El fiscal nacional Jorge Abbott salió a poner paños fríos a los casos de platas políticas, asegurando que se debe actuar con prudencia para no pasar a llevar a las instituciones que son «fundamentales de la República», aclarando de paso que no hay un ensañamiento particular contra la oposición y que si no hay más dirigentes oficialistas formalizados es porque los antecedentes recabados hasta el momento no lo ameritan.
Abbot también apunta a buscar una solución rápida a las causas por delitos tributarios y financiamiento irregular de las campañas políticas, «tratando de investigar intensamente todas las aristas que se presenten, pero tomando decisiones rápidas, porque tenemos equipos de personas que son importantes para la institución y que se están desviando de la investigación de otro tipo de causas que también son importantes».
En ese sentido, el fiscal nacional le hace un guiño a la clase política al indicar, en entrevista con La Tercera, que «debemos ser muy cuidadosos en el resguardo de las instituciones. Las responsabilidades penales son personales, no institucionales, y en eso tenemos que ser particularmente respetuosos de no afectar la institucionalidad de la República».
«Por eso, tratamos de hacer las investigaciones con el más bajo perfil, de modo tal de no afectar a las instituciones y tampoco afectar la presunción de inocencia de cada persona, que hoy día no tiene mucha consideración y respeto de parte de los medios y la comunidad. Basta que una persona sea formalizada para que ya se entienda que ha sido condenada por un hecho, cuando en verdad la formalización no es sino la comunicación que se le hace a una persona que se le está investigando por uno o más hechos determinados que revisten el carácter de delito, en el cual eventualmente una persona puede tener participación», explica.
En cuanto a la posibilidad de llevar a una audiencia a alguna autoridad, el fiscal sostiene que para formalizar es necesario que haya una justificación para hacerlo y «no es cosa pura y simplemente de formalizar».
Sobre lo anterior, Abbott menciona que obviamente se puede hacer sin una denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), pero cuando exista una justificación como «cuando sea necesaria una medida cautelar: sabemos que la persona va a abandonar el país, sabemos que estamos con un plazo de prescripción que está a punto de vencer y el SII no tiene capacidad de respuesta. En ese caso, para evitar que la persona se fugue o que la persona entorpezca la investigación, se justifica la formalización. Pero formalizar sin necesidad de cautela alguna, con el solo propósito de llevarla a una audiencia pública para comunicar lo que esa persona ya sabe, eso no tiene ningún sentido. La formalización tiene que tener sentido. No puede ser gratuita. Esa ha sido mi posición. No es posible que formalicemos a alguien y luego el SII diga que no se va a querellar. ¿Se da cuenta usted la condición en la que ponemos a ese ciudadano si lo hemos formalizado por un delito tributario y luego el SII dice que no habrá querella? Esa persona nunca fue objeto de una eventual condena y nosotros generamos un hecho que afecta gravemente sus derechos fundamentales».
Y agrega que «nosotros no podemos, a través de nuestras acciones, afectar instituciones fundamentales de la República. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque parte importante de la convivencia nacional depende del respeto a las instituciones. Yo creo que hoy día, uno de los grandes problemas que tenemos es el descrédito que tienen las instituciones, pero a partir de responsabilidades de carácter individual».
Respecto a las críticas que se han generado en cuanto a formalizar solamente a un sector político, la autoridad de los persecutores precisa que esos cuestionamiento son injustificados, debido a que las situaciones son diametralmente distintas si se miran objetivamente los hechos.
«En el caso de la Nueva Mayoría, tenemos una relación con SQM en que hay una intermediación de una empresa (Asesorías y Negocios) que contrataba con SQM, y tenemos personeros que, a su vez, mantenían contratos con esa empresa, pero no tenían contacto con SQM. Muchos de ellos han entregado trabajos que hicieron efectivamente para esa empresa. En consecuencia, es difícil establecer la existencia de algún delito en la relación entre estas personas naturales y SQM. Por cierto que sí la hubo entre la empresa del señor (Giorgio) Martelli y SQM. Este ha sido formalizado, va a ir a juicio y va a ser condenado, pero aquellos que hicieron trabajos para esa empresa y luego fueron negociados con SQM, para la cual eran absolutamente inocuos para su desarrollo empresarial, pues bien, ahí está efectivamente la comisión del delito, pero no vemos, en principio, salvo que uno pudiera acreditar una coautoría o participación distinta a la directa, antecedentes suficientes. Estos no aparecen. Entonces las situaciones son distintas», afirma.
*Fuente: El Mostrador
Abbot también apunta a buscar una solución rápida a las causas por delitos tributarios y financiamiento irregular de las campañas políticas, «tratando de investigar intensamente todas las aristas que se presenten, pero tomando decisiones rápidas, porque tenemos equipos de personas que son importantes para la institución y que se están desviando de la investigación de otro tipo de causas que también son importantes».
En ese sentido, el fiscal nacional le hace un guiño a la clase política al indicar, en entrevista con La Tercera, que «debemos ser muy cuidadosos en el resguardo de las instituciones. Las responsabilidades penales son personales, no institucionales, y en eso tenemos que ser particularmente respetuosos de no afectar la institucionalidad de la República».
«Por eso, tratamos de hacer las investigaciones con el más bajo perfil, de modo tal de no afectar a las instituciones y tampoco afectar la presunción de inocencia de cada persona, que hoy día no tiene mucha consideración y respeto de parte de los medios y la comunidad. Basta que una persona sea formalizada para que ya se entienda que ha sido condenada por un hecho, cuando en verdad la formalización no es sino la comunicación que se le hace a una persona que se le está investigando por uno o más hechos determinados que revisten el carácter de delito, en el cual eventualmente una persona puede tener participación», explica.
