo el valor de mercado; otros 4 mil millones, en 2011, por el mismo concepto; y por lo menos 3 mil millones en 2012, 2013 y 2014, lo que totaliza pérdidas por 17 mil millones de dólares”. Si a esto se le suman los 4 mil 670 millones de pérdidas en mercados a futuro, la suma alcanza los 21 mil millones de dólares de perjuicio para la estatal minera.
Querella por fraude involucra al programa “Elige Vivir Sano”
En 2013 el fraude habría sido descubierto por los funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (IND) al detectar que el programa “Elige Vivir Sano” (dirigido por la primera dama Cecilia Morel), en la Región Metropolitana estaba siendo financiado por donaciones con franquicia tributaria y paralelamente con presupuesto del IND. 2013, el IND financió un programa denominado “Deporte en tu calle Región Metropolitana”, consistente en el cierre de calles en 5 comunas de la región, proyecto adjudicado por la Empresa Ambiental “Geomás” Ltda., con la suma de $249.700.000.
Los Once Libros de los Logros de Piñera Objetados por la Contraloría
Publicados bajo el alero del plan “Chile Avanza con Todos”, los textos financiados con recursos públicos tratan sobre logros alcanzados por la administración Piñera, compromisos gubernamentales y su grado de concreción, además de testimonios relacionados con la conmemoración del Bicentenario de Chile.
La Contraloría General de la República objetó once libros mandados a publicar por el gobierno de Sebastián Piñera. De los once libros se publicó un total de 14.303 ejemplares, “cuyo costo de impresión alcanzó la suma de $141.768.000“, señala asimismo el citado informe.
Minera Dominga
Una investigación de Radio Bio Bío, denunció los intereses que tenía Piñera cuando en el año 2010 anunció la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones: su familia era una de los principales accionistas de un negocio que pretendía instalarse en el mismo sector con Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Todo esto, en una operación por más de 6.765 millones de pesos. Nada de ello aparecía en sus declaraciones de patrimonio e intereses.
Sobornos de Pesqueras
En el marco de los Casos Asipes y Corpesca, relacionados con los sobornos pagados por las empresas pesqueras para aprobar la Ley Longueira, el Ministerio Público publicó el listado con los montos de los “aportes legales” que realizaron seis de ellas a 35 políticos, por un monto total de 333 millones de pesos. Entre ellos destaca Sebastián Piñera, en ese momento candidato presidencial, que recibió 82 millones de pesos: Blumar le entregó 31 millones de pesos, Camanchaca otros 28 millones, Alimentos Marinos 14 millones y Pesquera Bío Bío 9 millones de pesos.
Chiloé y el Caso Tantauco
En el año 2005 se levantaba la polémica de “espionaje” dirigida a comunidades Mapuche y Williche de Chiloé en relación a los terrenos adquiridos por el empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera.
Se filtró la información a la prensa sobre el “espionaje” por parte de agentes de inteligencia estatal dejando en evidencia que más allá de la persona de Piñera, estaba apuntado a las comunidades Williche de Chiloé, en el marco de un vigente conflicto territorial denominado “Tantauco”.
La Policía de Investigaciones (PDI) reconoció y justificó su actuar a través de una declaración pública, donde la institución dijo que, “desde el 2003 la Policía de Investigaciones de Chile realiza monitoreos constantes al conflicto social que se radica en las regiones VIII, IX y X, relacionado con demanda de posesión de tierras de pueblos originarios”. Y se agrega que “el objetivo es anticiparse a hechos delictivos que pudieran afectar el orden social en esas zonas del país”.
Piñera adquirió a fines del 2004 al magnate estadounidense Jeremiah Henderson unas 123.000 hectáreas, terrenos que abarcan cerca del 20 % de la llamada isla grande de Chiloé, especialmente en el sector Sur. Su compra ha desatado ásperas polémicas, ya que en gran parte de estos terrenos comunidades Williche establecidas principalmente cerca de Quellón, se han visto en peligro de ser expulsadas, las mismas que reclaman derechos sobre estos terrenos.
La posición de reclamo de las comunidades williche en Chiloé se basan en títulos originales de dominio en el valor de los Títulos Realengos otorgados entre 1823 y 1826, por orden del Decreto Real de Hacienda Nacional de la corona española, pero además ante la promesa del propio estado de Chile de respetar la propiedad indígena, promesa que fue hecha en el año 1826 cuando Chiloé se incorporó al estado chileno mediante la firma del Tratado de Tantauco. Gran parte de estos terrenos reconocidos se encuentran usurpados y que se encuentran hoy en “posesión” del empresario Piñera con títulos superpuestos.
El Tratado de Tantauco está compuesto por 13 artículos entre los que destaca el artículo 7º que obliga al Estado de Chile a respetar los bienes y propiedades de todos los habitantes de la füta wapi (Gran Isla).
