El artículo de la Ley de Pesca que le ahorró $4.670 millones a Corpesca

En los últimos tres años la empresa pesquera Corpesca se “ahorró” $4.670 millones en impuestos. La compañía del Grupo Angelini debe agradecer esa significativa rebaja a una norma que el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, incluyó en la Ley de Pesca a petición de los senadoresJaime Orpis (UDI) y Fulvio Rossi (PS): el artículo décimo séptimo transitorio. El segundo inciso de ese artículo tiene apenas tres líneas, pero su efecto ha sido contundente. Según los registros oficiales de la Subsecretaría de Pesca, debido a la vigencia de esta norma al conjunto de la industria pesquera no se le cobraron tributos valorados en unos $5.700 millones. Cerca del 82% de esa suma corresponde a lo que ha dejado de pagar Corpesca.

El artículo décimo séptimo transitorio, uno de los últimos aprobados durante la controversial tramitación de la ley, puso un límite o “techo” a los impuestos que debían cancelar las pesqueras industriales. Ese “techo” operó en 2014, 2015 y 2016 (el cálculo para este año se hizo en junio pasado). En cada uno de esos años se permitió que los pagos de las pesqueras no excedieran en más de un 40% la suma que las mismas empresas habían cancelado en 2012 por concepto de Patente Única Pesquera (PUP).

De acuerdo con las cifras que maneja la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), los tributos que este año debía cancelar Corpesca sumaban $5.555 millones, pero como sólo se le podía cobrar hasta un 40% por sobre lo que había pagado por PUP en 2012, la cifra que efectivamente desembolsará es de $3.196 millones. De esa forma, este año la compañía dejará de pagar al Fisco unos $2.359 millones (vea el reporte de Subpesca con los datos de tributación 2016).

Alrededor de 70 empresas pesqueras han operado en los últimos tres años y sólo una veintena de ellas ha pagado menos impuestos gracias a la aplicación del artículo décimo séptimo transitorio. De estas últimas, la más beneficiada ha sido, por lejos, Corpesca. Mientras en 2014 la compañía del Grupo Angelini dejó de pagar  unos $671 millones, las restantes empresas se ahorraron en conjunto $112 millones. En 2015, Corpesca dejó de pagar alrededor de $1.639 millones, en tanto las otras empresas que también gozaron de la rebaja sólo sumaron $403 millones (vea los reportes de Subpesca con las cifras 2014 y 2015). En 2016 la distancia es mucho más amplia: unos $2.359 millones para Corpesca y $542 para el resto.

En la “Historia de la Ley 20.657” –documento que reúne las actas e informes oficiales de todo el debate legislativo– es el senador Jaime Orpis quien aparece solicitando que se ponga un límite a los pagos de tributos de las compañías pesqueras. Hoy, Orpis está formalizado y bajo arresto domiciliario total debido a que la Fiscalía le imputa el delito de cohecho, pues lo acusa de haber aceptado dinero de Corpesca a cambio de favorecer a esa empresa.

Orpis ha negado haber hecho cualquier gestión que beneficiara a la empresa del grupo Angelini y como parte de su defensa ha argumentado que renunció a la Comisión de Pesca del Senado antes de que ingresara el proyecto de Ley de Pesca “por razones de prudencia”. También ha dicho que votó “en contra de Corpesca” respecto a las licitaciones de las cuotas de pesca, que no participó de la discusión general y que sólo reemplazó de manera “excepcional” a sus correligionarios Víctor Pérez y Alejandro García-Huidobro. Pero de acuerdo a las actas, dichos reemplazos incluyeron todas las votaciones de la Comisión Mixta que zanjó los detalles clave del proyecto y fue quien propuso la modificación que alivió temporalmente el aumento tributario que afectaría a Corpesca.

ROSSI: “SOLICITUD DE DIRIGENTES SINDICALES”

Los registros oficiales indican que esta moción de Orpis, que fue secundada por Rossi, se presentó el 12 de diciembre de 2012. Ese fue el segundo y último día en que sesionó la Comisión Mixta que analizó las diferencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante el debate de la Ley de Pesca (vea el informe de esa comisión). En esa jornada se cumplió el último trámite antes de someter el proyecto a su aprobación definitiva en las dos cámaras legislativas.

