Marcha de los Indignados en Tarapacá

Se ha enfatizado no pocas veces que el centralismo, tanto del Estado como del mercado, son un obstáculo para el desarrollo de las regiones en Chile, aseveración que posee un fuerte respaldo ciudadano, incluso en Santiago. Por ello es habitual que nuestras autoridades regionales y municipales (salvo las designadas por el Gobierno Central, por supuesto) usen el discurso de la descentralización para sus fines electorales y para demandar más poder para ellos, argumentando que son legítimos representantes de la comunidad.

El poder central, sin embargo, se muestra reticente a traspasar competencias a las regiones, fundado en la idea de que no existen capacidades regionales para un desempeño adecuado y que abundan las malas prácticas y la captura por parte de caudillos locales de baja calidad. Más recientemente se escucha el reclamo contra la feudalización de las regiones debido a la influencia sin contrapeso de los senadores en la designación de las autoridades y funcionarios regionales, lo que se traduciría en una mala calidad, peor servicio a los ciudadanos y sospecha de uso de recursos fiscales en beneficio electoral.
La masiva protesta, denominada Marcha de los Indignados del 20 de marzo en Iquique, alerta sobre el gran descontento popular con el desempeño de la clase política regional y el abandono en que se encontraría Tarapacá, sin un gobierno que lo represente y que cumpla con sus expectativas de contribuir a generar un espacio de mejor calidad de vida.

Parte importante de la responsabilidad recae en los líderes de nuestras principales entidades regionales, porque después de un año resulta evidente que ni el Intendente Regional ni el Presidente del Consejo Regional pueden pretender hacernos creer que este año perdido (incluso de retroceso, según muchos) se explica por “los otros” (léase: otros consejeros regionales,  los parlamentarios, los alcaldes, las autoridades nacionales, la legislación, etc.). Ambos fueron designados o elegidos para otorgar gobernabilidad al Gobierno Regional y realizar una gestión en beneficio de los ciudadanos de Tarapacá. En ambas han quedado en evidente deuda y no resulta digno frente a la ciudadanía que ambos se ensalcen uno al otro, ignorando que los dos “no han dado el ancho”, como acostumbra a decir la Presidenta de la República.
El corto plazo no se presenta auspicioso para la región y ya el terremoto no es argumento para explicar el pésimo desempeño de Tarapacá en materias de empleo, producción, seguridad social, salud y calidad de vida. El largo plazo, por su parte, se sabe hace mucho, presenta enormes desafíos de sustentabilidad económica por lo que ya se debería estar trabajando para la diversificación y reconversión productiva regional en un escenario de menor presencia de la minería (el que se inició en 2010).
¿Dónde están las iniciativas o la planificación que ayudarán a superar la actual crisis y construir un futuro deseable para los ciudadanos de Tarapacá? ¿Dónde está la Estrategia Regional de Desarrollo que nos da una respuesta y direcciona nuestros esfuerzos colectivos? ¿Dónde está la articulación de actores que se movilizarán en torno a dicho proyecto regional? ¿Hay alguien pensando o trabajando en torno a este desafío clave para los tarapaqueños en el Gobierno Regional?
Resulta evidente que no. Más importantes parecen los cortes de cinta, las columnas propagandísticas en la prensa, las peleas intestinas y ocupar los espacios de poder, colocando a los leales de oportunidad, independientemente de su calificación o expectativa de desempeño.
Esas prácticas y esta inacción son las que restan legitimidad a las demandas por  descentralización, por más poder para las regiones. En un momento nacional en que la ciudadanía toma conciencia que la concentración del poder e influencia es responsable de parte importante de los escándalos de la clase política y grandes empresarios nacionales, nuestras autoridades deben estar a la altura del desafío. En cambio en Tarapacá, son señaladas con el dedo como ejemplo para no distribuir poder a las regiones.
– El autor, Eduardo Montecinos, es antropólogo de la Universidad de Chile