Forbes
En noviembre de 2013, la revista Forbes publicó su lista anual con las personas más adineradas del planeta. Por séptimo año consecutivo, Piñera figuró como uno de los principales millonarios a nivel mundial. Esta vez, en la posición 589 con un patrimonio avaluado en US$ 2.500 millones. La estimación de la revista norteamericana indica que en el último año, su fortuna aumentó en US$ 100 millones. Y si se compara con lo que registró en noviembre de 2009, sólo meses antes de asumir la Presidencia, cuando tenía 59 años y la suya era la tercera fortuna del país –sólo superada por las de las familias Luksic y Matte–, desde que ostenta el cargo habría incrementado su capital, según los cálculos de la revista, en un 150%.
Gobierno de Piñera en Cifras
El despertar de movimientos sociales, el aumento de la represión y políticas económicas sin interés transformador configuraron el gobierno de Sebastián Piñera.
En su administración se evidenció una profundización de las lógicas de libre mercado. Para el doctor en Economía del MIT Andrés Solimano, en las políticas llevadas a cabo por Piñera “hubo una continuidad respecto al modelo económico más bien del tipo neoliberal que tiene Chile. No fue un período de reformas estructurales para hacer el modelo económico más equitativo, menos desigual y más balanceado en distintos aspectos”.
Además, estadísticas de la OCDE evidenciaron que el Chile de Piñera era el país con mayor desigualdad de esta organización. Esto significaba, por ejemplo que el 10 por ciento más rico de la población recibía un tercio del total de los ingresos, mientras que el 10 por ciento más pobre recibía solamente el dos por ciento.
¿Creó Realmente Un Millón de Empleos?
Durante su gestión se dijo que creó un millón de empleos, en circunstancias que la mitad de esa cantidad de puestos laborales se originaron el año 2010,merced a que en 2009 la administración Bachelet efectuó ingentes aumentos en el gasto público, que llegó a 16.5%, y de la inversión pública que anotó una impresionante cifra de 21.6%.
Además, muchos economistas le quitaron crédito a este ‘logro’, ya que estimaban que gran parte de los empleos que se crearon fueron precarios o informales, con dudosa protección de derechos laborales.
El libro “El Gobierno de Piñera”, de Augusto Varas, recientemente reeditado, desentraña las verdaderas cifras de su mandato.
Sebastián Piñera intentó implementar una política presidencialista, plebiscitaria, técnica, suprapartidaria y eficientista, basada en el objetivo de articular a la derecha, al tiempo que maximizaba focos de lucro y renta en beneficio de los privados.
En números, el desempeño del segundo Gobierno de Bachelet –con un precio del cobre mucho más bajo– ha sido superior al de Piñera, que enfrentó la reconstrucción tras un devastador terremoto. Por ejemplo, respecto al aumento del salario mínimo, Piñera alcanzó un 27.3%, mientras que Bachelet un 31.4%. En materia de desempleo promedio, el exPresidente alcanzó un 6.9%, mientras que la actual mandataria un 6.4%; respecto a la creación de nuevas empresas, Sebastián Piñera llegó a las 265.000, mientras que Michelle Bachelet a 325.000.
En relación con el control de la delincuencia, de acuerdo a la información actualmente disponible en Paz Ciudadana, el índice de victimización en julio de 2010 era de un 36.5%, el que aumentó en diciembre de 2013 a 40.2%; mientras que ese indicador a noviembre de 2016 alcanzaba solo el 38%.
Allende Antidemócrata
Al conmemorarse 40 años del levantamiento militar que asoló a buena parte de los chilenos y chilenas, mediante torturas, metralletas y balas, el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, se refirió al gobierno de Allende en los siguientes términos: “El gobierno de la Unidad Popular reiteradamente quebrantó el Estado de derecho en nuestro país“.
Ley Antiterrorista contra el Pueblo Mapuche
En el año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile precisamente por la aplicación de la Ley Antiterrorista a dirigentes mapuches. Consideró que hubo violación al debido proceso, a la libertad de pensamiento y discriminación arbitraria en el fallo contra Víctor Ancalaf, José Huenchunao, Jaime Marileo, Patricio Marileo, Ciriaco Millacheo, Aniceto Norín, Pascual Pichún y Patricia Troncoso. Por lo tanto, se obligó al Estado a anular las condenas.
Como una de las costumbres que tiene Piñera es tergiversar la verdad, por no señalar abiertamente que es un mentiroso compulsivo, expresó en el programa de debate televisivo Tolerancia Cero que… “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró explícitamente que la Ley Antiterrorista chilena, después de la reforma que nosotros introdujimos, cumplía todos los estándares internacionales”. Amén, afirmó que impulsaría vigorosamente modificaciones a la Ley Antiterrorista, incorporando “testigos protegidos, agentes encubiertos, informantes, entregas vigiladas”.
Estos puntos -presentes en la actual legislación- son los que precisamente la CIDH pidió a Chile que reforme, por considerar que testigos protegidos y con reserva han sido utilizados de manera “abusiva”.
Atentados, Montajes y Falacias Contra el Pueblo Mapuche
El empresario y expresidente Sebastián Piñera ha estado en varias oportunidades en el tapete de lo ilícito que a la fecha ha trascendido fronteras, incluyendo ser parte de campañas operacionales político-comunicacionales que han generado un enorme daño al Pueblo Mapuche.
“Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y en consecuencia creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a criminales que presuntamente están detrás de estos incendios”, dijo Sebastián Piñera.
