La nebulosa que rodea los $16.200 millones que recaudó Carabineros por control de armas

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En los últimos diez años Carabineros ha recibido más de $16.200 millones por fiscalizar la tenencia de armas. Hasta hoy, no hay claridad sobre el destino que la policía le ha dado a esos recursos, pues CIPER comprobó que durante años los rindió solo con “certificados de buena inversión”, una fórmula que no detalla en qué se ocupan los fondos y que se utiliza exclusivamente para los “gastos reservados”. Lo preocupante es que entre 2012 y marzo de 2017 estos dineros fueron administrados por el general Flavio Echeverría y el coronel Jaime Paz, quienes ahora están en prisión preventiva, imputados como cabecillas del mega fraude que afectó a Carabineros y que ya suma más de $25.500 millones. De hecho, en esa investigación la fiscalía ya detectó a dos oficiales y un civil que se apropiaron de dineros recaudados por fiscalizar armas y explosivos.

Los funcionarios que desviaron los fondos son el capitán Sergio Bracamonte Villalobo y el comandante Javier González Brito. Según la declaración prestada por Bracamonte –citada en un reportaje de The Clinic–, él se coludió con González Brito para girar cheques a nombre de Mario Figueroa, un proveedor de Carabineros que ya está formalizado. Por esta vía se desviaron casi $805 millones, según cifras difundidas también por The Clinic, desde las cuentas de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas, de la cual depende el Departamento OS-11, encargado de la fiscalización de las armas y explosivos.

Los más de $16.200 millones que Carabineros recibió entre 2006 y 2016 corresponden al 50% del total que cobra la policía uniformada por los trámites que deben hacer los tenedores, usuarios y comerciantes de armas, municiones y explosivos. La autoridad encargada de la aplicación de la Ley de Control de Armas es la Dirección de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ministerio de Defensa. Para cumplir con su rol, la DGMN se apoya en 64 unidades de Carabineros repartidas por todo el país donde se deben realizar y pagar los trámites asociados a la tenencia y uso de armas. Estas unidades son conocidas como “Autoridades Fiscalizadoras” (vea la nómina de todas las AF).

En un país donde el temor a la delincuencia ha convertido a la seguridad privada en un negocio millonario, las ventas de armas se han multiplicado. A junio de este año, las inscritas y sometidas a control sumaban 811.432, lo que representa un aumento de casi 7.500 armas respecto del mismo periodo de 2016 (cuando había 804 mil), según datos de la DGMN.

Con ello, también se ha  incrementado la recaudación de los pagos que deben hacer los tenedores de armas por los permisos para inscribirlas, transportarlas o venderlas. En el bienio 2005-2006 las Autoridades Fiscalizadoras de Carabineros recaudaron solo $176 millones por estos trámites. Diez años después esa cifra se disparó a $5.096 millones, según los registros oficiales de 2016. Ese monto llega a la DGMN, la que por ley le reembolsa luego a Carabineros la mitad.

Inicialmente, estas inscripciones y permisos se podían hacer en unidades de las Fuerzas Armadas, pero desde 2009 –año en que la recaudación comenzó a registrar su mayor incremento­– los trámites solo se hacen en unidades especiales de Carabineros. La ley establece que el 50% de lo recaudado, debe volver a la policía uniformada para reinvertirse en las mismas unidades que actúan como Autoridades Fiscalizadoras. Pero, CIPER comprobó que Carabineros ha reinterpretado las normas y por años ha administrado esos recursos de manera centralizada y sin rendir el detalle de cómo los gasta.

El siguiente cuadro muestra cómo han evolucionado los ingresos de Carabineros por su labor de fiscalización de la Ley de Control de Armas:

Hasta 2015, la DGMN debía supervisar el uso que Carabineros le daba a estos recursos. Durante años intentó que la policía le rindiera en detalle en qué ocupaba los dineros. Nunca lo consiguió. Y así se lo hizo saber a la Contraloría, lo que quedó plasmado en un dictamen de esta última, fechado en mayo de 2015 (vea ese dictamen).

