Similitudes y diferencias entre España y Venezuela 

Estos elementos me hacen apreciar algunas similitudes con Venezuela que vale la pena analizar para, entre otras cosas, dejar en evidencia el doble rasero de muchos. Sin embargo, existen algunos elementos diferentes que también debemos tener en cuenta. Veamos.

Tanto en Venezuela como en Cataluña miles de manifestantes salieron a la calle con exigencias que no se ajustaban a las legislaciones vigentes ni contaban con el apoyo legislativo suficiente en los órganos competentes. En Venezuela pedían la dimisión del presidente y la suspensión de la elección de la Asamblea Constituyente (convocada por Maduro con el aval de la Constitución), ninguna de esas dos reivindicaciones contaban con apoyo legal. En Cataluña piden que sea vinculante el referéndum del 1 de octubre, lo cual tampoco se ajusta a la legalidad española.

Muchas de las voces que destacaban los miles de manifestantes opositores en Venezuela y la necesidad de que el gobierno de Maduro negociara o aceptara esas exigencias, cuando se trata de España se limitan a recordar la legalidad y exigir a los manifestantes y políticos independentistas que abandonen la ilegalidad y acepten el orden constitucional. Precisamente ese era el argumento esgrimido por los defensores del chavismo: la oposición no había ganado las elecciones presidenciales por lo que debían aceptar al presidente elegido así como la decisiones que tomara en el marco de sus competencias legales.

Mientras que las manifestaciones catalanas siempre fueron pacíficas, las venezolanas resultaban extremadamente violentas. En Venezuela los opositores asesinaron a tiros a candidatos partidarios del gobierno, quemaron vivos a varios ciudadanos chavistas y en un mismo día resultaron heridos por arma de fuego 21 policías. A pesar de ello, los gobernantes españoles y la mayoría de los medios de comunicación calificaban al gobierno venezolano de dictadura  violenta y apoyaban a la oposición. En cambio, cuando se trataba de Cataluña, defendían la legalidad del español, minimizando la violencia vivida en las calles.

Tanto en Venezuela como en Cataluña se han celebrado dos referéndum desautorizados por los gobiernos del país y legalmente no vinculantes. El de Venezuela fue el 16 de julio y lo convocaba la oposición para exigir la suspensión de las elecciones para una Asamblea Constituyente anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Ese referéndum no tenía ningún aval en la legislación venezolana  ni contó con garantías democráticas ni reconocimiento internacional. A pesar de ello fue calificado por la mayoría de la prensa española de “histórica votación en la consulta electoral” que “demostraba el músculo de la oposición”. Igualmente, sucede con el referéndum de Cataluña el 1 de octubre, que ni tenía encaje vinculante en la legislación española, ni contó con garantías democráticas ni reconocimiento internacional. Por ello la mayoría de medios siempre añadían el calificativo de “ilegal” cuando hablaban del referéndum, algo que no habían hecho con el de Venezuela, que lo más crítico que decían de él era llamarle “no oficial”. Por supuesto no calificaban el referéndum catalán de histórica votación o músculo independentista, al contrario, insistían en que el resultado no era riguroso ni fiable y no permitía arrogarse la mayoría del pueblo de Cataluña.

Mientras que el referéndum catalán se desarrolló con cargas policiales, detenciones y cientos de heridos, en Venezuela las autoridades permitieron las votaciones y no hubo ningún tipo de represión policial contra los votantes que pudieron participar sin ningún problema.

Tanto en Venezuela como en Cataluña, algunos líderes han terminado en la cárcel. En ambos casos no los ha encarcelado el gobierno, sino los jueces. Por tanto no es lícito que la casi unanimidad mediática que afirma que Maduro encarcela políticos opositores e ignora que se trataba de una decisión judicial ahora insista en que los líderes catalanes de Omnium y ANC han ido a prisión por una orden judicial y no por decisión gubernamental. No es de recibo que en Venezuela Leopoldo López y Antonio Ledezma sean “presos políticos” y en España Jordi Cuixat y Jordi Sánchez sean “políticos presos”.

Aunque todos los encarcelados son acusados de actuar contra el orden legal (sedición para unos e instigación pública el otro), las movilizaciones que agitó y lideró Leopoldo Sánchez fueron violentas y provocaron la muerte de 43 personas, cientos de heridos y numerosos daños materiales en infraestructuras públicas y privadas, sin que eso se cite en la prensa cuando se informa de su encarcelamiento. Las manifestaciones que lideraron Jordi Cuixat y Jordi Sánchez no provocaron ni muertos ni heridos y los daños materiales se limitaron a tres coches de la guardia civil.

En ambos países el fiscal general y altos tribunales son elegidos con criterios políticos. En el caso del fiscal lo eligen los gobiernos, es evidente, por tanto, que son correas de transmisión del gobierno y su misión es perseguir, en nombre del Estado, lo que se considera delito. De ahí que si el gobierno considera delito determinadas actuaciones es lógico que el fiscal inicie el procedimiento penal y busque la sanción incluso la prisión. Por ello el fiscal de Venezuela perseguía y solicitaba prisión para los opositores que entendía que habían cometido algún delito y el español hacia lo mismo contra los políticos o líderes catalanes.

Sin embargo, la mayoría de medios españoles no dejaba de insistir en que la justicia venezolana no era independiente y que el gobierno tomaba el control de la fiscalía, como si en España fuese diferente. Se difundieron las imágenes del fiscal del caso Leopoldo López saliendo de Venezuela para instalarse en Estados Unidos acusando al gobierno de haberle presionado. No dejaba de ser la versión y la interpretación de una sola persona sin más pruebas, incluso resultaba ilógico haber aceptado las presiones durante el proceso y solo después de la sentencia salir del país para denunciarlo, hubiera bastado con dimitir de su cargo y no aceptar formar parte de la situación. En cambio, en España, el fiscal general del Estado, fue reprobado por la mayoría de los diputados del Parlamento español. PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC y parte del Grupo Mixto apoyaron una moción que pedía el cese del fiscal por su parcialidad y “por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones”.