Mientras tanto el entonces ministro Hinzpeter y operadores políticos de su mismo bloque como el diputado Edwards, el senador Espina y el exintendente de La Araucanía Andrés Molina, dejaban entrever que detrás de esos hechos habían “causas mapuches”, al tiempo que desligaban a la empresa forestal de todo tipo de responsabilidad en la ola de incendios que se registraban en el centro sur de Chile; al unísono se ocultaba la plaga de la avispa taladradora en las plantaciones de monocultivos. El exfiscal Ljubetic también apuntaba sus dardos a mapuches. Todos estos hechos gatillaron una campaña racista contra el Pueblo Mapuche acusado de “asesinatos” y de “terrorismo”.
El expresidente Piñera tenía cercanía hacia los intereses de los grupos empresariales forestales. El año 2006 vendía el 4% de sus acciones en AntarChile y cuadruplicó su inversión en 6 años. AntarChile es un holding perteneciente al grupo Angelini, que posee más de un millón doscientas mil hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur de Chile a través de Forestal Arauco – Celco.
Piñera también intentó prorrogar a 20 años un decreto ley proveniente de la dictadura militar (DL 701) que además de Angelini ha beneficiado también al grupo Matte (CMPC – Forestal Mininco), con más de 750.000 hectáreas de plantaciones. Piñera fue un activo promotor en señalar supuestos vínculos terroristas “mapuches – Farc”.
En agosto del año 2009, como candidato presidencial, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista, y en agosto del año 2010 con quien fue su homónimo en Colombia, el actual presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo entre mapuches y las Farc”.
Cabe consignar al respecto, que Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y hasta el exministro del gobierno de Piñera, Andrés Chadwick, tuvieron que desmentir en su momento dicha campaña, no existiendo antecedentes. Los Cables de la Embajada estadounidense en Chile durante el 2008 al 2009, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por diversos diario internacionales, demostraron que la pretendida conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje o sobre exageración.
Piñeragate o Kiotazo
Es un episodio que data de agosto de 1992, cuando unos jóvenes Sebastián Piñera y Evelyn Matthei se disputaban la nominación presidencial de la derecha. En una entrevista televisiva, el empresario Ricardo Claro sacó una radio Kioto para mostrar una grabación telefónica, donde se escucha a Piñera hablar con su amigo Pedro Pablo Díaz para que influya en los mediadores del futuro debate presidencial y ataquen a mansalva a Evelyn Matthei.
Mostrarla “débil, inestable (…) la gracia es dejarla elegantemente como una cabrita chica”, dice la voz de Piñera en la grabación. Por razones de educación, omitimos la coprolalia emitida en esa grabación por Piñera.
Perdón a los Militares Genocidas
Sebastián Piñera, siendo senador, presentó en junio de 1995 un proyecto legislativo que buscaba la impunidad para todos los crímenes políticos perpetrados entre 1978 y 1990 a través de la ampliación de la Ley de Amnistía hasta el retorno de la democracia.
Cabe recordar que el Decreto Ley Nº 2.191 de abril de 1978, también conocido como Ley de Amnistía, vino en imponer, mediante un poder ilícito, un perdón a todas las personas implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices o encubridores, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Lo curioso es que él, en alguna oportunidad estimó que era indispensable que los delitos de lesa humanidad debían ser investigados, entre ellos el magnicidio del expresidente Frei Montalva.
El Candidato Piñera anuncia Ley para que el Presidente pueda Conmutar Pena de Prisión a Enfermos Terminales por Arresto Domiciliario
Entre las primeras medidas que tomará en caso de volver a La Moneda en marzo de 2018, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, anunció el envío de una ley para que el Presidente de la República pueda conmutar la pena de prisión a enfermos terminales o con Alzheimer por arresto domiciliario, pudiendo así concluir sus sentencias en sus hogares; junto con reiterar que en su eventual gobierno, no cerrará el penal Punta Peuco… ¿Nuevo ofertón a los militares presos por atropellos a los derechos fundamentales de las personas, al estilo ampliación de Punta Peuco?
Dilatada retención de querellas contra criminales de Lesa Humanidad
Ahora estamos en noviembre de 2010. El gobierno de Sebastián Piñera retiene hace meses 60 querellas contra violadores a los derechos humanos, que debían ser perseguidos penalmente por el Ministerio del Interior, denunciaron en aquella ocasión familiares de las víctimas de la cruenta represión militar.
“Hay una decisión política de obstaculizar los procesos e instalar la impunidad”, afirmó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
La dirigenta, que anunció protestas, reveló que la propia jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rosy Lama, mantuvo reuniones con criminales de lesa humanidad.
La dirigente dijo que además de frenar la presentación de las querellas, “el gobierno decidió que despedirá en diciembre a los abogados que llevaban las causas… Nos reunimos con Rosy Lama y nos señaló que no les renovarán los contratos”.
Por lo tanto, si la ley obliga al Ministerio del Interior a presentar querellas por todos los casos de ejecutados políticos y desaparecidos ¿cómo lo podrían hacer sin tener prácticamente abogados? Ante ese escenario, se dejaron unos 3.000 casos sin sanciones.
