CHILE agredido por la colusión político empresarial

Sábado 7 de marzo 2015
En la impunidad que le otorgaron los gobiernos de la posdictadura a los delitos económicos perpetrados durante el Gobierno cívico militar de Pinochet tienen sustento los crímenes cometidos ahora por los dueños y ejecutivos del Grupo Penta. Quienes se enriquecieron ilícitamente durante los 17 años de dictadura, siguieron acrecentando sus fortunas y privilegios y, en poco tiempo, lograron corromper a los partidos y dirigentes políticos para consolidar una colusión escandalosa con ellos. Tal como ha quedado tan dramáticamente demostrado en este caso que recién lleva a un grupo de empresarios a la cárcel, pero aguarda por más revelaciones y formalizaciones.
Los llamados “representantes del pueblo” han ido derivando en criados de las grandes empresas y multimillonarios del país, gracias a un sistema electoral que deliberadamente alentó el financiamiento irregular de las campañas políticas, los aportes “anónimos” a los candidatos y la posibilidad de que las empresas deriven de sus tributos burlados al Fisco el sostenimiento de la hoy autodenominada clase política, más bien es un apéndice de la oligarquía nacional.
Cuando la usura por el dinero y los sufragios derivó en el desparpajo es que se llega a defraudar al propio Estado, organizar asociaciones ilícitas, comprar funcionarios públicos, lavar activos y practicar otros delitos tan bien expuestos en el último caso ventilado en los tribunales. Después de esa seguidilla de despropósitos como el del MOP Gate, la colusión de las farmacias, la Polar y de un cuanto hay de conspiraciones y ejercicios que hablan de la corrupción entronizada en las instituciones del Estado y, desde luego, en el mundo de los negocios privados.
Hasta se llegó a tener consideraciones sociales por aquellos delincuentes de “cuello y corbata”. Numerosos de ellos han sido objeto de atenciones especiales por los gobiernos; son los principales pasajeros del avión presidencial y los primeros en obtener audiencias en La Moneda. Mientras los familiares de los detenidos desaparecidos esperaron por todo un período presidencial poder acceder a una reunión con un Primer Mandatario, nuestro Palacio Presidencial tuvo una puerta giratoria para el ingreso a los evasores de impuestos, a quienes obtienen suculentas ganancias de la información privilegiada, como a todos los que se adjudicaron del amiguismo o las coimas las licitaciones públicas.
Lo curioso es que al principio eran estos personajes los que acudían a las autoridades en busca de una “oportunidad”. Pero ya se ve que ahora hasta el propio hijo de la Presidenta es el que solicita una audiencia con el presidente de un Banco a fin de “gestionar” un crédito para efectuar un “negocito” que le reportaría unos 2 mil millones de pesos en unos pocos días. Como también se ha comprobado en una serie de correos electrónicos la indigna actitud de algunos parlamentarios en sus demandas de apoyo económico a los empresarios.
No puedo dejar de pensar en los millones de trabajadores que se levantan al alba para acudir a sus inciertos trabajos, recibir un sueldo más que precario y, por cierto, cumplir religiosamente con el pago del IVA y otros impuestos. Tal como cumplen con las deudas contraídas en los bancos y entidades financieras que lucran de sus necesidades y exhiben las mayores utilidades del mundo. No podemos sino que irritarnos cuando recordamos que en un conciliábulo gubernamental con las entidades patronales, hace algunos meses se otorgó un reajuste bochornoso al salario mínimo a vista y consentimiento de la CUT y otras instituciones que también han alcanzado un alto grado de corrupción.
Imposible no reaccionar también contra instituciones como la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyo Rector emprende una cruzada contra el aborto terapéutico, pero nada dice de que buen número de estos ladrones y defraudadores obtuvieron sus títulos profesionales en sus aulas, cuando este Centro de Educación Superior se proponía imbuir a sus estudiantes y egresados de un sentido evangélico de la ética y del compromiso con la justicia social, la equidad y hasta del deber ser de los empresarios cristianos.
Cómo no escandalizarse de las expresiones de un buen número de políticos que asumen que este escándalo es transversal y no señala exclusiones en los partidos, bancadas y referentes de quienes nos gobiernan y legislan. Poniéndose, sin duda, a reguardo de lo todo lo anómalo que siga descubriéndose en Soquimich y otras empresas. Porque el más discreto cálculo de lo que se gastó efectivamente en los últimos comicios presidenciales y parlamentarios no puede sino concluir que la podredumbre se ha globalizado en nuestro sistema institucional. Lo que evidentemente indica que no puede estar en manos de los actuales moradores de La Moneda y el Parlamento una solución a la crisis que se reconoce ampliamente como la más severa y profunda de las últimas décadas.
Habría que habilitar varias cárceles más para aislar a las “manzanas podridas”, a los ya constituidos en un peligro para la sociedad y que, de continuar en sus cargos, amenazan con desbaratar nuestra precaria democracia. Una Asamblea Constituyente podría ser la válvula de escape si al actual gobierno y al conjunto de la clase política les quedara algún grado de patriotismo y dignidad, más allá de las bravatas hacia nuestros países vecinos.
Felizmente, de la noble y decidida actitud del Ministerio Público se comprueba de que todo no está perdido y que desde el Tercer Poder del Estado, como desde el periodismo libre e independiente pudiera edificarse una recuperación de nuestra honra nacional tan mancillada frente al mundo. Y ante quienes incauta o maliciosamente nos ponían de ejemplo o nos consideraban hijos modelos de régimen internacional imperante.
Pero es, como siempre en nuestra historia, en las calles donde se debe prosperar un cambio y una nueva esperanza. Después de la necesaria verdad y de un ejemplar castigo a los culpables.
*Fuente: Radio U de Chile