Porque no tenemos derecho de olvidar

Se acerca el 11 de septiembre, fecha que implica reforzar nuestra lucha por la memoria histórica, la que con el paso de los años se ha hecho cada vez más frágil, con sectores de centro izquierda dispuestos al olvido y con una derecha política, que relativiza los atropellos a los derechos humanos y los crímenes atroces que se cometieron en nombre de una guerra que nunca existió.

Aunque pasen los años nuestro deber moral, como ciudadanos y ciudadanas, es el reconocimiento para las víctimas de la dictadura cívico militar, el que debe ser un reconocimiento institucional, por tanto, permanente, con medidas eficaces para la reparación con dignidad, de los ex presos políticos y para todas y todos quienes sufrieron el terrorismo de Estado. Así mismo significa, establecer sin ambigüedad las responsabilidades de quienes cometieron estos actos de barbarie, profundizando el accionar de la justicia, realizado hasta ahora, en juicios específicos.

El reconocimiento institucional implica además, instalar una práctica del Estado de derecho, que es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Fortalecer los espacios de memoria actuales y la creación de otros, en lugares concretos. El diseño e implementación de políticas de educación, basadas en la memoria histórica y en el respeto a los derechos humanos.

Tiene que ver con instalar un discurso, en las instituciones el Estado, que permita llevar adelante políticas de derechos humanos, que de verdad aporten a que nunca más se repitan los hechos y las consecuencias vividas. Desplegando la educación en derechos humanos, vinculada a la memoria histórica, en el sistema educativo, en las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Esto significa terminar con la idea mentirosa, de que en Chile “hubo una guerra y que, por tanto, las FFAA cometieron excesos, porque tuvieron que actuar para evitar el caos la anarquía y caer en el comunismo”, que es el argumento recurrente de la derecha hipócrita y de los sectores de la DC, para eludir sus responsabilidades en su participación, para quebrar la democracia y en apoyar el golpe de estado en 1973.

Ya sabemos que, para garantizar el proceso de transición, hubo un acuerdo no sólo político, sino también social, para no abordar estas cuestiones directamente, acuerdos que se justificaron en el temor a unas supuestas consecuencias no deseadas. No comparto ese argumento, pero ya es hora de pasar a una etapa distinta, es necesario vincular la memoria histórica y la democracia, enfrentando nuestro pasado de manera sincera, no en base a acuerdos espurios, que al final desdibujan la verdad a favor de la impunidad.

Ya no es posible, a 44 años del golpe de Estado, mantener vigente la ley que ordena el secreto, por 50 años, de los contenidos de las denuncias recibidas por la Comisión Valech y que prohíbe el acceso a dichos datos al Poder Judicial y a nosotros los ciudadanos. Una prohibición que ha impedido dar a conocer la extensión y la brutalidad del daño causado a miles de chilenos y chilenas y que ha protegido, como un manto de impunidad, a quienes son los hechores de esos brutales y cobardes crímenes.

La democracia y el estado de derecho, postdictadura, que se construyeron, aún mantienen las reminiscencias de la dictadura cívico militar de Pinochet, se les otorgo impunidad y espacios de poder a los mismos que ayer, hoy remozados, violentaron la democracia y refundaron a balazos el país, para imponer un modelo económico y social afín a sus intereses.  Ese modelo no ofrece un marco de garantías institucionales claras e irrevocables de los derechos ciudadanos y humanos para todos los chilenos y chilenas, su base ética se resquebraja a cada momento, con uno y otro caso de corrupción, lo que demuestra su vínculo con el pasado, cuando el poder se impuso por medio del abuso, la trampa, el terrorismo la muerte y la destrucción.

El próximo 11 de septiembre es para reflexionar, para recordar y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, también para sacar lecciones y una oportunidad importante, para fomentar la reflexión de aquellas nuevas generaciones, que no vivieron directamente las brutalidades de la dictadura, aunque también son víctimas de sus secuelas.

Mirar al pasado no constituye buscar la revancha, sino que, es necesario para que ese pasado se constituya en una fuerza viva, en la configuración del presente y en un elemento constitutivo de las luchas políticas actuales.

En este contexto, el 44 aniversario del golpe cívico militar no puede separarse de la acción que inicio la cadena de actos represivos, que marcaron la brutalidad y la cobardía con la que actuaron los militares chilenos. Creo que el bombardeo a la Moneda, que realizaron los oficiales de la Fuerza Aérea, Fernando Rojas Vender, (quien llegó a ser Comandante en Jefe de la FACH), Ernesto Amador González Yarra, Eitel Von Mühlenbrock, Gustavo Leigh Yates y quien coordino la operación aérea en tierra Enrique Fernández Cortez, es una clara prueba de ello.