Caso Terremoto
Sebastián Piñera tiene participación accionaria en una de las empresas que enfrentó problemas por un edificio en calle Amunategui, tras el gran sismo de 8.8 grados Richter que azotó a Chile el 27 de febrero de 2010.
Se trata del edificio Geocentro de calle Amunátegui, que fue construido por Novatec y cuya inmobiliaria fue El Bosque S.A., ambas empresas ligadas a Constructora Aconcagua, empresa en la cual Piñera tiene una antigua inversión. Poseía un 17,8% de la constructora y era el tercer mayor inversionista después de su amigo Andrés Navarro y de Aníbal Montero. Su participación se diluyó cuando Aconcagua se fusionó con SalfaCorp en 2007.
Las últimas informaciones de prensa indican que Piñera posee un 5,7% de este último holding, inversión que podría formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que delegó en Celfin y LarraínVial, pues no se informó públicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursión presidencial (2005), Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña.
Dentro de la temática y secuelas provocadas por el terremoto encontramos otra arista. A un mes del terremoto, Piñera anunciaba el programa gubernamental Manos a la Obra, mediante el cual se destinaría un fondo de $8.000 millones para la reconstrucción de las zonas más afectadas del país. En ese plan las tres grandes cadenas de materiales para la construcción serían las encargadas de proveer los materiales, valga la redundancia, necesarios a los municipios. Dentro de aquellas, en dos participaban ministros del gabinete.
Homecenter Sodimac: Alfredo Moreno invertía indirectamente en Sodimac, empresa de la que era director. Al mismo tiempo era vicepresidente del Grupo Dersa, que según la memoria del año 2008 de la firma mantiene el 22,31% de su capital social. Además, en 2008, Sodimac se fusionó con la gigante del retail Falabella.
Easy: Laurence Golborne. Gran parte de su carrera profesional estuvo ligada al holding Cencosud, propietario de Easy, donde fue la mano derecha del empresario Horst Paulmann.
Construmart: sin lazos conocidos con el gobierno de Piñera.
No obstante lo anterior, no se explicó la ausencia de otras cadenas relevantes, como MTS o Chilemat.
Piñera designó como cabeza de Gendarmería a exrepresor del Caso Degollados
Piñera tuvo la desfachatez, falta de ética e inmoralidad de designar como director de Gendarmería de Chile a Iván Andrusco, quien fuera miembro de los aparatos represivos de la dictadura en un organismo conocido como la Dicomcar y que agrupaba a los miembros de la policía uniformada del país. Esta entidad represiva degolló a los militantes comunistas José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero.
La Dicomcar era un organismo similar a la DINA-CNI, e Iván Andrusco aparece involucrado en varios procesos en calidad de inculpado; procesos que no se han cerrado del todo. Aun así por el solo hecho de formar parte de dicho organismo criminal y represivo Andrusco no deja de ser encubridor y cómplice de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Dicomcar, pues él era uno de los jefes importantes en dicho organismo.
La designación de Iván Andrusco como director de gendarmería corroboró los intentos de Piñera por blanquear las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el imperio de la dictadura militar y proteger a los uniformados que participaron en alevosos crímenes de lesa humanidad.
Omisión de Normativas de Negociación Sindical y Colectiva
El 28 de octubre de 2013, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a través de su presidenta Bárbara Figueroa, anunció que sentaría en el banquillo de los acusados al gobierno de Sebastián Piñera ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para que responda por qué no ha implementado medidas para mejorar la negociación de sindicatos interempresas como también el Código del Trabajo sobre las negociaciones colectivas.
La presentación de Figueroa –ingresada en agosto de aquel año- contó con el apoyo de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas.
El derecho a asociación fue conculcado durante la dictadura de Augusto Pinochet y todo lo que supuso en materia laboral y constitucional. Aunque se reconocen avances desde la vuelta a la democracia en 1990, la CUT señala que el actual Código Laboral viola la Convención Americana de Derechos Humanos del organismo internacional suscrito por Chile.
En síntesis, la CUT asegura que Chile también no ha tomado en cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha hecho ver las dificultades, por ejemplo, de que los funcionarios públicos puedan negociar colectivamente. Básicamente, sostiene la CUT, el alcance de la presentación busca que los trabajadores chilenos fuesen escuchados en esta instancia internacional.
Amnistía Internacional Reconviene al Gobierno de Piñera
15 de marzo de 2012. Amnistía Internacional (AI) señala como una de sus preocupaciones las violaciones a los DD.HH practicadas el 2011 contra manifestantes que participaban de marchas y acciones en las calles del país. Los manifestantes denunciaron ante Amnistía el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, uso inadecuado de gases lacrimógenos y chorros de agua con alta presión, detenciones arbitrarias e informes de torturas, maltrato, golpizas y amenazas de violencia sexual.
La situación de los pueblos indígenas también es mencionada en la misiva que AI le envió al entonces presidente Piñera, ya que el país no avanzó en este ítem, como debería. A pesar de haber votado favorablemente la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado no concretizó acciones que lleven al cumplimiento de los principios contemplados en tratados internacionales.
