Asesinato de Ellacuría en El Salvador: Inacción de la corte detiene extradición de ex coronel

19 de mayo de 2017
NCRGeorge nos envía desde Florida la traducción de un interesante artículo aparecido ayer, día 18, en National Catholic Reporter. Se trata del máximo responsable del asesino de Ellacuría y compañeros mástires. ¡Gracias, George! AD

Por  | 18 de mayo de 2017

La corte judicial ha sistemáticamente retrasado esta extradición por lo cual es improbable que el gobierno de Estados Unidos llegue a enviar a España a un coronel del ejército salvadoreño que debe ser juzgado por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y su hija.

Han transcurrido quince meses desde que un juez estadounidense ordenó la extradición del ex coronel Inocente Orlando Montano a España, implicado en el asesinato de cinco sacerdotes que eran ciudadanos españoles. El Fiscal General de España quiere enjuiciar a Montano y a más de una docena de otros oficiales salvadoreños acusados de participar en la masacre.

En su sentencia, la jueza Kimberly Swank reconoció la evidencia de la participación de Montano en la planificación del acto “terrorista” del cual se le acusa. En el momento de la masacre ocurrida en noviembre de 1989, Montano era el Ministro de Defensa encargado de la seguridad pública salvadoreña, estaba al mando de la Policía Nacional, la policía de Hacienda y la Guardia Nacional de El Salvador.

El abogado de Montano apeló el fallo de Swank el 1 de abril de 2016, ante la Corte Federal del Distrito de Carolina del Norte, donde el acusado se encuentra en reclusión. Más de un año después de dicha apelación a la decisión de la jueza Swank, todavía el juez distrital Terrence Boyle no ha dictado su sentencia sobre la misma.

La abogada de derechos humanos Carolyn Patty Blum ha calificado de indignante la tardanza de Boyle y su última maniobra del 11 de mayo, cuando anunció estar contemplando la liberación del Coronel Montano por razones de salud, aunque cambió de opinión cinco días más tarde, y ratificó el encarcelamiento de éste.

La abogada Blum, fundadora y ex directora de la «Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley (California)», y supervisora actual del «Instituto Cardozo de Derecho para el Holocausto y los Derechos Humanos» es también ex consejera jurídica del «Centro por la Justicia y la Rendición de Cuentas» y representó a España en la solicitud de extradición original, declaró que la demora del Juez Boyle carece de sentido y que prolongándose tanto ha estado impidiendo injustamente la extradición del Coronel Montano: «Boyle ha detenido este caso durante un año entero, lo cual es un ultraje y tardó más de seis meses antes de decidir la fecha para conocer de la apelación».

Montano, de unos 75 años, ha solicitado su liberación después de someterse a tratamiento quirúrgico por cáncer de vejiga. Blum se opuso a su liberación, diciendo que sus problemas crónicos de salud «pueden ser atendidos en su celda y que debe permanecer encarcelado. Estamos hablando de asesinatos en masa, de conspirar para cometer una masacre ―de uno de los peores crímenes en la historia del Salvador― no de un fraude financiero.»

La Orden de Extradición de Swank fue alabada por grupos internacionales de derechos humanos porque aumentaba la esperanza de que España pudiera finalmente revelar los detalles del caso y terminar la impunidad de la que han disfrutado, por más de un cuarto de siglo, los hasta ahora intocables militares de alto rango salvadoreños, muchos de los cuales están estrechamente vinculados estrechamente con las Fuerzas Armadas y el gobierno de los Estados Unidos.

Montano es el funcionario de más alto rango que en los últimos tiempos, deba ser extraditado por los Estados Unidos debido a violaciones de derechos humanos.

La Jueza Swank dijo que la evidencia aportada demuestra la participación de Montano en las reuniones sostenidas por el alto mando militar salvadoreño para urdir el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y sus compañeros.

Ellacuría era rector de la Universidad de América Central, en cuyas inmediaciones fueron asesinados él y otras personas por una unidad de militares entrenados por los EE UU en la utilización de armas de asalto de alta potencia. En aquel tiempo, Ellacuría era un negociador clave de la paz entre el gobierno salvadoreño de derechas apoyado por EU, y el «Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí».

De los 26 oficiales acusados por la «Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas» de participar en la masacre de los jesuitas, 19 eran graduados de «Escuela de las Américas», ahora conocida como «Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental».

El Coronel Montano es graduado de la Escuela del Ejército, y además de la Universidad Jesuita en cuyo recinto fueron asesinados Ignacio Ellacuría y sus compañeros/as.

En 2002, Montano, que ha negado cualquier implicación en la masacre, mintió a las autoridades estadounidenses de inmigración afirmando falsamente que nunca había pertenecido al ejército salvadoreño y logró su admisión al territorio de los EE UU.

Además de participar en las reuniones importantes donde los asesinatos fueron planeados, la jueza Swank especificó en su sentencia que Montano había sido supervisor de la estación de radio gubernamental salvadoreña que amenazó varias veces a Ellacuría y le acusó de ser «un terrorista armado y un mascarón de proa intelectual para el rebelde FLNFM».

La jueza también citó evidencia de que Montano “amenazó a la esposa de un testigo de la matanza que preguntó cómo era posible que el Gobierno de El Salvador pudiera ordenar el asesinato de los jesuitas”.

La sentencia de la jueza Swank rechazó los argumentos de base de la apelación presentada a su corte, porque no aportaba evidencias nuevas, es decir, que evidencias que no hubiesen sido aportadas ya antes, según la abogada Blum, lo cual hace aún más difícil comprender la demora del juez Boyle en emitir una decisión favorable acerca de la apelación. «Ahora él [Boyle] se ha convertido en causa de la demora», añadió Blum.

Cualquiera de las partes pudiera apelar la sentencia de Boyle ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito, lo cual adicionalmente retrasaría la extradición sin contar que a todas estas diversas, se añade que la Secretaría de Estado del gobierno estadounidense deberá revisar el caso y tendrá la última palabra sobre si Montano debe ser extraditado a Madrid.

*Fuente: Atrio

Tema: EE. UU., El Salvador, Justicia, Mártires