Propuesta de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile

Desde su inicio la UNExPP de Chile, ha venido denunciando la falta de voluntad política de los Gobiernos pos dictadura, de patrocinar una ley de reparación justa y adecuada de acuerdo al daño causado, para las víctimas sobrevivientes de la prisión política y tortura, que venga a dar cumplimiento a los Tratados Internacionales suscritos por Chile.
Durante todo este tiempo, no sólo hemos denunciado el problema, también hemos sugerido una solución, elaborando un Proyecto de Ley de Reparación. Un proyecto que busca una solución definitiva que permitiría al Estado de Chile cerrar este vergonzoso capítulo.
Las características de este proyecto son principalmente su moderación, realismo y responsabilidad. Entendemos esta deuda del Estado para con los Expp, no como una oportunidad de desfinanciar al Estado y enriquecerse, pero por otro lado, tomando en cuenta el inconmensurable daño realizado a las víctimas directas y a sus familiares, no nos permite aceptar lo hecho por los Gobiernos pos dictadura hasta ahora. Proponemos una indemnización de 2000 UF como base para todos los/as expp, y a partir de los 90 días de prisión un adicional de 10 UF por día de cárcel, luego los adicionales en caso de violación, por daño o secuelas físicas y psicológicas, por exilio forzado, etc.
Los adicionales que se agregan en este proyecto buscan que la reparación sea justa y adecuada, ya que no es lo mismo haber estado 1 mes en la cárcel que haber estado 2 o más años. No es lo mismo no haber quedado con secuelas, que han hecho más dificultosa la vida, que no tener esas graves consecuencias.
No se puede hacer justicia entregando un monto miserable único a todos por igual, la ley está obligada, para ser justa y adecuada a impartir JUSTICIA de acuerdo al daño causado y a considerar a la familia, con libreta o sin libreta, sin discriminación alguna, como herederas y beneficiarias de los derechos que les habría correspondido a los compañeros expp fallecidos. Nuestra propuesta de Ley atiende todos estos aspectos, por ello también fue base de ambos proyectos de acuerdo presentados a la Presidenta Bachelet, por la Cámara de Diputados y el Senado en abril de 2014.
Hemos propuesto además una forma de financiamiento, ya que estamos conscientes que es un monto considerable, por lo tanto proponemos que nuestro país solicite un crédito a 20 ó 30 años plazo, lo que daría garantías de no repetición ya que todos los años se debería considerar en el presupuesto de la nación la cuota a pagar. Esta sería una buena forma de asegurarnos que el recuerdo de estos atropellos esté presente por muchos años y sirva para impedir que estos atropellos a la dignidad humana, se vuelvan a repetir.
No podemos aceptar la oferta económica del Gobierno, presentada en la Mesa de Alto Nivel. Mesa de negociación instalada con motivo de la huelga de hambre realizada por más de un centenar de Ex Prisioneros Políticos el año 2015, en la que también se discrimina groseramente a quienes fueron torturados cuando eran menores o adolescentes, dejándolos con un monto mucho más miserable que el que recibirían quienes fueron torturados con más edad. Este sólo hecho nos debe llevar a rechazar enérgicamente dicha propuesta. La indemnización no puede depender de la edad con que fuimos torturados y si dependiera de esto, debería ser todo lo contrario, un niño o un adolescente posee menos herramientas para procesar el haber sido sometido a tan brutales vejaciones.
Debemos protestar y rechazar el modelo reparatorio asumido por el Gobierno, por cuanto se aparta de las normas internacionales para ignorar su obligación de pagar indemnización justa y adecuada. El Estado debe considerar la familia o el derecho de los herederos y no aprovecharse de la muerte de las víctimas para no repararles. Las pensiones de exonerado político y la de ex prisionero deben ser compatibles, dado que son originadas por daños diferentes. La pensión Valech debe homologarse al monto de las pensiones Rettig. En la reparación debe evitarse toda discriminación de género o exclusión social.
Durante todos estos años nuestra organización ha estado permanentemente denunciando también la impunidad que sistemáticamente se ha impuesto en nuestro país, que tuvo su máxima expresión en el artículo 15 de la Ley Valech, promulgada por el Ex Presidente Ricardo Lagos, producto de espurias negociaciones con el Ex Comandante en Jefe en Retiro, Juan Emilio Cheyre. Por otro lado, el otro poder del Estado que ha colaborado con la impunidad es el Poder Judicial, muchos de sus Magistrados han aplicado la media prescripción y la prescripción, tanto en el ámbito penal como civil, tratándose de delitos de lesa humanidad, contraviniendo los tratados de derechos humanos suscritos por Chile en el orden internacional. Sin duda lo podrán seguir haciendo mientras no se adecuen las leyes de tal manera que con claridad no permitan la aplicación de estas prerrogativas. Responsabilidad que recae en el poder legislativo que se ha negado a dar curso en el Senado al Proyecto de Ley del Diputado Juan Bustos, QEPD, aprobado en la Cámara de Diputados desde hace 7 años, que, establece una “ley interpretativa” que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que evitaría definitivamente se continúe cometiendo estas aberraciones jurídicas. La no promulgación de esta iniciativa legal permite hoy a la justicia dejar impunes o entregar beneficios a los violadores de derechos humanos, permitiendo la libertad para feroces asesinos.
Tenemos absoluta claridad que ya hoy no tiene ningún gran valor, la apertura y el término del secreto de los archivos, si organismos del Estado se transforman en custodios de dichos documentos y no son puestos en manos de la justicia para perseguir la responsabilidad penal y civil de los responsables de la tortura, considerado el delito de lesa humanidad más grave ante la justicia internacional.
No nos dejemos encandilar por desclasificaciones puntuales que pudieran realizar los propios afectados, si esto no va acompañado de una acción en busca de la justicia, pierde valor práctico. Esto no es un tema que se debe resolver individualmente, es un problema de todas las víctimas sobrevivientes, es un tema social, de país. Las acciones individuales, tienen sólo un gran valor simbólico que sirve para poner en evidencia el problema. Por lo tanto no debemos perder de vista que es el Estado el que tiene la obligación de ser activo en la persecución de los responsables de la tortura y es lo que debemos exigir al Gobierno y a los Legisladores, para que la justicia investigue y sean castigados los culpables.
Junto con esto, nos hemos vistos forzados a presentar denuncias en contra del Estado de Chile, ante la Comisión Interamericana de DD.HH,, en representación de 2300 compañeros por denegación de justicia, y aplicación de la prescripción en nuestro juicios civiles. En las próximas semanas ascenderán a 3100 los denunciantes ya que enviaremos nuestra quinta demanda a dicho organismo. Así nos vamos acercando cada día más al momento de sentar al Estado de Chile, en el banquillo de los acusados, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad, por la falta de reparación y por negarles el derecho a los familiares a recibir la reparación que les corresponde como herederos de los expp fallecidos; beneficiándose así el Estado vergonzosamente con la muerte de las víctimas.
Esta importante acción se debe entender como una protesta concreta, como un enérgico llamado de atención a toda nuestra sociedad que no ha sido capaz de realizar un proceso real de reconocimiento de las brutalidades cometidas por una sangrienta y feroz dictadura, cívico –militar las cuales han sido relativizadas, en la medida que se impone la impunidad con respecto de los violadores de los derechos humanos y la indiferencia, invisibilización y desafección demostrada para con las víctimas de delitos de lesa humanidad.
NELLY CÁRCAMO VARGAS
Presidenta Nacional de la UNExPP de Chile
Osorno, 15 de mayo de 2016
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Documento original en formato PDF:
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