Una de las principales demandas que deben ser cumplidas es asegurar que los pueblos indígenas y originarios sean consultados sobre las actividades que los afectan. Otro punto a ser cumplido con carácter definitivo es poner fin a la aplicación indiscriminada de la llamada “Ley Antiterrorista” en el juzgamiento de los mapuches. AI expresa también su preocupación por la ilegal aplicación de esta ley contra menores de edad.
El Caso de Sergio Albornoz y Patricio Mery Bell
Es el 30 de agosto de 1988, el general Gustavo González Jure, por entonces capitán de la 13° Comisaría de La Granja, se apersonó junto al resto de su contingente policial para sofocar una protesta en contra de Pinochet y su régimen. En dicho acontecimiento disparó una bala dumdum que impactó por la espalda, específicamente en el cuello al niño Sergio Albornoz, de 14 años de edad, ocasionándole la muerte. De acuerdo al Informe Rettig, “Sergio Albornoz murió por una bala, víctima de la violencia política”.
En 2011 este luctuoso y criminal acontecimiento fue develado por el medio electrónico Panorama News (sitio periodístico dirigido por Patricio Mery). Ahí se relata cómo González Jure habría llamado aquella vez a su padre, el general González, para pedirle al subteniente de Carabineros (que hasta 2011 era teniente coronel) Miguel Ángel Ortiz que se inculpara de dicho crimen, a cambio de mantenerlo en la institución, pero con una baja condena. Hechos que fueron rememorados por el sobrino de Miguel Ángel Ortiz, el oficial de Ejército Ignacio Avello Ortiz.
Además, funcionarios activos y en retiro de la institución, y que participaron esa noche en aquellos eventos, afirman que el subteniente Ortiz, nunca estuvo en el lugar de los hechos, ya que se encontraba en la Comisaría.
Ante estos antecedentes, y después de la denunciada diseminada por Mery, el senador Alejandro Navarro denunció que “(Carabineros) no puede tener a González Jure al mando, mientras dure esta investigación (…) Hay un principio de verdad, los denunciantes incluso, uno de ellos es teniente del Ejército, dan cuenta de una necesidad de investigar”.
Todos conocemos el telón de la carrera policial de González… Premiado el 8 de septiembre de 2011, por el gobierno de Piñera, como jefe máximo de la policía uniformada.
Debido a la denuncia efectuada por Panorama News -sitio electrónico actualmente censurado, que debió cambiar su nombre en la web por Panoramas News- su director ha sido continuamente perseguido, hostigado y públicamente censurado.
Manifestaciones Estudiantiles
En el año 2011 vuelven a emerger como principales actores sociales los universitarios. En Chile casi 700.000 estudiantes de las instituciones de Educación Superior se encuentran endeudados con cifras que superan el precio del arancel total de su carrera debido al Crédito con Aval del Estado (CAE), que permite a los estudiantes comenzar a pagar su carrera después de 18 meses post – finalización con una tasa de interés, que hasta ese entonces, bordeaba el 6% que destinan a instituciones bancarias.
En el año 2011 con el gobierno de Sebastián Piñera y su gabinete se ordenó al Cuerpo de Carabineros y Fuerzas Especiales reprimir a los estudiantes. Las medidas para detener a los estudiantes fueron nefastas, marchar por la vereda, controles preventivos de identidad a centenares de estudiantes, entre otras. Se expresa un notorio gasto público destinado a las Fuerzas de Seguridad y Orden Público, aumento de número de carros lanza agua, lanza gases y móviles operativos.
En agosto del año 2011, se produjo una trágica noticia, el 25 de agosto el estudiante secundario Manuel Gutiérrez fallece a raíz de un impacto de escopeta mientras se encontraba observando una protesta con cacerolas cercana a su casa. El carabinero que lanzó la bala hoy no sufre mayores consecuencias, pues se trató de una “bala loca”, siendo ya el segundo caso de estudiantes que fallecen en protestas estudiantiles.
El jueves 26 de mayo de 2011 se registraron 118 detenidos en una protesta, desplegando mayor contingente policial. Las ambulancias socorrieron a una estudiante que sufrió tres paros cardio-respiratorios, pero tampoco dieron abasto para auxiliar a una joven que defendió a estudiantes mientras estos eran atacados por Carabineros, quien también sufrió golpes causándole un aborto tras la patada que recibió en la vagina por parte de una uniformada.
Estos hechos no son singulares y hay evidencia. El 7 de junio de aquel año una estudiante secundaria pasó a Fiscalía por maltrato de obra a carabineros; la estudiante recibió golpes de parte de carabineros y su informe médico señaló tortura, pero a pesar de esto, la estudiante estuvo en calidad de imputada por “golpear” a una uniformada.
Además de lo anterior, un sinnúmero de denuncias se masificaron a través de las redes sociales respecto de abusos sexuales que sufrieron gran parte de estudiantes secundarias y universitarias por personal policial, exponiéndose a vejámenes institucionalizados y sin pudor alguno.
Educación: ¿Bien o Derecho Social?
En julio de 2011, el entonces Presidente Sebastián Piñera dijo “requerimos, sin duda, en esta sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: es un bien de consumo“.