Ese 12 de diciembre la comisión funcionó contra el tiempo, en una sesión maratónica y extenuante, bajo la presión de lograr la promulgación antes de fin de año, fecha que marcaba el límite de la vigencia de la antigua normativa pesquera.

Un ex asesor parlamentario que participó en la Comisión Mixta recuerda cómo se aprobó, en ese escenario, la norma que favoreció a Corpesca: “Estaban todos más preocupados de si la ley entregaría los recursos de manera perpetua a los industriales, de definir si los recursos eran del Estado y de proteger la pesca artesanal. Esas eran las discusiones importantes”, dice. Y agrega: “Cuando llegamos a la parte tributaria, Orpis dijo que tal como venía la ley iba a haber cesantía en el norte. La comisión entró en receso. Los asesores del ministro se fueron a otra sala, donde hicieron cálculos. Volvieron con la fórmula del 40% y se aprobó altiro. Nadie la cuestionó”.

Por tratarse de un tema presupuestario, era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, es decir, los parlamentarios no podían proponer formalmente el cambio. Eso explica que después de la petición de Orpis y Rossi, fuera el gobierno el que modificó su propuesta, incorporando el techo para los tributos.

Sobre los efectos que esto tendría para la pesquera del Grupo Angelini, la misma fuente dice que no hubo dos lecturas: “Todo el mundo entendió que le bajaba los impuestos a Corpesca, que domina en un 90% la pesca del norte. En ese momento nadie pensaba en cohecho ni nada parecido, porque no se tenía la información que hay ahora, y aunque había un lobby fuerte de asesores y dirigentes sindicales de la empresa, la razón que se daba era evitar la cesantía. Parecía razonable, porque los impuestos le subían casi al doble a Corpesca con el proyecto original”.

“Lo que se argumentaba es que esas sumas habrían obligado a despedir trabajadores, ajustar costos, cerrar operaciones”, dijo a CIPER un asesor parlamentario que presenció el debate de la Comisión Mixta. Según se desprende de las cifras oficiales de Subpesca, si no se hubiese puesto un techo a los impuestos, Corpesca habría pasado de pagar $1.979 millones en 2012 a cancelar $3.617 millones en 2014, $4.704 millones en 2015 y $5.555 millones en 2016.

Consultado por CIPER sobre las razones que tuvo para secundar a Orpis en la petición de un “techo” para el pago de los impuestos, el senador Rossi respondió por escrito: “Respecto a lo que menciona, se hizo a solicitud de los dirigentes de los trabajadores de la pesca industrial por un tema de empleo (…). De hecho, apoyé claramente aumentar (el valor de) las patentes. Sólo se solicitó gradualidad (en la aplicación del nuevo régimen tributario) y acoger esa gradualidad dependía del gobierno”.

En su afán de confirmar que no actuó en defensa de los intereses de la industria, en general, ni de Corpesca, en particular, Rossi argumentó que junto al senador Alejandro Navarro presentó un proyecto de ley, poco antes de que el entonces ministro Longueira ingresara el suyo, “que licitaba las cuotas de pesca, contrario a los intereses de la industria”. Y agregó que todas sus acciones, durante la tramitación de la ley, “iban enfocadas a proteger el recurso. De ahí nacen los comités científicos técnicos (que ahora definen las cuotas de pesca según el nivel de recuperación de las especies) para terminar con la discrecionalidad en la asignación de cuotas”.

El ROUND DEL NORTE Y EL CENTRO-SUR

Hasta la promulgación de la ley impulsada por Longueira –ahora también investigado en la indagación sobre aportes políticos ilegales hechos por pesqueras–, el régimen tributario del sector industrial incluía principalmente el pago de la Patente Única Pesquera (PUP). El cálculo de la PUP era tan simple como resistido por las empresas: se cobraba según el tonelaje de las embarcaciones y debía ser pagada por todas las naves registradas por las compañías, aunque no estuviesen operativas.

El sector industrial sostenía que la PUP generaba un alto costo fijo que generalmente no tenía relación con las toneladas que efectivamente se pescaban. Con la baja en las capturas por la sobreexplotación de los recursos o por factores ambientales, las empresas dejaron de operar muchas naves para ajustar costos, pero igual debían pagar sus PUP. Esto se agravaba en el caso de las compañías asentadas en la zona de Talcahuano (centro-sur), representadas por la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), que en conjunto manejaban una flota con una amplia capacidad de tonelaje, pero que cada año veían decrecer su pesca efectiva.