Las consultas y solicitudes de acceso a información pública realizadas por particulares que también pretendían conocer en qué ha gastado Carabineros estos fondos, corrieron igual destino: nunca consiguieron una respuesta detallada.

La nebulosa que cubre el destino de estos recursos llegó a un punto crítico en marzo de este año, cuando quedó en evidencia que los cabecillas del mega fraude también habían administrado los dineros provenientes del control de armas. Peor aún, cuando poco después se supo que al menos dos oficiales que tenían a su cargo estos fondos –Bracamonte y González­–, se habían apropiado de ellos. De hecho, la Contraloría desarrolla en estos días una inspección a estas cuentas de la policía, en una visita que ya se ha extendido por varios meses.

QUEJA DE USUARIOS: NO SE VEN INVERSIONES

En un reportaje de El Mercurio del 19 de febrero pasado, la jefa del equipo investigativo del OS-11, la teniente Pablina Hirsch, admitió que hay deficiencias en la fiscalización de la Ley de Control de Armas y sostuvo que estas se originan por “falta de recursos”. Hirsch detalló la precariedad con que trabaja la Autoridad Fiscalizadora de Santiago:

“Solo tenemos una camioneta, quizá no debería decirle, pero sí. La cantidad de usuarios para la cantidad de personas que tenemos disponibles para fiscalización es muy baja. Es poco el recurso humano con el que se cuenta. Hay 36 personas, incluyendo lo administrativo. En el área de fiscalización, como tal, deben ser unas 10 personas para cubrir todo Santiago. Por eso ahora estamos solicitando recursos humanos, porque no se puede cumplir con todo”, dijo la funcionaria a El Mercurio.

Los dichos de Hirsch causaron sorpresa en las asociaciones de tiradores deportistas y usuarios de armas, debido a que la Autoridad Fiscalizadora de Santiago es la que recauda más dinero a nivel nacional. Según los registros de la DGMN, a la AF de Santiago ingresaron $1.559 millones en 2016, correspondientes al 30% de los pagos hechos en todo el país ($5.096 millones). Si la ley se cumpliera al pie de la letra, la Autoridad Fiscalizadora de la capital debió haber recibido $779,5 millones, correspondientes al 50% de lo que recaudó en 2016, para invertirlo precisamente en mejoras al servicio.

El 21 de febrero, dos días después de la publicación del reportaje en el que el OS-11 se quejó de falta de recursos, El Mercurio difundió una carta del presidente de la Asociación de Armerías de Chile, Ennio Mangiola. En ella, el empresario denunció que este argumento de Carabineros es inaceptable, ya que durante años la policía ha recibido cuantiosos recursos provenientes de la DGMN que, por ley, deben ser invertidos únicamente en la mejora del servicio de fiscalización. Además de quejarse por el mal servicio que presta la Autoridad Fiscalizadora de Santiago, Mangiola también acusó falta de transparencia sobre el uso que Carabineros da a los dineros recaudados:

“He solicitado a través de la Ley de Transparencia, en varias oportunidades, a Carabineros la rendición de gastos de esos dineros, pero las respuestas han sido lamentables, por decir lo menos. No es justificación la falta de recursos para achacarla a la mala función que cumple Carabineros en Santiago para el control de armas. Además de contar con unas instalaciones deficientes para la atención de público (…), Carabineros está incumpliendo la Ley de Control de Armas en la que se expresa que el 50% de los dineros generados en esa unidad deben ser invertidos y gastados en mejorar las condiciones de servicio”.

El jefe de la DGMN, general de Ejército Carlos Ricotti, señaló a CIPER que aunque ya no es responsabilidad de su organismo supervisar los gastos en que incurre Carabineros (en 2015 esa fiscalización pasó a la Contraloría), sí están permanentemente preocupados por el nivel del servicio que dan las AF. En sintonía con las quejas de Mangiola, el general Ricotti reconoció que hay fallas en la atención:

-Hay algunas insatisfacciones en cuanto a personal, demoras, etc. Estamos tratando de mejorar los instrumentos de medición y evaluación. Hemos puesto un sistema de georreferenciación para los vehículos fiscalizadores. En general, el servicio es normal, pero en la AF de Santiago tienen muchos clientes y poco personal, por lo que ha habido discrepancias.

