Exigimos abrogación de ley que clasifica como secreto por 50 años los archivos Valech impidiendo la acción de la Justicia

Ante el anuncio de levantar el secreto por 50 años y entregar a los Tribunales de Justicia los testimonios recabados por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura conocida como Comisión Valech, que funcionó en Chile entre noviembre del año 2003 y noviembre del año 2004, la Comisión Ética Contra la Tortura declara lo siguiente:

La Ley 19.992 del 24 de diciembre de 2004, aprobada por el parlamento en tiempo récord y promulgada por el Presidente Ricardo Lagos Escobar, en su Artículo 15 estableció 50 años de secreto sobre los antecedentes entregados por las y los sobrevivientes de tortura, ante la Comisión Valech. En concreto decretó que “Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (…)  «El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años» y «mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo».

Declaramos hoy como ayer que esta es una disposición aberrante que viola flagrantemente la propia Constitución dictatorial, las leyes y los tratados internacionales de los que Chile es Estado Parte. Basta recordar que esta disposición fue cuestionada en su momento por varios ministros de Corte y por el conjunto de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Con esa ley, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura procedió exactamente al revés de la Comisión Rettig que al conocer los delitos de ejecución y desaparición forzada de personas envió a los tribunales de Justicia todos los antecedentes recogidos para que se iniciaran las investigaciones correspondientes.

Hace 13 años fue aprobada esta ley y desde igual tiempo estamos solicitando al Gobierno y al Congreso, su abrogación y el levantamiento del secreto sobre la documentación y demás antecedentes que acompañaron la presentación de las y los sobrevivientes de tortura, con los que la Comisión de Prisión Política y Tortura procedió a formarse la convicción y, por tanto, a reconocer y calificar de acuerdo al marco legal de trabajo de esa comisión de Verdad que 28.459 personas habían sido torturadas por agentes del Estado de Chile, utilizando para ello más 1.200 centros de tortura y exterminio.

Somos enfáticos al señalar que el Gobierno de Lagos no aseguró el secreto sobre los nombres de las víctimas. De hecho, el nombre completo de las y los sobrevivientes de tortura y su RUT fueron publicados en documentos oficiales sin que nadie fuese consultado al respecto.

El Presidente Lagos con la Ley 19.992 aseguró el secreto sobre los datos de los agentes perpetradores del Estado. Agentes, que en numerosos medios de prueba aportadas por las víctimas aparecían firmando con su nombre completo, grado, función y timbre que los prisioneros se encontraban en tal o cual campo de concentración bajo su cargo, en condición de prisioneros de guerra, comúnmente secuestrados en prisiones secretas (supervisadas por una Secretaria Nacional de Detenidos dependiente del Coronel jefe de la DINA Manuel Contreras y del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros), personas recluidas en campos de concentración, sin orden de ningún tribunal de la República, expuestos a un futuro incierto, castigados, incomunicados de sus familias,  vulnerados en su integridad física y psíquica. Antes de la amnistía de 1978 muchos prisioneros fueron sentenciados por Consejos de Guerra, otros, ejecutados sumariamente y otros hechos desaparecer. Luego, A fines de los años ‘70, comienzos de los ‘80, los opositores eran detenidos por agentes de la policía política (CNI) y requeridos por el Ministerio del Interior: en esa época firmaban las órdenes de detención el Subsecretario de Interior Enrique Montero Marx y el titular de la Cartera el civil Sergio Fernández, y por otros más Ministros del Interior en la dictadura cívico – militar. Por lo tanto, en el Informe están los antecedentes de los mandantes y de los ejecutores y las estructuras de la policía política que sembró el terror y la muerte en nuestro país desde el mismo 1973 hasta marzo de 1990.

Con el Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, el país conoció en su real dimensión los alcances del Terrorismo de Estado. El Gobierno de Lagos y los parlamentarios de la época tomaron conocimiento de hechos que eran constitutivos de delitos y legislaron para impedir que los Tribunales de Justicia en tanto otro Poder del Estado, investigara el crimen de tortura que había sido masiva, permanente y sistemáticamente aplicado. Chile estaba frente a delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, y cuyas secuelas son no sólo individuales, sino también colectivas y aún pesan sobre el tejido social.

