Para Yahír Rojas, el aparato del Partido Socialista está instalado en la zona. Por lo tanto, la aceptación de proyectos que van en contra del medioambiente y la ciudadanía, proliferan más que en otras zonas. La lucha es ahora contra SGA, consultora a cargo de impulsar la mina de Titanio Cerro Blanco.
El vocero de la comunidad de Freirina, Yahir Rojas, denunció el lobby que está ejerciendo en el territorio la consultora SGA de Jaime Solari para asegurar la construcción del proyecto minero Cerro Blanco, que los ciudadanos consideran “la nueva amenaza en el Valle del Huasco”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el dirigente afirmó que la comuna es vista como un punto estratégico para dar una señal a los empresarios y mostrar que con presiones e influencias, se puede hacer frente a las organizaciones sociales.
Historial del Lobby
“Primero fue Caval” recordó el dirigente, cuando la firma de la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon y de Mauricio Valero, llegó al Valle del Huasco para la aprobación de la polémica planta faenadora de cerdos de Agrosúper, que, después de un fuerte levantamiento ciudadano el 2012, se retiró del territorio.
Luego apareció Eugenio Tironi con su empresa Gestión Social, que elaboró algunos estudios donde se destacó a un grupo de vecinos que pedía el regreso de Agrosúper ante la baja de ofertas laborales en la zona, con lo que se creó una nueva polémica que consideraba la opción del regreso de la planta de cerdos.
Hoy, denuncia el vocero, la amenaza es SGA, consultora ligada al partido socialista, fundada por Jaime Solari, hermano del ex ministro de Ricardo Lagos y destacada figura del partido.
SGA ha estado a cargo de impulsar la mina de Titanio Cerro Blanco, ubicada a nueve kilómetros de Freirina, la que fue aprobada en mayo del año pasado y cuya construcción está proyectada para el segundo semestre de 2016.
Yahír Rojas denunció que “actualmente la firma está siendo investigada por aportes irregulares a campañas políticas que invirtió más de 43 millones a través de Asesorías y Negocios del conocido operador político Giorgio Martelli, quien era el encargado de obtener los dineros para financiar la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, y el proyecto Cerro Blanco, que va a obligar a Freirina a pasar a zona de latencia, poniendo en serio peligro el desarrollo de la vida en este territorio, curiosamente, fue aprobado en el gobierno de Bachelet”.
SGA y aprobación de proyectos
La Consultora SGA tiene un amplio currículum. Antes trabajó con Barrick Gold en Pascua Lama, pero también con Endesa, ENAP, Aes Gener y Colbún. “Tiene bastante experiencia en presionar a la institucionalidad ambiental y utilizar los vicios de la normativa vigente a aprobar varios proyectos”, dijo el vocero.
En ese sentido sostuvo que “para aprobar un proyecto no se necesita respetar el medioambiente, ni cumplir con la norma, que además en Chile es bastante permeable, sino tener contactos, lobby e influencia dentro de la clase política”.
Esto cuando la Presidenta es socialista y en la Región de Atacama hay un intendente socialista (Miguel Vargas) un alcalde socialista (César Orellana) y una senadora socialista (Isabel Allende). ¿Qué mejor escenario para operar?, se preguntó Yahir Rojas.
Instalación en Freirina como señal al empresariado
En esa línea, sostuvo que hay una obsesión con Freirina: se ha convertido en un verdadero “paraíso para el lobby”.
“Al parecer Freirina se convirtió en el paraíso para instalar proyectos y aquí también hay juego de intereses políticos, porque si se comienzan a instalar proyectos aquí, en un territorio conocido, organizado, que pudo expulsar a un grande de la economía nacional y también del orbe, como fue Agrosuper, por supuesto que es una señal potente para que se siga realizando el modelo que hoy prima en todo el país, no sólo en Freirina o el Valle del Huasco”.
El dirigente recordó que al inicio de este gobierno se creó un plan de agilización de proyectos, para facilitar la inversión, con la finalidad de destrabar cualquier complicación que mantuviera a las iniciativas en carpeta. En noviembre pasado, Máximo Pachecho, titular de Energía, afirmó que la minera contaba con un 70 por ciento de avance.
Esto ¿a qué costo?, ¿quién lo paga?, se preguntó el vocero. “Claramente son las comunidades” dijo, a quienes las leyes no buscan proteger, permitiendo operaciones que ponen en riesgo su salud, su vida y hasta su propia subsistencia.