Ergo, Piñera explicitó lo que realmente la derecha conservadora y neoliberal piensa de un derecho humano universal y fundamental, como es la educación, es decir, que en lugar de ser un derecho social, al cual todos y cada uno de los seres humanos podemos acceder libremente, independientemente de la cuna donde nacimos, es un negocio. Si se supone que constitucionalmente el gobierno debe propender y resguardar el bien común, entonces qué prefiere Piñera, ¿o el imperio desmesurado del capital o el interés general de la sociedad?
Destruye a Candidatos de su Propia Coalición: El Caso de Hermógenes Pérez de Arce
Hernán Büchi, candidato presidencial de la derecha en 1989, había convocado a una concentración en el Estadio Nacional, donde estarían junto a él los candidatos a senadores por Santiago, cada uno de los cuales hablaría durante dos o tres minutos, antes de que lo hiciera él.
Todos los candidatos habían llevado su parafernalia, que estaba desplegada. De acuerdo a Hermógenes “La mía no le iba en zaga a la de Piñera, que tenía un globo enorme y muchos más pequeños, mientras yo tenía un zepelín de ocho metros de largo (me había costado $700.000), en cuyos costados se leía en grandes letras “Hermógenes”. Pero observé, pasmado, que sucesivamente todos mis globos y el propio zepelín emprendían vuelo a las alturas, pues alguien les había cortado las amarras. Sebastián, que estaba a mi lado en el escenario, ubicado bajo la torre sur, me miró consternado y me dijo: – ¡Hermógenes, se fueron todos tus globos!”.
Posteriormente llegó la hora de los discursos. Según Hermógenes:
“Luego me llegó el turno de hablar. Me había preparado muy bien, pero mientras trataba de elevar al máximo la voz, un joven subió corriendo hasta el podio y me dijo: No se te oye nada, habla más fuerte. Por más que traté de gritar a todo pulmón, fue inútil, casi nadie me oyó; alguien había desconectado todos los cables de los micrófonos del podio en el instante en que yo subía a hablar, de modo que el público del estadio no oyó una palabra de lo que dije… Uno o dos días después llego a mi oficina el dueño de Publicitaria Época, Fernando Silva Clarke, que había estado a cargo de parte de la propaganda de mi campaña. Me dijo lo siguiente: – Hermógenes, anoche fui a comer al restaurante (no recuerdo el nombre) y llegaron a la mesa vecina Sebastián Piñera, su hermano el cantante y otros amigos de ambos, y se vanagloriaron de que te habían cortado todas las amarras de tus globos en el estadio y te habían desconectado los micrófonos cuando hablabas. Y todos se reían mucho de sus proezas” (Hermógenes Pérez de Arce: 2009; Autobiografía Desautorizada).
Piñera El Nepotista
Entre los casos más emblemáticos de familiares de Piñera que se convirtieron en “apitutados” figuran: su hija Magdalena Piñera Morel, quien fue designada como jefa de gabinete; sus primos Andrés Chadwick y Hermann Chadwick, quienes fueron designados como ministro de la Secretaría General de Gobierno y luego del Interior el primero, y presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) el segundo.
Sus sobrinas María Irene Chadwick y Camila Chadwick, quienes se desempeñaron como directora de programación de La Moneda y periodista del Ministerio de Defensa, respectivamente. Su hermano Pablo Piñera, fue gerente general de BancoEstado (Cambio21; 13/11/17).
Narcotráfico dentro de la PDI para desestabilizar a Ecuador
En 2011, de acuerdo al periódico electrónico http://www.panoramasnews.com/: El Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, Fernando Ulloa, entregó nuevos antecedentes sobre su denuncia de tráfico de drogas, que involucra al Gobierno y al Alto Mando de la PDI.
Ulloa, dio a conocer una carta oficial, enviada por el gabinete de su Excelencia el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, que acredita que el Gobierno sabía de la denuncia del Inspector. Extrañamente, y en vez de iniciar una investigación independiente, remitió los antecedentes a los mismos denunciados, es decir, al Alto Mando de la Policía de Investigaciones de Chile.
Con esto, el Presidente confiesa que encubrió una compleja cadena de protección de una red de narcotráfico internacional, que, según fuentes de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, tiene por finalidad desestabilizar al gobierno del Presidente de Ecuador, Rafael Correa.
El 26 de Mayo del 2011, a las 12:30 hrs, el Inspector Fernando Ulloa, la Diputada Mónica Zalaquet y dos Abogados, entre ellos el conocido jurista, Aldo Duque, llegaron hasta el Palacio de la Moneda. Fueron citados para reunirse con el entonces Ministro del Interior, actual Ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, con el fin de entregar una carpeta con antecedentes sobre tráfico de drogas. Solución Final del Gobierno:… Ninguna.