La Contraloría también ha constatado que, a pesar de los significativos montos que se debiesen inyectar al sistema, en algunos trámites se producen demoras inexplicables y contrarias a lo que determina la ley. En el caso de los “padrones de armas”, la norma establece que deben ser entregados el mismo día en que son requeridos, pero en la AF de Santiago los usuarios debían volver dos días después para retirarlos. “No se advierte fundamento para que dicha gestión se difiera”, señala el dictamen de la Contraloría publicado el 15 de mayo de 2015.

En agosto de 2014 el director de la DGMN, el general Óscar Mezzano, ya había sido advertido sobre la mala gestión de las Autoridades Fiscalizadoras de Carabineros. En una carta, los presidentes de 11 agrupaciones de usuarios, deportistas, cazadores, coleccionistas y armeros, denunciaron, entre otras deficiencias “incumplimiento de horario de atención de público”; “no entrega de documentación que por ley debe ser inmediata” y “funcionarios que no se encuentran en su puesto (…) a pesar de ser funciones exclusivas (…) por encontrarse haciendo ‘servicios especiales’” (ver el reclamo a la DGMN, firmado por dirigentes de 11 organizaciones que agrupan a más de 300 mil personas).

$11.600 MILLONES EN MANOS DE ECHEVERRÍA

La dura carta escrita por Mangiola y publicada por El Mercurio hizo mucho ruido en los círculos de deportistas y usuarios de armas, donde se venían incubando las quejas por deficiencias en el servicio que presta Carabineros y dudas respecto del uso de los dineros.

Apenas 12 días después de la publicación de la carta de Mangiola, un nuevo antecedente aumentó la temperatura de la controversia y atizó las suspicacias: el 6 de marzo Carabineros reconoció que en su Dirección Nacional de Finanzas se había gestado el fraude que en ese momento involucraba el robo de $8 mil millones y que, transcurridos cuatro meses, ya suma $25.500 millones.

La alarma se encendió entre los tenedores de armas cuando fueron formalizados como cabecillas del gran desfalco el general Flavio Echeverría y el coronel Jaime Paz, los mismos que administraban los fondos provenientes de las Autoridades Fiscalizadoras.

CIPER tuvo acceso a dos documentos que figuran en los registros de la DGMN y que demuestran que los dineros recaudados por las AF pasaban por las manos de Echeverría y Paz. El primero es un oficio del 13 de mayo de 2013 firmado por el general Flavio Echeverría, en el que confirma que recibió desde la DGMN un cheque por $226 millones y que lo depositó en una cuenta corriente de la Dirección de Intendencia de Carabineros. El segundo es el “acuse de recibo” que certifica que efectivamente se hizo ese depósito, firmado por el coronel Paz, entonces jefe del Departamento I de Presupuestos y Finanzas (vea el oficio y el “acuse de recibo”).

Mientras Echeverría y Paz estuvieron a cargo de la recepción y administración de estos recursos, los fondos que recibieron por control de armas sumaron $11.600 millones. En ese lapso, Carabineros nunca rindió en detalle en qué gastó esos millones. Su destino se mantuvo en la nebulosa, a pesar de que la DGMN en distintas ocasiones pidió a la policía que informara cómo habían sido invertidos.

El más duro round entre la DGMN y Carabineros por la rendición del gasto tuvo lugar en 2014. El año anterior la Contraloría revisó las cuentas de la DGMN y emitió un informe en el que advirtió “falta de control” sobre el destino del 50% que reembolsaba a Carabineros. En marzo de 2014 el jefe de la DGMN, general Óscar Mezzano, informó al entonces general director de Carabineros, Gustavo González Jure, y a su director de Finanzas, general Flavio Echeverría, que debido a las exigencias de la Contraloría debían remitir a la DGMN la cuenta de los fondos y su inversión (vea esos oficios).

