¡Los viejos no pueden esperar!

En una manifestación explícita de que su gobierno renunció a las profundas transformaciones prometidas durante su campaña electoral,  Michelle Bachelet  -más que con sus partidos-  se propone culminar sus administración en acuerdo con la derecha, los más poderosos empresarios y, ahora, con la asistencia espiritual de los expresidentes de la república, convertidos en verdaderos  oráculos de La Moneda.  Pese a que las más descalificadoras expresiones respecto de su gobierno son las que le vienen espetando los ex mandatarios y en circunstancia que estas mismas patronales representan a buena parte de las empresas que ni siquiera pagan a tiempo las cotizaciones previsionales que les retienen a sus empleados. Práctica que tiene abiertos más de un millón de juicios en los Tribunales.

Al mismo tiempo, es evidente el malestar del Ejecutivo frente a las demandas y movilizaciones populares, así como la inicua represión policial que descarga contra los estudiantes y las organizaciones de trabajadores, de consumidores, mapuches  y de  tantos otros chilenos indignados ante la renuencia de las autoridades a escucharlos y activar los cambios más apremiantes para nuestra población. En estos últimos meses, el descontrol y los desaciertos oficiales exhiben  muestras patéticas,  como aquellos zarpazos intentados recientemente el Ejecutivo contra la libertad de expresión y, recién,  con aquel bochornoso despido de la rectora de una universidad pública nombrada hace menos de un año por la propia Jefa de Estado. Simplemente por disentir con el Gobierno.

Para los retardatarios, son siempre “extremistas” los que abogan por cualquier cambio estructural como los demandados en materia de educación, salud y del mismo sistema de pensiones. Las enormes manifestaciones  sociales en favor de la instrucción pública y  su gratuidad vemos que se frustran ahora en iniciativas cada vez más tibias y sin la convicción de comprometer verdaderamente al  Estado en esta importante tarea. En una oscura connivencia, por lo demás, con los poderosos administradores de colegios y universidades privadas que siguen y seguirán lucrando de este derecho humano tan fundamental.

Lo mismo que ocurre con el sistema de las administradoras privada de salud (isapres),  estructura que, como ya se nos ha advertido,  no se tocará durante el actual gobierno, con el agravante de que tampoco La Moneda cumplirá con las construcción de hospitales y policlínicos públicos comprometidos por el programa presidencial de Michelle Bachelet, a fin de prestarle  atención a la mayoría de los habitantes del país, a quienes resulta imposible afiliarse al sistema privado.

Ya sabemos, por cierto,  cómo se ha desbaratado la posibilidad de una asamblea constituyente y una nueva Carta Fundamental que ponga término al régimen pinochetista que todavía nos rige y que,  al parecer, terminó por seducir a quienes se han rotado y profitado en la política durante los 24 años de posdictadura. Desde la misma Moneda se ideó (como ahora se constata) toda una impostura para hacerle creer al país que iniciábamos un “proceso constituyente” que ahora culmina sin más en la decisión gubernamental de endosarle a un nuevo gobierno esta trasformación del Estado tan largamente prometida.  Todo indica que seguirá prevaleciendo, entonces, todo un andamiaje institucional ilegítimo en su origen y contenido mediante el cual el Tribunal Constitucional y los quórum legislativos obstruyen sistemáticamente toda posibilidad de consolidar una democracia mínimamente solvente o representativa. Al tiempo que los políticos se corrompen en el ejercicio de sus cargos, gracias a las leyes y resquicios de impunidad, como en la ausencia de una diversidad mediática que garantice el voto libre e informado.

Contundentes informes demuestran la precariedad de las pensiones que han empezado a pagar las AFP a la inmensa mayoría de los jubilados que no pertenecen a las cajas de previsión de las FFAA y las policías. A quienes, como sabemos, la  Dictadura y los gobiernos que le sucedieron salvaron de un sistema que, por supuesto, sería un pingüe negocio para las 10 grandes empresas que finalmente siguen recaudando y lucrando de las cotizaciones laborales. Todo un sistema previsional que, junto con sacralizar la desigualdad ante la Ley, condena hoy a la pobreza o indigencia a los chilenos de la Tercera Edad y los obliga a trabajar hasta el final de sus días por obtener un ingreso de subsistencia.

El solo promedio de lo que actualmente reciben los pensionados (menos del salario mínimo) debiera prender las alarmas de la política para hacer frente a una realidad vergonzante,  que al menos debiera llevar a las autoridades a intervenir las AFP, frenar sus abusivas utilidades, nivelar las pensiones de civiles y uniformados y recurrir, con urgencia,  a fondos del presupuesto fiscal y a los que se le impongan como tributos al sector patronal.  Sin embargo, a lo único que ha atinado la Presidenta es a convocar a una de sus consabidas comisiones o mesas de trabajo que solo le sirven para dilatar las soluciones, advirtiéndonos en este caso que el sistema previsional  seguirá tal cual, salvo con algunas modificaciones que se convendrían, claro,  con las cúpulas empresariales y los partidos políticos. Siempre, por supuesto,  de espaldas al pueblo y, en este caso, de la organización NO + AFP que ha convocado a las calles de todo Chile a cientos de miles de nuevos indignados. En la desvergüenza de inventar como paliativo, además,  la creación de una APF estatal regida por las mismas normas de las entidades privadas y cuya recaudación podría constituirse en un nuevo coto de caza de los ávidos políticos de turno.

“Los pobres no pueden esperar” repiten una y otra vez los referentes morales del mundo, pero a ello debiéramos agregar que menos espera es la que pueden soportar, todavía,  los ancianos, los que ya han trabajado toda una vida.  Pero para los que gobiernan, para los que ya se hicieron ricos, como para sus cómplices y encubridores,  por supuesto parece  “extremista” exigir una reforma pronta y contundente al sistema previsional. Así como hasta “terrorista” podría parecerles que, además de abogar por la demolición del sistema, se exija desde ya incrementar las pensiones que reciben  tantos chilenos. Sin transferirle, por supuesto, esta decisión a un nuevo gobierno o legislatura.

Es evidente que lo que menos tiene la mayoría de nuestros políticos, sin embargo, es sensibilidad social, ética, liderazgo y coraje. Por lo mismo que estos atributos, de la mano del pueblo y de sus organizaciones deben hacerse un deber irrumpir en protestas y movilizaciones que impidan lo que ya se gesta en las cúpulas gobernantes. Para que al menos este cometido sea logrado entre todos los que ya desestimaron,  y ni un pensionado más deba someterse a la ignominia de culminar su vida laboral con una pensión de hambre, como las estadísticas lo confirman  dramáticamente.

Sin embargo, parece evidente que el actual gobierno ya no tiene fuerza ni para operar una retroexcavadora que, tal como su nombre lo indica, también puede operar hacia atrás o en cualquier sentido. Por lo que se haría necesario recurrir a  otros arietes o buldóceres que encaren más bien de frente los obstáculos puestos a las transformaciones. Aunque esta idea pueda parecerles  más extremista, todavía, a quienes desean preservar lo  heredado de la Dictadura y tan fielmente consolidado por los gobiernos posteriores. Como este escandaloso sistema previsional que tanto ha contribuido a que algunos se hagan cada vez más ricos, no solo con el  trabajo de los chilenos, sino con la apropiación y especulación de sus fondos para un digno retiro.

*Fuente: Diario UdeChile