Piñera: El Zombie y Los Impuestos
Históricamente ha prometido que va a bajar los impuestos, pero ha dedicado su vida a subirlos, porque creía que era lo que le daba votos y le servía para hacer buenos negocios, como cuando compró las acciones de LAN que tenía la CORFO, bajo el gobierno de Aylwin (período en que él era senador), a cambio de las facilidades que le permitieron la compra, aunque oficialmente decía que lo hacía para “legitimar el modelo”, apoyó con los dóciles votos de su partido político, Renovación Nacional, la reforma tributaria de Aylwin que llevó al incremento del impuesto a las empresas del 10 %, en que lo había dejado la dictadura cívico-militar, a 15 % en 1991. Amén, compró sociedades “zombies” (entidades insolventes que normalmente colapsarían, pero siguen operando debido a la clemencia de los acreedores), con enormes pérdidas tributarias, que imputó a las ganancias de las suyas y así se ahorró (robó) 44 mil millones de pesos en impuestos (US$69.912.190.55).
Durante su mandato presidencial también se subieron los impuestos, en específico, el royalty a la minería. Pero él, cuando subía los tributos en 2010, se llevó a paraísos fiscales en el exterior el producto de las ventas de las acciones, como socio mayoritario de Colo Colo, Chilevisión y LAN, las que implicaban las tres cuartas partes de su patrimonio. Su lema era: Los impuestos se suben a los demás, pero no a mí.
“Fin” de listas AUGE
La eliminación a fines de 2010 de las listas de espera AUGE, que fue celebrada por el gobierno, en realidad no fue tal. Un informe entregado por la Contraloría General de la República determinó que el 44,5% de ellas se resolvieron de manera administrativa sin que los pacientes recibieran la atención de salud garantizada por la ley 19.966.
Caso Censo
Realizado en 2012 omitió a al menos 9% de la población y adolece de serios problemas. Son fallas tan graves que los datos obtenidos no fueron utilizados y el censo se tuvo que repetir durante la administración Bachelet. Acarreó una pérdida al Fisco equivalente a US$60 millones.
Banco de Talca
El 28 de agosto de 1982 está marcado en el calendario personal de Sebastián Piñera como el peor día de su vida. Uno que ha querido olvidar y dejar enterrado en el pasado, pero que no lo ha abandonado en sus pesadillas. Ese día, el entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. En el mismo dictamen amplió los cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa fecha socios de Piñera y controladores del Banco de Talca, quienes ya se encontraban recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos. Piñera se salvó de ser detenido porque, advertido de la decisión judicial, optó por huir de la justicia y se mantuvo oculto durante 24 días, tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo a su favor que le garantizó su libertad. Sólo entonces, volvió y se presentó a tribunales. Al final fue salvado por la Ministra de la Dictadura Mónica Madariaga.
Caso Cascadas
Patricio Phillips, director de las empresas Cascadas, declaró a la Comisión Investigadora que el expresidente Sebastián Piñera tuvo una vinculación directa con el caso Cascadas. Phillips expuso una serie de antecedentes que a su juicio, dan cuenta de las negociaciones que el ex presidente Piñera encabezó con el fin de conseguir la fusión de las empresas Cascadas, como una manera de mejorar su posición en el negocio. Según Phillips, Piñera habría pedido a Julio Ponce Lerou una compensación de 70 millones de dólares, a través de la corredora Moneda Asset y otros intermediarios para terminar el conflicto por Cascadas. Frente a la negativa por parte del controlador de Soquimich, Piñera habría mandatado al abogado Darío Calderón, que actuaba como negociador frente a Julio Ponce, en orden a conseguir la fusión de las Cascadas.
Caso Chispas
El Caso Chispas, también llamado «el negocio del siglo», fue un escándalo bursátil y político ocurrido en Chile en 1997. Se originó por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis, lo que tuvo un amplio impacto político al alcanzar al entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y cuestionar las privatizaciones de empresas públicas a fines de la «era Pinochet». Posteriormente, en 2004, la justicia condenó a los implicados con el pago de US$$75 millones en multas, siendo sus ganancias totales de más de US$ 400 millones.
Colusión LAN Cargo
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multar a Sebastián Piñera Echeñique, director de LAN Airlines S.A, por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada. En consecuencia, la SVS resolvió multar a Piñera por UF 19.470 ($363 millones), por la operación mediante la cual adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., un total de 3 millones de acciones de LAN Airlines S.A., por un monto de $9.840 millones, el 24 de julio de 2006. Esto, dado que en su calidad de director, al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad (al segundo trimestre de 2006), los cuales no eran de público conocimiento.
Caso Penta
El año 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Uno de esos contratos era por 50 millones de pesos, cuando Piñera era candidato presidencial.
Caso SQM
El jefe de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, se refirió a las cinco facturas por $ 22 millones ($ 110 millones en total) que la empresa de Sebastián Piñera, Bancorp emitió a SQM, asegurando que “esos servicios no existieron”. Esta versión coincide con la rectificación presentada por SQM ante el SII, donde ya había reconocido que Bancorp jamás les había prestado servicios pese a recibir el dinero. Esto contradice a la firma ligada al ex Mandatario, que señaló que los servicios y asesorías si se habían realizado.
Triangulaciones en CHV
En 2009 cuando Sebastián Piñera era dueño de Chilevisión, se pagaron los bonos por desempeño a los altos ejecutivos. Ese mismo año el director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, a través de su sociedad Inversiones La Música Limitada, emitió boletas a cuatro empresas por un total de $130 millones por dicho concepto. Hasta ahora se sabe que el bono de desempeño lo pagaron Soquimich –a través de tres boletas por $45 millones– y Aguas Andinas –por la vía de tres boletas por $30 millones–. A esas compañías se suman otras dos que completan los $130 millones. Una de ellas sería una empresa también regulada. Información recogida por El Mostrador indica que esta fórmula fue solicitada por Piñera y Bancard a las cuatro compañías.