Cuatro meses después, el entonces jefe de la Dirección de Seguridad Privada y Control de Armas, general Christian Fuenzalida López, envió la rendición del mes de junio. En ella, indicaba que ese mes Carabineros había recibido $182,3 millones correspondientes al 50% de lo recaudado. Y, haciendo caso omiso de la instrucción impartida por el general Mezzano, volvía a rendir los gastos de manera genérica, de forma que resultaba imposible establecer en qué se habían invertido realmente los fondos. Escuetamente, Fuenzalida informó a la DGMN que el dinero “se encuentra siendo invertido conforme a la normativa legal vigente, para el cumplimiento de las tareas propias de las AF a nivel nacional” (vea esta rendición).

Poco después, el 17 de noviembre, Carabineros volvió a desafiar la autoridad del jefe de la DGMN. Esta vez mediante una rendición firmada por el general Ricardo Solar Roberts, a esa fecha jefe de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas. En su informe, el general Solar solo manifestó que los montos estaban siendo “invertidos conforme a la normativa legal vigente” (vea esta rendición).

La controversia escaló hasta quedar plasmada en documentos oficiales de la Contraloría. En 2013, el órgano fiscalizador inspeccionó las cuentas de la DGMN y en su informe final –agosto de 2014–  señaló una falta de vigilancia desde ésta última sobre la reinversión de los recursos de las AF. En sus descargos, la DGMN indicó que le solicitó al director de finanzas de Carabineros que informara sobre los recursos traspasados.

Un año después, en su dictamen del 15 de mayo de 2015, la Contraloría volvió a cuestionar el punto, indicando que Carabineros ha rendido ante la DGMN con “un certificado de buena inversión, situación que ha sido observada(reprochada) y no enmendada a la fecha”.

El conflicto entre la DGMN y Carabineros fue zanjado en 2015: se determinaron nuevas normas para rendir los recursos transferidos por las recaudaciones de control de armas. Con esta reforma, Carabineros ya no debe rendir ante la DGMN, sino directamente a la Contraloría.

El general Juan Irigoyen, jefe de la Zona de Seguridad Privada de Carabineros, de la cual depende la fiscalización de armas y explosivos, explicó a CIPER en qué consistió la reforma de 2015: “Se modificó la rendición de cuentas y se implementó un formato que detalla mensualmente lo recibido y los gastos realizados”.

CIPER tuvo acceso a la rendición de los recursos en agosto de 2016, bajo esta nueva modalidad. Y allí se constata que el detalle del gasto no es preciso. Según el documento, a esa fecha los ingresos eran $2 mil millones y los gastos $1.227 millones. La rendición, que muestra en qué se ocuparon esos dineros, solo consigna gastos genéricos, similares a cómo se rinden los gastos reservados: “alimentos y bebidas”, “arriendos”, “máquinas y equipos”, entre otros (vea esta rendición).

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN

Entre los trámites que se hacen en cada una de las 64 AF de Carabineros, se cuentan, por ejemplo: autorización para comprar un arma de fuego nueva (que tiene un costo de $26.450); inscripción de un arma por primera vez ($13.400); permiso para comprar cartuchos para armas de defensa personal ($13 por unidad, hasta 100 unidades) o para internar un arma al país ($40.300). Según un dirigente de una asociación de tiro deportivo, el costo de los trámites puede alcanzar el 40% del precio del arma: “Por lo bajo, un arma puede costar unos $300 mil, y para tener todo en regla se requieren otros $120 mil”.

Cada semana las Autoridades Fiscalizadoras le transfieren a la DGMN el 100% del dinero recaudado. Posteriormente la DGMN debe devolver a Carabineros el 50%. Es en este punto donde se produce una diferencia clave en la interpretación de la norma.

El artículo 26 de la Ley de Control de Armas es el que determina cómo y en qué se deben ocupar estos fondos: “(La DGMN) proporcionará, por intermedio de sus respectivas instituciones, a las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de Carabineros que se desempeñen como autoridades fiscalizadoras, el 50% de los derechos y multas recaudados por cada una de estas, para que cumplan las funciones que le encomienda esta ley”.