En los años previos a la discusión de la nueva Ley de Pesca, se dio el caso de que las compañías agrupadas en Asipes, como bloque, alcanzaron a pagar impuestos por más de un millón de toneladas –que era la capacidad de carga de su flota–, pero capturaban menos de 500 mil toneladas, debido a la baja en las cuotas de pesca que se les asignaban y al agotamiento de los recursos marinos.

“Se pagaban impuestos fijos por recursos que no se comercializaban. Esto es como si las compañías mineras pagaran por la capacidad que tienen de procesar cobre y no por el cobre que realmente extraen, procesan y venden”, señala un asesor que participó en el debate parlamentario.

Asipes informó a CIPER que en 2012, bajo el esquema tributario antiguo, sus asociados pagaron en conjunto más de $10.282 millones en impuestos y capturaron un total de 438 mil toneladas, correspondientes al 70% de la cuota de pesca que tenían autorizada para ese año (626 mil toneladas). En el norte, Corpesca vivía una situación muy distinta: el mismo 2012 pagó al Fisco$1.979 millones y pescó 522 mil toneladas, que equivalían al 99% de la cuota de pesca que se le había asignado ese año (526 mil toneladas), según informó a CIPER la misma empresa.

La notable diferencia entre las condiciones del norte y del centro-sur fue motivo de una queja permanente de los industriales asentados en la zona de Talcahuano. En el debate legislativo, la representación de sus reclamos la asumieron los parlamentarios de la Octava Región: el entonces senador Hosain Sabag (PDC), el diputado Jorge Ulloa (UDI) y el ahora ex diputado Frank Sauerbaum (RN).

El cambio en el régimen tributario que propuso Longueira sintonizó sólo en parte con la aspiración de los industriales del centro-sur. Aunque eliminaba el cálculo basado en el tonelaje de las naves, no acogió la idea de que los tributos se pagaran por las toneladas pescadas, como querían las empresas, sino por las toneladas de las cuotas de pesca asignadas a las compañías.

La propuesta del equipo ministerial planteó que los pagos al Fisco se realizarían por dos conceptos principales: patente y un impuesto específico. La patente la pagarían ahora solo las naves que efectivamente pescaron y el impuesto se calcularía en relación con las toneladas de la cuota de pesca anual asignada a la empresa. De esta forma, aunque no prosperó la idea de asociar el cálculo a las toneladas realmente capturadas, los industriales de Talcahuano se conformaron con que al menos el nuevo régimen tributario sí incluyó un factor anual variable que –en teoría– debía provocar una baja en los impuestos.

Quienes participaron en la discusión legislativa recuerdan que fue el senador Sabag quien insistió en que la nueva fórmula para calcular los impuestos debía estar asociada a las toneladas de pesca efectiva.

En la Comisión Mixta la fórmula auspiciada por Longueira fue presentada a los parlamentarios por su asesora, la economista Mónica Ríos Brehm, quien también fue asesora del Ministerio de Economía durante el gobierno de Ricardo Lagos y es autora de informes publicados por el Instituto Libertad y Desarrollo.

Mónica Ríos respondió las consultas de CIPER por escrito y explicó: “La nueva Ley de Pesca tiene como uno de sus objetivos fundamentales hacer sustentable al sector. Dicho objetivo, si se cumple, tendrá como resultado una recuperación de las pesquerías, lo que traerá, entre otras consecuencias, mayores utilidades de las empresas. El objetivo de modificar el régimen tributario fue para introducir un elemento que permitiera al Estado participar de las mayores utilidades que generaría un sector pesquero sustentable, lo que no ocurría con el régimen antiguo, que gravaba solo a las naves, se usaran o no”.

A juicio de la asesora, en la medida en que se recuperen las pesquerías y se incrementen las utilidades de las empresas, será el impuesto específico el que permitirá al Estado “capturar parte de esas utilidades”. En sus palabras, este impuesto es una suerte de “royalty pesquero”.

Con la nueva ley se esperaba una baja inicial en las toneladas de pesca autorizadas, debido a que la misma norma determinó que las cuotas de pesca serían definidas por comités científicos, para asegurar la recuperación de los recursos. Por esa razón se temía una caída en la recaudación tributaria. Pero, el Ejecutivo argumentó que con un aumento temporal del impuesto específico se mantendría inalterable el nivel de recaudación (alrededor de US$33 millones por año).