Aportes ilegales del Grupo Said
Una rectificación tributaria realizada por el Grupo Said, (Banco BBVA, Embotelladora Andina, Parque Arauco, Isapre Cruz Blanca), reveló 100 millones de pesos entregados por servicios no prestados a sociedades de Piñera en período electoral, los que no cuentan con ningún tipo de respaldo contable. A través de Inversiones Caburga, los Said Somavía destinaron $50 millones a dos sociedades del ex mandatario: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). A través de Newport (que hoy opera como Inversiones Santa Virginia), los Said Handal cooperaron con una cifra idéntica, $50 millones, pero repartidos en tres sociedades: Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.
Forwards con Bancorp
Según el testimonio de Iván Rojas, ejecutivo del grupo Cruzat, el contrato forward firmado entre Bancorp –ligada a los negocios de Sebastián Piñera– y CB el 7 de diciembre del 2009, le fue encargado por Hugo Bravo, al igual que otros 101 documentos financieros que entregó a la Fiscalía a fines de febrero. La firma de ese contrato corrió por parte de la hermana del “Choclo” Délano, Ana María, y de Santiago Valdés, hijo de uno de los mejores amigos del ex presidente, Fabio Valdés, director de Canal 13 y de empresas Penta. Un dato no mencionado hasta ahora es que el 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Incluso, un reportaje de Ciper mencionó que era conocido como el “ministro de Hacienda de la campaña”.
Milicogate
El gobierno de Sebastián Piñera realizó millonarios traspasos financieros entre Chile y el extranjero con los excedentes provenientes de la Ley Reservada del Cobre sin informar sus detalles al Congreso Nacional ni a la ciudadanía. La operación comenzó el año 2010 bajo la dirección del ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el titular de Defensa, Jaime Ravinet. “En una sesión secreta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se nos dijo que por un tema de liquidez era preferible traer los fondos a Chile desde Estados Unidos”, explicó el diputado Rincón. “Se temía que en caso de guerra hubiera un embargo de estos recursos”.
Autopréstamos para evadir impuestos
Sebastián Piñera utilizó el mecanismo de las donaciones políticas, que puede generar beneficios tributarios, para aportar $2.075 millones a Renovación Nacional (RN). Dicho dinero fue utilizado por el partido para pagar una deuda que mantenía con el mismo exmandatario. De alguna forma, fue como si Piñera hubiese sacado plata de un bolsillo para meterla en el otro. Una vez en La Moneda, Piñera implementó la fórmula con que RN saldaría la deuda. En mayo de 2010, cerró la venta de Axxion, la sociedad a través de la cual tenía participación en Lan. El Grupo Bethia desembolsó US$ 1.500 millones y asumió los pasivos y compromisos de Axxion. Entre estos últimos se encontraba la donación de los $2.075 millones a Renovación Nacional. Los aportes se realizaron de manera pública a través del Servicio Electoral (Servel) entre julio y diciembre de 2010.
Coimas en LAN
Luego de jurar que jamás se había reunido con el condenado por corrupción exministro de Transportes de Argentina, Ricardo Jaime, esto en medio de las investigaciones por el pago de coimas en las operaciones de LAN, tras aparecer evidencia que demostraba lo contrario, a Piñera no le quedó otra alternativa que cambiar su versión y reconocer que sí se había reunido con él.
Aparecer como corrupto en Transparencia Internacional
En el “Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado”, elaborado por Transparencia Internacional (organismo dedicado a combatir la corrupción política), en la sección dedicada a Chile apareció Sebastián Piñera, por el caso del abuso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN.
Sus hijos hacían boletas falsas
Administradora Bancorp y Vox Populi son las sociedades relacionadas con el expresidente Piñera que figuran en la denuncia de Impuestos Internos. A la primera se le cuestionan 15 facturas emitidas a SQM por una suma global de $318 millones. A la segunda, cinco facturas por $26 millones. Los representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano del expresidente: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; el gerente general de su family office, Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova y Cristóbal Silva Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador de Penta, Carlos Alberto Délano.
Esconde su fortuna en Paraísos Fiscales
El diputado Leonardo Soto (PS) ofició a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF), servicio especializado en impedir el lavado de activos, con el fin de recabar antecedentes sobre eventuales delitos asociados a las operaciones de la sociedad que administra fondos de Sebastián Piñera en el extranjero: Bancard International Investment. Esto, debido a que la sociedad específica que invirtió las acciones del ex Mandatario en Exalmar está domiciliada en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, lo que “desde el punto de vista de la comunidad internacional podría significar la existencia de blanqueo, lavado de activo o fraude al fisco”, según indica el diputado. El parlamentario recuerda que el precandidato presidencial de la UDI y exministro del Gobierno de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, se retiró de la carrera en 2013, cuando se dio a conocer que tenía parte de su patrimonio en paraísos fiscales.
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