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"Nuestra Huelga de Hambre continúa y organizaremos una caravana de ex prisioneros hacia Santiago" 

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DECLARACIÓN PÚBLICA

El Comité Nacional de Huelga de Hambre de los ex Prisioneros Políticos de Chile y Familiares 
informa al país que sostuvimos una reunión el miércoles 3 de junio, con participación de las 
ocho ciudades adheridas a este Comité: Punta Arenas, Puerto Montt, Osorno, Concepción, 
Chillán, Valparaíso, San Felipe e Iquique.
Examinamos la actitud que ha mantenido el Gobierno respecto de nuestro movimiento, y 
constatamos que ha continuado con su silencio e incapacidad de entregar solución verdadera 
a nuestras demandas. Esta tozudez se visualiza en la forzada inauguración de la mesa de 
negociaciones presidida por el obispo Goic y la subsecretaria de la SEGPRES, además de 
parlamentarios y delegados de algunos ministerios e instituciones paragubernamentales como 
el INDH. En esa mesa participan los huelguistas de Rancagua que abandonaron la huelga el 
23 de mayo, junto a representantes designados burocráticamente y que carecen de 
representatividad real.
Hemos recibido una creciente solidaridad nacional e internacional que nos fortalece; son 
cientos los chilenos exiliados, personalidades y organismos que nos han hecho llegar su apoyo 
y critican la insensibilidad del gobierno.
Por todo lo anterior, hemos decidido por unanimidad mantener nuestra huelga de hambre y 
organizar nuevas acciones de movilización, entre ellas una caravana de ex prisioneros hacia 
Santiago partiendo desde Iquique por el Norte, una segunda desde Puerto Montt que se reúna 
con los huelguistas de Osorno, Concepción y Chillán y una tercera desde Valparaíso y San 
Felipe, para marchar hasta la Moneda.
Reiteramos que nuestras reivindicaciones principales deben ser incorporadas al acuerdo de 
Rancagua, para permitir que la mesa discuta soluciones reales y efectivas.
Entre ellas: el aumento gradual de la pensión Valech; la compatibilidad de ésta con la de 
exonerado político; una Ley de Indemnización; la calificación permanente de las víctimas de 
la dictadura cívico-militar y establecer que la pensión de sobrevivencia acceda al cónyuge o 
conviviente por un monto igual al 100 % de la pensión y permitir la adhesión de los 
beneficiarios PRAIS a FONASA, exentos de cotización.
Además, nos parece fundamental que el Gobierno se comprometa a ingresar al 
Congreso Nacional los proyectos de ley que emanen del trabajo de la Mesa de 
Alto Nivel durante el curso de este año.
Manifestamos nuestra permanente disposición al diálogo y continuamos a la espera que la 
Presidenta Bachelet nos reciba en audiencia para buscar una solución al más breve plazo.
Estamos conscientes del enorme daño físico y moral que implica para los compañeros y 
compañeras mantener esta huelga de hambre por más de 50 días, pero no estamos dispuestos 
a claudicar en esta lucha hasta lograr una verdadera y justa solución a nuestras demandas.
Comité Nacional de Ex Prisioneros Políticos en huelga de hambre y familiares
Santiago 4 de junio de 2015

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1 Comentario

  1. gfwestphal

    Sobre la incompatibilidad de las pensiones Valech y de Exonerados Políticos
    Aparte de que los hechos que cubren las pensiones Valech y de Exononerados Políticos son conceptualmente de naturaleza distinta —prisión política y tortura, por una parte, y exoneración política, por otra—, las pensiones mismas y sus montos también son de naturaleza distinta, un hecho que no se ha enfatizado debidamente en los argumentos a favor de la supresión de la absurda y arbitraria incompatibilidad entre ambos sistemas de pensiones.
    En efecto, las pensioes por exoneración política son de naturaleza previsional en tanto que la Ley 19.234 y modificatorias (Ministerio del Trabajo y Previsión Scial) las reconoce como jubilaciones y sus montos dependen de los sueldos base que percibían los exonerados y sus años de servicio al momento de exoneración política. En cambio, las pensiones Valech esablecidas por la Ley 19.992 (Ministerio del Interior) son «de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos” y sus montos dependen de los tramos de edad de los beneficiarios, sin relacón alguna con la situación laboral que ellos hayan tenido cuando sus derechos humanos fueron violados.

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