Capturan a 'suegro' de asesora clave de subsecretario Aleuy condenado por violaciones a los DD.HH.

Con las nuevas revelaciones del ‘Caso Quemados’ el tema de los derechos humanos irrumpió en la agenda. En ese contexto este sábado fue detenido Daniel Cancino, prófugo hace siete meses y condenado, junto al ‘Mamo’ Contreras, a 15 años de cárcel por el secuestro calificado del estudiante Carlos Guerrero. La tardanza en dar con su paradero, y el hecho de que sus dos hijos estén vinculados a la PDI, llevó a las asociaciones de DD.HH. a denunciar una “red de protección”. A esto se suma un nuevo antecedente: la relación sentimental entre Daniel Cancino Cornejo, hijo del ex DINA, y Lucía Dammert, jefa de asesores del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
–“¿Quién es la que se atreve a defender a estos asesinos?”
–Eso preguntó el “Teniente Pablo” con revólver en mano a las personas que miraban en la esquina de Manuel Montt con Cirujano Videla. Era la mañana del último día de 1974 y en una camioneta tirado boca abajo estaba Carlos Guerrero (20 años), estudiante de Historia de la Universidad de Chile y militante del MIR. Sangraba en la cabeza y en un pie, mientras tres civiles le pegaban culetazos.

Esa fue la última vez que Olga Sánchez vio al amigo de su hijo Manuel Cuadra, también detenido esa tarde. Veinte días después Olga pudo ver a su hijo en “Tres Álamos” y le preguntó por su amigo, Carlos Guerrero. “Me contó que lo había visto en Villa Grimaldi, tenía tres heridas a bala en las piernas, sin curación, incluso lo ayudó en una ocasión para ir al baño porque no podía andar”, cuenta en su testimonio.
El hombre detrás de la chapa de “Teniente Pablo” era Fernando Lauriani, agente de la DINA, y encargado del grupo ‘Vampiro’, parte de la “Brigada Caupolicán” de la DINA que dependían de Miguel Krassnoff. El “segundo a bordo” del grupo era Daniel Cancino Vargas, quien fue condenado en octubre de 2014, junto a Manuel ‘Mamo’ Contreras y otros cinco agentes, a 15 años de cárcel efectiva por el secuestro calificado de Carlos Guerrero, detenido desaparecido.
El 5 de enero se esperaba que Cancino se presentara ante el juez Leopoldo Llanos junto a Fernando Lauriani y Rodolfo Wenderoth, para cumplir su condena en Punta Peuco. El mismo recinto donde el ‘Mamo’ Contreras cumple con su megaprontuario de 526 años sólo en condenas dictadas por la Corte Suprema, entre las que está el secuestro calificado de Carlos Guerrero.
Tras siete meses prófugo, Cancino fue capturado en Quintero el sábado pasado, luego de que la Brigada de Derechos Humanos detectara movimientos en su cuenta bancaria desde cajeros automáticos para cobrar su pensión. Además, deberá cumplir una segunda pena de cinco años por el secuestro calificado de Jaime Robotham y Claudio Thauby.
La información fue dada a conocer por TVN, pero omitió un detalle importante. El hijo del ex agente de la DINA, Daniel Cancino Cornejo, es pareja de Lucía Dammert, jefe de asesores de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que dirige Mahmud Aleuy.

Además, Cancino Cornejo es subprefecto en retiro de la PDI y su hermana, Angélica María Cancino Cornejo, es oficial de la Bricrim de Pudahuel. Con estos antecedentes la detención despertó alertas en el Gobierno.