La “Historia de la Ley 20.657” dice que una vez que fue presentado a la Comisión Mixta el modelo propuesto por el equipo ministerial, el senador Sabag y los diputados Sauerbaum y Ulloa se manifestaron a favor del cambio, debido a que consideraban injusto mantener la fórmula anterior:

“El honorable senador señor Sabag dio cuenta de la inequidad de la situación actual en materia del pago del impuesto específico, toda vez que, teniendo una menor cantidad de cuota, la zona centro sur aporta alrededor de un 70% de la recaudación fiscal por este concepto”, se lee en el informe oficial de la Comisión Mixta.

ORPIS: “EFECTO DEVASTADOR”

Tras la intervención de Sabag, el diputado Matías Walker (PDC) también mostró su satisfacción porque el cálculo del impuesto específico ya no se haría en relación al tonelaje de las embarcaciones, sino a la cuota de pesca asignada. Walker es hermano del senador por AysénPatricio Walker (PDC), quien solicitó aportes a la principal pesquera de su región: Friosur, propiedad de la familia Del Río, históricamente vinculada a la Democracia Cristiana (vea el reportaje de CIPER).

Fue entonces cuando intervino el senador Jaime Orpis: “El honorable senador señor Orpis advirtió que la propuesta planteada por el Ejecutivo puede provocar un efecto devastador en el sector industrial del norte del país, con los consecuentes impactos en materia de desempleo (…). En virtud de lo expuesto, afirmó que lo razonable es fijar ciertos límites en la aplicación del impuesto específico a las empresas”, señala el informe de la Comisión Mixta.

Enseguida, la petición fue respaldada por Fulvio Rossi: “En esa misma línea, el honorable senador señor Rossi concordó en que la disposición sugerida puede generar que el sector industrial, especialmente en el norte del país, comience a hacer ajustes en materia de empleo. Por ello,solicitó al Ejecutivo efectuar una nueva proposición en esta materia, estableciendo un límite superior o ‘techo’ al incremento del impuesto”.

La asesora del entonces ministro Longueira, Mónica Ríos, confirma que la nueva fórmula generaba efectos desiguales entre las empresas, produciendo un mayor pago de impuesto para algunas: “Este nuevo régimen tributario de patente mas impuesto específico, junto con el aumento de la tasa del impuesto durante el periodo 2014-2016, afectaba en forma muy desigual a distintas empresas, si se le comparaba con el régimen vigente, llegándose en algunos casos a aumentos de tributación superiores al 100% (…). En este grupo se encontraban distintas empresas: las del norte y varias empresas de las zonas centro y sur, incluyendo compañías de diverso tamaño”.

Este impacto desigual se debe a que el valor del impuesto específico se va incrementando para las empresas que tienen cuotas de pesca más altas. De esta forma, pagan más las compañías que están autorizadas a pescar más. La combinación de naves con mucho tonelaje (patente más cara) y mayor cuota (impuesto más alto) es la que dispara los impuestos en casos como el de Corpesca.

Puesto sobre la mesa el efecto desigual que tendría la aplicación del nuevo régimen tributario, el senador Sabag le tendió la mano a Orpis y Rossi, según consigna el informe de la Comisión Mixta: “El honorable senador señor Sabag destacó que la norma sugerida corrige las distorsiones en el pago que deben hacer las distintas zonas del país, que se habían advertido durante la tramitación del proyecto de ley. Sin embargo, aseguró que la intención no es perjudicar a alguna región del país, por lo que apoyó el estudio de una alternativa que permita alcanzar un mayor consenso”.

De esa forma, se dio luz verde al Ejecutivo para que explorara la aplicación de un “techo” para el pago de los tributos. El presidente de la Comisión Mixta, el senador Antonio Horvath(independiente, ex RN), dijo a CIPER que, tras escuchar las intervenciones de Orpis, Rossi y Sabag, los asesores del ministro Longueira se retiraron a hacer cálculos. Mónica Ríos cuenta que fue ella quien se encargó de esa tarea:

“Respecto del cálculo, me correspondió simular los distintos escenarios que solicitaron los parlamentarios (…). Todas estas simulaciones las hacía in situ (…).  Finalmente, los parlamentarios presentes consideraron razonable un tope del 40%, porque no mermaba significativamente la recaudación tributaria, considerando cuotas globales de captura similares a las existentes en ese entonces y, por otro lado, mitigaba parcialmente el alza tributaria significativa a las empresas más afectadas durante los primeros tres años”, señala la asesora.

