Violación a los Derechos Humanos, holocausto de Rodrigo Rojas e intento de incinerar en vida a Carmen Gloria Quintana

DECLARACION

Violación a los Derechos Humanos, holocausto de Rodrigo Rojas e intento de incinerar en vida a Carmen Gloria Quintana

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional, declara:
En el curso del presente mes, dos ex efectivos de las Fuerzas Armadas (Fernando Guzmán y Pedro Franco) entregaron nuevos antecedentes que han permitido reabrir el proceso de uno de los más horrendos crímenes ocurridos bajo la dictadura militar: el holocausto de Rodrigo Rojas De Negri y el intento de incinerar en vida a su acompañante Carmen Gloria Quintana. La justicia ha podido, de esa manera, seguir adelante con la investigación de los hechos. Y hasta es posible que logre establecer algunas responsabilidades.
Las violaciones a los derechos humanos, sin embargo, fueron hechos consubstanciales a la dictadura pinochetista tanto de parte de sujetos vinculados a los institutos armados como de elementos civiles. Todos ellos son responsables (directos e indirectos) de crímenes que van desde la violación de mujeres no sólo por la soldadesca sino por perros amaestrados y la introducción de ratones en la vagina de las mujeres aprehendidas, al secuestro y donación de bebés nacidos en cautiverio, desaparición de personas, degollamiento ritual de personas secuestradas e incineración en vida de personas aprehendidas. Esos hechos, espantosos de por sí, muestran el grado de perversión que existió al interior de la sociedad chilena durante la dictadura pinochetista, perversión que excede los límites de la imaginación más febril. Jamás las Fuerzas Armadas han dado una explicación institucional de esos hechos; menos aún han colaborado a esclarecerlos, conducta que han reproducido los representantes de la administración civil. Por el contrario: en los institutos armados, algunos de los responsables de tales crímenes continúan en el desempeño de los cargos que ejercían bajo la dictadura e, incluso, han ascendido de grado, y quienes se han acogido a pensión gozan hoy de suculentas rentas; en el plano civil, muchos de esos sujetos no sólo militan en las filas de los partidos que conforman la llamada ‘Alianza Por Chile’ y cuentan con la protección de su dirigencia sino, generosos con la sangre ajena, se atreven a proponer una ‘reconciliación nacional’ que ponga en un mismo nivel de igualdad a la víctima con el verdugo, atribuyendo a la primera el peso de la culpa.
De esa manera, los verdaderos responsables siguen impunes. En el espantoso caso del holocausto de Rodrigo Rojas y el intento de incinerar en vida el cuerpo de Carmen Gloria Quintana, no han sido entregados a la justicia los integrantes del alto mando que contrató especialistas(abogados) con quienes dichos altos mandos conspiraron para entregar una versión plausible para la prensa y la opinión pública; esos mismos altos mandos militares pagaron altas sumas a su subordinados para que no hablaran, y amenazaron con asesinar a los familiares de los conscriptos que participaron en los hechos si es que quebrantaban el secreto de tan execrable acción. Del mismo modo, permanecen impunes todos los personeros de Gobierno que, elegidos al término de la dictadura por una población hambrienta de justicia, entorpecieron todas las posibilidades de iniciar procesos contra los efectivos de las Fuerzas Armadas y civiles responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen pinochetista, e impulsaron leyes destinadas a ocultar los nombres de quienes cometieron tales abominaciones.
¿Cómo puede ser posible que, solamente luego de 25 años del término de la dictadura, recién, y a propósito de la confesión de Fernando Guzmán y de Pedro Franco, se haya propuesto degradar a los militares que violaron los derechos humanos? ¿Cómo puede ser posible que el propio presidente que impulsara la creación de una Comisión (Valech) destinada a establecer el número de víctimas de la dictadura instituyera un secreto por 50 años destinado a ocultar el nombre de quienes cometieron tales atrocidades? ¿Cómo puede ser posible que un Gobierno ‘de izquierda’ trasgreda los principios del derecho internacional que ordenan la justa reparación del daño a quienes no sólo fueron prisioneros políticos de la dictadura sino, con sus luchas, hicieron posible el retorno a la democracia, y sólo acceda a concederles pensiones denigrantes, obligándolos a iniciar huelgas de hambre en protesta por tales medidas?
El retorno a la democracia, si bien ha permitido algunos logros para los sectores dominados, no ha sido una panacea para las víctimas de la dictadura. Sujetos altamente competitivos, temerosos de ser desplazados por quienes verdaderamente entregaron su sangre y esfuerzo para poner término a la dictadura, se han hecho cargo de la conducción de los partidos y de la administración del país, cerrando sus oídos a las críticas y condenando a la miseria a quienes verdaderamente entregaron sus esfuerzos por alcanzar una sociedad mejor. Si bien es cierto tales sujetos pagan hoy por esa conducta recibiendo de parte de la ciudadanía la más baja aprobación electoral en la historia de la democracia post dictatorial, forzosamente hemos de decir que la llamada ‘izquierda’ ha sido, a la vez, sepulturera de la justicia y de la reparación.
El CODEHS junto con denunciar estos hechos y solidarizar con todas las víctimas de la dictadura y quienes han contribuido a instituir la impunidad de los culpables, reitera su vocación de estar al servicio de los más necesitados, y advierte una vez más que sólo la unidad de las organizaciones sociales y sindicales obtendrá la justicia que todos anhelamos y pondrá fin a todos los abusos que hoy vuelven a conmover a la sociedad chilena.

COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES

(CODEHS)

Santiago, 28 de julio de 2015