Hasta la fecha, las personas calificadas como ex presos y torturados por Comisiones de Verdad ascienden a un total de 38.254 personas. Este número tan alto de víctimas sobrevivientes no considera los casos de tortura que fue aplicada in situ en las poblaciones y en los allanamientos; en los campos y en zonas apartadas donde las personas fueron brutalmente torturadas sin llegar a ser prisioneras; tampoco considera la tortura realizada a los extranjeros que se encontraban en Chile; ni a los chilenos torturados en el extranjero como, por ejemplo, en el Plan Cóndor; los niños y niñas que fueron secuestrados para que sus padres se entregaran; tampoco consideraba a los niños y niñas nacidas en prisión y cuyas madres fueron torturadas durante la gestación ni menos a los ex prisioneros fallecidos, que  silenciaron esa experiencia, antes del funcionamiento de los registros en estas comisiones.

Hoy, más de un centenar de ex agentes violadores a los derechos humanos se encuentran condenados y recluidos en Punto Peuco. Otros cuantos han sido procesados y condenados a penas irrisorias ante la magnitud de los crímenes cometidos. Hay una parte de agentes que están en libertad gozando de las medidas de prescripción sin pagar su deuda con la sociedad. Todos ellos, sin excepción hacen uso irregular de recursos del Estado. Algunos se han jubilado por estrés post traumático, es decir, tienen secuelas de la tortura que aplicaron a los ex prisioneros/prisioneras. Es el estrés causado por los asesinatos cometidos y el ocultamiento de la Verdad para evitar la Justicia y gozar de plena impunidad.

El Ministro de Defensa José Antonio Gomez señaló en agosto pasado, ante la Comisión de Defensa del Parlamento, que 5.900 efectivos en retiro perciben, además de su pensión, las pensiones llamadas de inutilidad de segunda clase, es decir, por estrés post traumático. Contrario a ello, las y los sobrevivientes siguen luchando por obtener una Reparación material digna y justa dado que el presidente Lagos determinó que la pensión para los sobrevivientes de tortura no fuese semejante a la que perciben los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados, tal como fue propuesta por la propia Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.

Queremos señalar que las graves violaciones a los derechos humanos alcanzaron en Chile a 41.467 personas entre desaparecidos, ejecutados y presos sobrevivientes; y los juicios hasta ahora realizados abarcan un 2,65% del total de víctimas.  Este es el resultado de la Justicia en la medida de lo posible. Entonces, debemos decir que hay pacto de silencio y que todos los poderes del Estado han actuado en favor de los perpetradores. Que la impunidad se ha visto favorecida con leyes que convierten la información pública en secreto.

El no castigo a los graves crímenes cometidos ha generado una cultura de impunidad que produce nuevas impunidades. Ya no sólo se trata de impunidad a la tortura y a la muerte, sino el no castigo a los delitos económicos cometidos por militares y policías; la no justicia a la corrupción, colusión, elusión y evasión que realizan los poderes económicos; la no legitimidad de leyes que se aprueban en un parlamento capturado por el empresariado, en un sistema político corrupto que transgrede día a día los derechos de las personas.

Impunidad que se asocia a la pérdida de memoria y que insulta el clamor de justicia tildándolo de venganza. Impunidad que consagra una justicia aplicada a destiempo, a veces con tardanza de más de 40 años, con condenas que no dicen relación con los delitos cometidos y que tampoco puede mostrar la igualdad ante la ley de criminales de lesa humanidad y delincuentes.

Decimos basta y tal como ayer reclamamos por VERDAD, JUSTICIA y REPARACION INTEGRAL para los sobrevivientes de tortura.

Juicio y castigo a los criminales y que de una vez por todas rompan los pactos de silencio, las leyes que consagran impunidad y nos DIGAN DONDE ESTÁN LOS DESAPARECIDOS y asuman como soldados que dicen que son sus responsabilidades ante los atroces crímenes que cometieron. 

COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA

Santiago, Septiembre de 2017

COMISION ETICA CONTRA  LA TORTURA
16 años luchando contra el crimen de la tortura

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La Comisión Ética contra la Tortura adhiere al movimiento
DECLARAMOS ILEGAL LA POBREZA,
forma de tortura permanente que ataca a miles de seres humanos