‘Ruido interno’ en Palacio

La situación familiar de Dammert no ha pasado inadvertida en La Moneda. El episodio revive en las filas del Gobierno lo sucedido con la fallida nominación de la subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría, obligada a renunciar antes de asumir el cargo debido al revuelo político que generaron las presiones de organismos de DD.HH por las denuncias por tortura contra su padre, lo que empañó la asunción del mando de la Presidenta Michelle Bachelet por el traspié en la conformación de su gabinete.
En La Moneda explicaron que el ministro del Interior, Jorge Burgos, se “enteró” de la situación del suegro de Dammert hace unas semanas, que el punto lo conversó además con Aleuy, y que ambos coinciden en aplicar en este caso el criterio de que las personas no pueden ser responsables de lo que hacen sus familiares, argumento que ambas autoridades han esgrimido en más de una ocasión, como fue con Echeverría.
Pero el tema no es tan simple para La Moneda, es más, internamente se reconoce que es complejo y que ha generado cierto ruido a nivel interno en el ministerio. Son dos aristas las que ponen el foco de dudas y críticas sobre Dammert: su vínculo familiar con un violador de DD.HH. y la delicada situación en que queda al interior del Gobierno, considerando que dada su condición de experta y asesora de Aleuy y Burgos en materias de seguridad ciudadana, le corresponde precisamente sentarse –agregan desde el Ejecutivo– en los comités ad hoc todas las semanas con Carabineros y la Policía de Investigaciones, donde accede a información sensible.
Al menos no se ve bien, reconocen en La Moneda, si se suma el hecho de que la pareja de Dammert es un ex subprefecto de la PDI y su cuñada es oficial de la Bricrim de Pudahuel.
No es la primera vez que la presencia de Dammert en el Gobierno ha generado ruido. Ya el año pasado, luego que la bomba en el subcentro del metro Escuela Militar puso en el tapete el tema de la seguridad, la experta era apuntada soterradamente desde las propias policías, las que demostraban abiertamente su “desconfianza” con la socióloga por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser peruana, aunque lleva más de una década radicada en Chile y en el gobierno recalcan que ya adquirió la nacionalidad chilena.
En esos días de septiembre se hablaba de falencias en el comité policial que manejaba Dammert, que había poca fluidez en el trabajo. Además, desde el entorno del entonces ministro Rodrigo Peñailillo no miraban con buenos ojos a la asesora del subsecretario Aleuy, con quien ya empezaban a evidenciarse las tensiones.
La académica desde el primer día de Gobierno ha formado parte del equipo de Aleuy, quien le tiene mucho respeto profesional y en general ha hecho oídos sordos de las críticas contra ella. Si es cercana al subsecretario, hoy lo es mucho más de Burgos, afirman en el ministerio, a quien le elabora minutas y asesora. Dammert participó durante la campaña presidencial en el comando de Tegualda, aportando en la elaboración del programa de Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
Además del subsecretario y el ministro, hay quienes defienden a Dammert, valoran su calidad profesional y siempre han sacado a colación que las críticas provienen más del machismo y nacionalismo barato que de argumentos políticos de peso.
Su currículo la avala. Es socióloga y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, Holanda. Además, es profesora  asociada en la carrera de Relaciones Internacionales de la USACH. Su experticia es el tema de seguridad, violencia urbana, seguridad ciudadana, planificación urbana y participación comunitaria. Fue directora de Seguridad y Ciudadanía en Flacso; trabajó como asesora experta en el Departamento de Seguridad Pública de la OEA y como consultora del Banco Interamericano del Desarrollo y del PNUD.
Pero también hay varios en el ministerio que desconfían de ella, desde siempre, la consideran calculadora, que a la luz del dolor de cabeza en que se transformó la seguridad pública para La Moneda su gestión no ha sido eficiente y su, ahora, conocido vínculo con un ex DINA, solo le echa más pelos a la sopa.
El Mostrador se contactó con Lucía Dammert para pedir su versión de los hechos, pero declinó referirse al asunto, argumentando que es un tema personal.

Red de protección

Organismos de DD.HH. ya han planteado privadamente a La Moneda y al Ministerio del Interior sus dudas y aprensiones por el vínculo activo de la familia de Cancino con la Policía de Investigaciones y la influencia indebida que eso pudo tener en favorecer el estado de prófugo en que estuvo por casi siete meses el ex miembro de la DINA.
Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la captura de Daniel Cancino Vargas tiene que ir acompañada de una investigación. “Es preocupante la posibilidad de que exista una red de protección porque este no es el único prófugo de la justicia y parece que es como una lógica que se establece dentro de ellos, de no acatar las decisiones judiciales. Se demoró más de medio año en encontrar a este sujeto. Esa dificultad tiene que ver con una red de protección que lo amparaba para que no fuera encontrado”, dice.
Además, señala que  el vínculo familiar de Cancino Cornejo con dos funcionarios de la PDI es “complicado”, ya que éste pone en cuestión la ética profesional y la institución. “No porque sean hijos uno va a condenarlos a ellos. Pero hay un sujeto de la PDI condenado por violación a los derechos humanos al que se demoró más de medio año en capturarlo”. Y agrega que el punto central pasa por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI: “Hay que plantearse su reformulación y restituir a quienes sí demostraron avances efectivos en el tema del terrorismo de Estado”.
*Fuente: El Mostrador