La interpretación que hace la Contraloría de la ley es que el 50% de lo recaudado en cada AF de Carabineros debe ser reinvertido en esas unidades. Así queda de manifiesto en al menos dos documentos del órgano fiscalizador: el Informe Final Nº 206 de Auditoria a la DGMN, de agosto de 2014, y un dictamen del 15 de mayo de 2015, emitido en respuesta a una presentación del abogado Cristián Salas Hoernig, representante de la Federación Chilena de Tiro Práctico.

“En lo que respecta a sus ingresos, la DGMN (…) debe transferir a las aludidas AF el 50% de los recursos recaudados (…) para financiar la compra de bienes y servicios de consumo e inversión real, necesarios para el cumplimiento integral de las funciones que la ley les encomienda”, señala el Informe Final N°206.

El dictamen de 2015, en tanto, indica: “(El artículo 26 de la Ley de Control de Armas) ordena que el 50% de estos (los fondos recaudados) deben ser proporcionados (…) a las autoridades de Carabineros de Chile que se desempeñen como autoridades fiscalizadoras ‘para que cumplan las funciones que les encomienda esta ley’”.

La misma interpretación de la norma que hace la Contraloría, la comparten la DGMN, las agrupaciones de tiro deportivo y la asociación de armerías. De hecho, la DGMN le transfiere los recursos a la Dirección de Finanzas de Carabineros, notificando el detalle del 50% de lo recaudado por cada AF.

En cambio, la lectura que hace Carabineros es que puede administrar los recursos de manera centralizada. Esta interpretación permitió que, entre 2012 y comienzos de 2017, la Dirección de Finanzas de Carabineros –entonces encabezada por el ahora formalizado general Flavio Echeverría–, administrara y rindiera de manera genérica estos gastos, sin entregar el detalle por cada Autoridad Fiscalizadora. Esta fórmula laxa, a su vez, facilitó que los oficiales Bracamonte y González se apropiaran de los recursos, fingiendo pagos a proveedores.

LA RESPUESTA DE CARABINEROS

En entrevista con CIPER, Eric Carvajal, asesor jurídico de la Zona de Seguridad Privada, explicó la interpretación que Carabineros le da a la ley: “(Los recursos) no son un patrimonio que tenga que reinvertirse directamente en las AF (que los recaudaron). Lo que sí tiene que hacer Carabineros, particularmente el OS-11, es invertir esos dineros exclusivamente en las AF. Y eso es lo que se hace”.

Según la explicación del abogado Carvajal, esa modalidad permite que las AF que más recaudan (como la de Santiago), terminen “subsidiando” a aquellas que facturan menos y que deben fiscalizar territorios extensos, como la de Aysén (sumó apenas $6,7 millones en 2016).

El general Juan Irigoyen, jefe de la Zona de Seguridad Privada de Carabineros, explicó a CIPER que el dinero proveniente del 50% se gestiona de forma centralizada para financiar “las necesidades de cada una de las AF: consumos básicos, viáticos, arrendamiento de inmuebles en algunos casos y todos los recursos logísticos que necesiten”. Las inversiones se determinan, dijo, a través de “proyectos” que desarrolla el OS-11 y la decisión de financiarlos la adopta un comité de adquisiciones. Ese comité está integrado por Irigoyen, los jefes del OS-10 y OS-11, el jefe del Departamento de Contabilidad, un asesor jurídico y un jefe de proyectos. Todos ellos integrantes de la Zona de Seguridad Privada de Carabineros.

CIPER le pidió al general Irigoyen los documentos que acrediten cuánto y en qué se gastó en cada una de las 64 AF en 2016, para comprobar si efectivamente el ciento por ciento de los recursos provenientes de la ley se aplican en las unidades fiscalizadoras, como lo establece la norma. La respuesta fue que eso debía ser solicitado a través de la Ley de Transparencia.

*Fuente: CiperChile