FMI y el “mea” culpa

         “Sin auge no hay inflación; si la economía se mantiene deprimida no hay que inquietarse por las consecuencias inflacionarias de crear dinero”.

          Paul Krugman.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en una publicación reciente (Neoliberalism: Oversold) ha reconocido que sus políticas de ajuste recesivo y de corte neoliberal han contribuido a reducir el ritmo de crecimiento del PIB y a una mayor desigualdad, en el entendido que está también contribuye a un bajo PIB. Aunque  el problema de la desigualdad económica y social  se ha generalizado en el mundo, dicho reconocimiento de la insuficiencia de las políticas no necesariamente conduce a su abandono por la Institución ya que, como en el caso de Honduras, siguen  aplicándose para aumentar (disminuir) el PIB y contribuir a reducir (aumentar) la pobreza y desigualdad.
Existen, al menos, seis (6) aspectos en los cuales el FMI ha fallado.  El primero es la creencia generalizada en muchos de sus funcionarios, que la inflación es un problema monetario como lo apuntó Milton Friedman. Todo el desarrollo teórico y la evidencia empica aportada por los economistas Cepalinos, y Aníbal Pinto en particular, acerca de las raíces estructurales de la inflación latinoamericana  y la necesidad de un enfoque heterodoxo fueron desechadas siguiendo este argumento que se convirtió en ideología. El FMI incluso ha recomendado contraer el gasto público para bajar la inflación cuando, como señala Paul Krugman, la economía está en recesión.
El segundo es la apuesta a un régimen cambiario flexible. Un tipo de cambio libre y sin controles por el Banco Central estimula las exportaciones y encarece las importaciones, con lo cual se disminuye el déficit en la balanza comercial, además de reducir el gasto agregado y disminuir a la vez el déficit del gobierno. Según éste argumento, la devaluación es un instrumento virtuoso que incluso permite que las empresas puedan competir ya que los salarios se rezagan por la inflación, o sea por el impacto del aumento del costo de los alimentos y servicios públicos. En Latinoamérica la alta dependencia de bienes importados frente al fracaso de los procesos de integración económica y comercial, se ha ensanchado con la devaluación acelerada y más bien en vez de cerrar la brecha externa esta ha aumentado volviendo a los países más dependientes.
El tercero es la apuesta al equilibrio fiscal privilegiando instrumentos de política fiscal como la reducción del gasto público, congelamiento de salarios, despido de trabajadores y aumento de impuesto indirectos. Muy poco se habla de respetar un techo de gasto de inversión publica para no afectar los niveles de empleo productivo, aprobación de tasas impositivas que graven el patrimonio, la riqueza y las transacciones financieras; eliminación de exoneraciones y exenciones fiscales a sectores y grupos empresariales como ejemplo la maquila, turismo, zonas francas y comidas chatarras; es decir, vigencia de tasas impositivas que gravan los mecanismos de obtención de mayores ingresos por grupos económicos que estimulan el aumento de la desigualdad económica y social.
Un cuarto es un fiel ciego en los mecanismos de mercado. Se parte de la premisa que el Estado es ineficiente y, por tanto, el gobierno debe dar paso a los empresarios en la administración de las empresas publicas con la privatización; igual, eliminar los subsidios y controles que frenan “supuestamente” el libre comercio. La privatización se ha dado en un marco de procesos pocos trasparentes y corruptos con la venía del FMI, donde las empresas públicas son vendidas a precios de “gallo muerto” a empresas de maletín (algunas ligadas al capital transnacional) con la participación de capital nacional producto del narcotráfico y la corrupción; otras a empresas transnacionales en condiciones leoninas para el país. La eliminación de subsidios y restricciones al  comercio ha conducido por un lado, al aumento del número de hogares vulnerables y en riesgo social y, por el otro,  a una avalancha de productos importados subsidiados que vuelven crónico el déficit en las cuentas externas y comprometan los recursos públicos al aumentar la demanda de importaciones de bienes y servicios.
El quinto es el interés del FMI por la eficacia de los programas y proyectos de compensación social, frente a los impactos negativos de las políticas de ajuste y estrategias fallidas como la ERP y ODM. Se busca focalizar la política social en los más pobres e indigentes, como un medio para que los niños y niñas no dejen de asistir a las escuelas, se sometan al control de salud y talla y permita a los padres de familia, en especial las madres solteras, disminuir la carga que implica el aumento del costo de los servicios públicos y canasta de alimentos, el deterioro del salario real y falta de empleo permanente.
Esta bonificación de la política social como una política de Estado que implica el cumplimiento de una condicionalidad de los gobiernos con el FMI ( si no se cumplen las metas fiscales y financieras no hay fondos para la compensación social o, en su defecto, los recursos son menores), ha sido un fracaso por la filtración (no pobres como  beneficiarios), la falta de programas de apoyo complementario que ataque causas estructurales como la falta de producción y acceso  masivo de alimentos y demás servicios de apoyo a las familias como crédito, tecnologías, asesoría de mercados, innovaciones, etc.
Finalmente se apuesta, siguiendo la tradición del enfoque institucionalista, al respeto por los países de los derechos de propiedad y protección de la inversión extranjera, sin que se visualicen los daños causados a los recursos naturales y salud de la población. Esta protección y otorgamiento de concesiones se da un marco institucional poco trasparente con políticos y funcionarios corruptos que trasgreden las leyes y vulgarizan los mecanismos de expresión de demanda de la población y la participación ciudadana en el ciclo de diseño, aprobación, ejecución y evaluación de los proyectos.
El reconocimiento del FMI del fracaso de las políticas de ajuste neoliberales debe reflejarse en un cambio del marco conceptual y operativo de actuación de la institución, pero sobre todo en políticas  fiscales, monetarias, financieras y comerciales alternativas,  que posibiliten devolver parte de lo mal apropiado por los países y empresas transnacionales,  grupos económicos y financieros, fracciones de clase al interior de los países, empresarios, militares, políticos y dirigentes obreros y campesinos que se han visto favorecidos con la aplicación de dichas políticas de ajuste y reforma estructural. Caso contrario, este informe del fracaso del neoliberalismo será otra declaratoria de culpabilidad que queda en papel.
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, 17 de junio de 2016