En cuanto a la posibilidad de llevar a una audiencia a alguna autoridad, el fiscal sostiene que para formalizar es necesario que haya una justificación para hacerlo y «no es cosa pura y simplemente de formalizar».
Sobre lo anterior, Abbott menciona que obviamente se puede hacer sin una denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), pero cuando exista una justificación como «cuando sea necesaria una medida cautelar: sabemos que la persona va a abandonar el país, sabemos que estamos con un plazo de prescripción que está a punto de vencer y el SII no tiene capacidad de respuesta. En ese caso, para evitar que la persona se fugue o que la persona entorpezca la investigación, se justifica la formalización. Pero formalizar sin necesidad de cautela alguna, con el solo propósito de llevarla a una audiencia pública para comunicar lo que esa persona ya sabe, eso no tiene ningún sentido. La formalización tiene que tener sentido. No puede ser gratuita. Esa ha sido mi posición. No es posible que formalicemos a alguien y luego el SII diga que no se va a querellar. ¿Se da cuenta usted la condición en la que ponemos a ese ciudadano si lo hemos formalizado por un delito tributario y luego el SII dice que no habrá querella? Esa persona nunca fue objeto de una eventual condena y nosotros generamos un hecho que afecta gravemente sus derechos fundamentales».
Y agrega que «nosotros no podemos, a través de nuestras acciones, afectar instituciones fundamentales de la República. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque parte importante de la convivencia nacional depende del respeto a las instituciones. Yo creo que hoy día, uno de los grandes problemas que tenemos es el descrédito que tienen las instituciones, pero a partir de responsabilidades de carácter individual».
Respecto a las críticas que se han generado en cuanto a formalizar solamente a un sector político, la autoridad de los persecutores precisa que esos cuestionamiento son injustificados, debido a que las situaciones son diametralmente distintas si se miran objetivamente los hechos.
«En el caso de la Nueva Mayoría, tenemos una relación con SQM en que hay una intermediación de una empresa (Asesorías y Negocios) que contrataba con SQM, y tenemos personeros que, a su vez, mantenían contratos con esa empresa, pero no tenían contacto con SQM. Muchos de ellos han entregado trabajos que hicieron efectivamente para esa empresa. En consecuencia, es difícil establecer la existencia de algún delito en la relación entre estas personas naturales y SQM. Por cierto que sí la hubo entre la empresa del señor (Giorgio) Martelli y SQM. Este ha sido formalizado, va a ir a juicio y va a ser condenado, pero aquellos que hicieron trabajos para esa empresa y luego fueron negociados con SQM, para la cual eran absolutamente inocuos para su desarrollo empresarial, pues bien, ahí está efectivamente la comisión del delito, pero no vemos, en principio, salvo que uno pudiera acreditar una coautoría o participación distinta a la directa, antecedentes suficientes. Estos no aparecen. Entonces las situaciones son distintas», afirma.
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Tiene razón el Sr. Abott en el sentido de que no hay que tirar por la ventana el agua sucia de la bañera del niño con niño y todo ya que sabemos lo difícil que es contruir un país con instituciones y con leyes que favorezcan a la democracia.
Pero también es cierto que tenemos que exigirle a esa institucionalidad, un poco de calidad en la confección de sus leyes, y un poco de decencia en cuanto a quienes son elegidos para representarnos.
Los gobiernos elegidos por votación que ha tenido Chile estos últimos 27 años, han pecado de desprolijidad y abandono importante de sus deberes, uno de los cuales es ir poniendo a punto las leyes que nos rigen en cuanto a delitos «modernos».
La introducción de ciertas cláusulas o la supresión de otras, han facilitado que los delitos económicos queden impunes, y lógicamente ahora la legalidad jurídica no tiene las herramientas para darle a esos delitos las penas que corresponderían. Se ha favorecido la compensación económica por los delitos, en vez de penas aflictivas, estimulando a que los poseedores de riquezas puedan delinquir, en caso de que la ley considere delito lo que es delito en la mayoría de los países, y pueda declararse culpable y pagar una multa que corresponde a un porcentaje pequeño de las utilidades obtenidas por esta acción.
Y los partidos políticos, encargados de velar por la probidad de sus participantes, consideran que las faltas que no han podido formalizarse por falta de legislación, no afectan la honorabilidad de aquellos que participan a su nombre en la construcción y administración de nuestra legalidad.
Estamos sumidos en un ambiente donde lo que no está expresamente prohibido, es legal, y por lo tanto permitido. Y da la casualidad de que la mayoría de este vacío está dirigido a proteger a los avariciosos comerciantes-políticos cuyo norte es el enriquecimiento particular y no el bien común.
La UDI es una máquina de destinada a recolectar fondos para tener comprados a los legisladores de modo que hagan leyes a su pinta, y a través de las Fundaciones, reparte dinero para comprar los votos de los más pobres (UDI popular)
Ahora quieren que a esos delincuentes de cuello y corbata que postulan como senadores y diputados, no se les conozcan sus actuaciones en que al declararse culpables y pagar para blanquearse (negocio redondo) pasan a ser blancas palomas y los ciudadanos pueden enterarse de como se afanan la guita. Y para eso quieren hacer una ley en que antes de declararlos culpables, cosa que no va a suceder porque la ley actual no lo permite, se castiguen las filtraciones del proceso y todo el mundo se entere de que estafaron al fisco.