EL FUTURO DE CORPESCA

La “Historia de la ley” consigna que la aplicación gradual de la nueva fórmula tributaria se debe a que se esperaba la recuperación de las pesquerías en un plazo de cinco años. De esa forma, se calculaba que hacia 2017 las cuotas de pesca alcanzarían niveles que permitirían a las empresas obtener utilidades y pagar los impuestos en régimen. Pero la verdad es que no ha habido recuperación.

En el norte los recursos pesqueros más importantes (jurel y anchoveta) continúan escasos, por lo que la norma transitoria aprobada en 2012 sólo “chuteó” por tres años el problema para Corpesca. La empresa informó a CIPER que sus proyecciones para el próximo año indican que pagará impuestos por más de $5.500 millones, lo que representa un incremento de $2.300 millones en relación a lo que pagó el año anterior y de 143% respecto de lo que canceló en 2012.

La compañía también expuso cómo han caído las cuotas y las capturas en los últimos años: en 2012 fue autorizada para pescar 526 mil toneladas y capturó 522 mil (completó el 99% de la cuota); en 2013 se le permitió pescar 525 mil toneladas y capturó 469 mil (89%); en 2014 la cuota fue de 529 mil toneladas y pescó 476 mil (90%), y en 2015 la cuota alcanzó a 449 mil toneladas y las capturas sumaron 311 mil (69%). Para 2016 la cuota autorizada es de 539 mil toneladas y hasta el primer semestre registraba capturas por 130 mil (24%), por lo que se espera que el resultado sea tan magro como en 2015.

La empresa no se considera privilegiada por el efecto que tuvo en estos últimos tres años el artículo décimo séptimo transitorio, pues estima que es una norma que –como ocurre muchas veces con los cambios tributarios– solo aplicó un criterio de gradualidad en la cobranza para no provocar desajustes graves en el mercado. Según los datos que Corpesca hizo llegar a CIPER, a pesar del “techo” que se puso al pago de impuestos entre 2014 y 2016, canceló una suma total de$2.630 millones por sobre lo que pagaba en 2012.

De acuerdo con los registros oficiales de la Subpesca, la compañía del Grupo Angelini es la empresa que más tributa en el rubro. En 2016, por ejemplo, Corpesca canceló $3.196 millones –y aunque el artículo transitorio le permitió “ahorrarse” $2.359 millones– fue la empresa que más contribuyó al Fisco, seguida de Blumar ($2.634 millones), Orizon (también del Grupo Angelini, con $2.363 millones), Camanchaca Pesca Sur ($1.811 millones), Camanchaca S.A. ($1.339 millones), Emdepes ($1.262 millones) y Alimentos Marinos ($1.064 millones).

Si Orpis y Rossi justificaron su solicitud de poner un límite a los impuestos con el temor al desempleo, el mismo fantasma vuelve a aparecer ahora que la norma que fijó el “techo” ya no está vigente. Además, la empresa debe renovar a fines de este año su acuerdo con los pescadores artesanales que le permite “perforar” (pescar en puntos específicos) las cinco millas destinadas exclusivamente a estos últimos. Empleados de Corpesca indicaron que el 30% de las capturas que realiza la empresa provienen de estos puntos de “perforación”, por lo que si no se renueva el acuerdo la situación de la compañía se tornará compleja, más aún con el fuerte incremento de los impuestos que debe pagar.

El acuerdo con la pesca artesanal, dicen las mismas fuentes, requiere ser “visado” por las autoridades. El problema para la empresa es que nadie en el mundo político desea aparecer intercediendo por Corpesca, debido a que carga con la mochila de la investigación de la Fiscalía por sus aportes ilegales a la ex diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis. Un estigma que también le pesa ahora que perdió su vigencia el artículo décimo séptimo transitorio. “Dificulto que alguna autoridad local o parlamentaria esté pensando en pedir una prórroga de esa norma o algo por el estilo”, dice un asesor legislativo que conoció el poder del lobby que alguna vez tuvo la compañía en la sede del Congreso Nacional.

*Fuente: CiperChile  en Reportajes de investigación