Un ataque violento, que quedo en la memoria de todos quienes lo presenciaron y luego vieron, en todo el mundo, por las cadenas de televisión. Un bombardeo irracional, a la casa de gobierno, planificado y ejecutado por militares fanáticos, con el objetivo de asesinar al presidente de la república.

Este es un hecho, que aun pasen los años no se borra, todavía sobrecoge el escuchar los audios y ver las imágenes, con Salvador Allende hablándole a su pueblo, mientras era atacado, con una claridad infinita y luego defendiendo su vida y la dignidad de Chile en condiciones desiguales, junto a una veintena de sus más cercanos colaboradores.

Aún está en nuestras conciencias la voz de Allende:

“En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos acribillen. Pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por mandato consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo entregado por su pueblo en elecciones libres y democráticas…………  Seguramente ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción Que sean ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron: soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha auto designado comandante de la Armada, más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, y que también se ha autodenominado Director General de carabineros. Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo…………….

Cuarenta y cuatro años después, las lecciones de ese pasado brutal, por distintas razones, aún no se sacan, convivimos en democracia, con la misma doctrina militar que en las Fuerzas Armadas motivo y justifico el golpe cívico militar de 1973. La que hoy permite que se le rindan honores a los generales y almirantes traidores, los que no trepidaron en asesinar al comandante en jefe del ejército general Rene Schneider y al propio presidente de la república Salvador Allende para lograr sus propósitos.

Las Fuerzas Armadas continúan siendo instituciones aisladas respecto de la sociedad y de su necesario control, aislamiento intencional que permitió, que un grupo de oficiales superiores ambiciosos, traicionaran su juramento y los valores institucionales, arrastrando a los militares a una guerra en contra de un pueblo indefenso y transformándolas en ejecutores del terrorismo de estado.

Hoy ese aislamiento es la fuente de los abusos y de la corrupción que esta corroyendo a las FFAA, permitiendo que, en los estratos más altos del mando militar, un grupo privilegiado de oficiales superiores y subalternos, que se rigen por leyes propias, como una casta, hayan estafado al Estado, enriqueciéndose y esquilmando el tesoro público, actuando en un mundo cerrado, con desprecio a la civilidad y a la organización política y social.

En 28 años de gobiernos postdictadura, la reforma a las FFAA continua pendiente, en los años 60 y 70 los militares fuimos formados y adoctrinados en un concepto de defensa disociado con el desarrollo y la realidad del país. Nos adoctrinaron y comprometieron, como institución, con la Doctrina de la Seguridad Nacional, (DSN, creada por EEUU para oponerse a la expansión comunista en el continente), asimilándola como parte del ideario del soldado profesional

El eje doctrinario de la DSN fue el rechazo al marxismo y al comunismo, lo que en la práctica se traducía en el rechazo al gobierno de Allende, identificando a los partidos, de la izquierda, a la organización social y sindical, como el enemigo interno.

Hoy, las FFAA chilenas y carabineros mantienen una política de defensa disociada con el interés nacional, aun la DSN es la base de la formación de los futuros oficiales y suboficiales y continúan conformando un mundo y una realidad separada del interés nacional.  Si bien es cierto los planes de formación de los Oficiales y Sub Oficiales de las FFAA incluyen la catedra de DDHH esta excluye lo referido a la memoria histórica, lo que facilita no cuestionar las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante la dictadura militar y la conciencia de que los autores, civiles y militares, de los crímenes de lesa humanidad, deben ser perseguidos por todo el tiempo que se requiera y con toda la retroactividad necesaria, asumiendo la no prescripción de estos delitos, su rechazo a la amnistía y a la obediencia debida.

Las Fuerzas Armadas son un sistema que se reinventa con el capitalismo, genera una cultura amarrada a la negación de la memoria, a la sistemática liquidación del pasado y a una apuesta por el presente sin asumir sus responsabilidades.

La casta militar que generación tras generación se adueña del mando institucional de las FFAA, apuesta al olvido para sobrevivir, porque tienen un peso sucio en la conciencia. Estos interpretan la historia encerrados en su mundo, adulterando los hechos, venerando a criminales como los que asesinaron a miles de mapuches y sus familias durante la “pacificación de la Araucanía”, en la matanza de obreros y a sus familias en la escuela Santamaria de Iquique en 1907, y en los años de la reciente dictadura.

Así entonces, recordemos este 11 de septiembre, reflexionando sobre las lecciones que no hemos querido sacar, para construir una sociedad distinta a la sociedad desigual que estamos viviendo. Un país en el que podamos existir como ciudadanos y ciudadanas sujetos de derecho, asumiendo el presente con el pasado irrenunciable, porque no tenemos derecho de olvidar,

Ni perdón ni olvido

–El autor, Enrique Villanueva M., es ex militar que se opuso al golpe de estado de 1973