La declaratoria fue aprobada con el solitario voto en contra del representante del Ministerio de Defensa, coronel de Ejército Eduardo Villalón, quien fue “relevado” de su cargo este jueves, luego de que asumiera en mayo de 2012. Sin embargo, a todos les
«…queda la duda de si Villalón actuó por cuenta propia, como un loco de atar, o si por algún motivo creía representar el sentir del Ministerio, o -más probable aun- del Ejército, que se opone abiertamente a la medida»
Los expositores, a nombre de las organizaciones de Derechos Humanos patrocinantes de la petición, fueron el periodista Javier Rebolledo, investigador de temas de derechos humanos; el arquitecto Miguel Lawner, ex preso político, y Ana Becerra, ex presa y torturada en Santo Domingo a los 17 años de edad.
Para sorpresa de todos, las preguntas del coronel Villalón a los expositores no fueron sobre el tema en debate. A Rebolledo y Lawner les preguntó lo mismo: “A usted, ¿quién le paga?”. Y a la ex presa política la descalificó como “cualquier persona”, sin méritos para estar allí. Con su celular se dedicó además a tomarle fotografías a Rebolledo, quien es objeto constante de amenazas por sus acuciosas investigaciones sobre las atrocidades de la dictadura.
Según fuentes, durante la reunión a puertas cerradas del Consejo, Villalón se dedicó a cuestionar todo el procedimiento y a desconocer la veracidad de los numerosos testimonios y documentos acerca de lo ocurrido en Rocas de Santo Domingo y en el cercano regimiento de Tejas Verdes, comandados ambos por Manuel Contreras, el sicario de Pinochet.
Villalón acusó además a los miembros del Consejo de haber organizado una especie de encerrona, en referencia a las familias de las víctimas del Ejército apostadas fuera del recinto en apoyo a la declaratoria.
El coronel fue criticado por los miembros del Consejo, por su insolencia frente a los invitados y por negar hechos establecidos en documentos judiciales e históricos. Una evidencia del numerito de Villalón -y con él, el de su jefe nominal, el ministro de Defensa, Jorge Burgos- es que entre los más duros críticos estuvo nada menos que Diego Matte, director del Museo Histórico Nacional, y vinculado a la UDI.
El Ejército desmanteló subrepticiamente el año pasado las antiguas cabañas de veraneo construidas por el Gobierno de Salvador Allende para los trabajadores chilenos, que en septiembre de 1973 fueron ocupadas por el Ejército, el que se convirtió en propietario luego de que en 1990 se blanquearan los numerosos predios usurpados por los militares. Tras la formación de la DINA, el recinto sirvió de colonia de vacaciones para los represores y sus familias.
Según la declaratoria de Monumento Histórico, el Ejército debe ahora recuperar y devolver los materiales de las cabañas, pues los ex presos se proponen reconstruir parte del campamento para convertirlo en museo de la memoria. El Ejército, en un memorándum, se opuso a la medida señalando que el terreno iba a ser vendido para financiar viviendas de personal militar en Porvenir.
*Fuente: El Ciudadano
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Para comunidades que se rigen de acuerdo a ética ancestral, ser MAPUCHE no es solo llevar el apellido, sino tener un vínculo territorial con una comunidad específica (Tuwün) y una historia linajística reconocida (Kümalme). Al haber hecho su vida en Santiago y luego décadas en Estados Unidos, se le ve como alguien ajena a AL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE.
Los señores militares deben devolver lo que no les pertenece,Si hasta ahora lo han tenido a su disfrute, solo ah sido gracias a la apropiación indebida, al despojo violento,Me imagino que ellos se sostendran en el argumento de..conquistas en tiempos de guerra…Señores esa propiedad es muy de los trabajadores!.. lo construyeron con su propio dinero, ¡No!con presupuesto de el ejercito.Es mejor que regresen todo cuanto hayan obtenido mediante el despojo con violencia,De cualquier manera deberán enfrentar los tribunales, por todo cuanto hayan obtenido ilícitamente,Como se puede ver… cuando un milico es dado de baja, entra a formar parte también de «Los nadie»,y es mucho peor, por cuanto un civil siempre tiene alguna especialidad que le permite ganarse la vida honesta y horada mente, y no acostas del estado.
Este hecho viene a demostrar que poco o nada ha cambiado en la mentalidad de la instituciones militares: los oficiales siguen insistiendo en la legitimidad del golpe de estado y validando las atrocidades que conlleva, porque cuentan con el respaldo de las élites dominantes que requerirán su participación cada vez que sientan amenazado su poder más allá de un límite tolerable.
Además ciertos psicópatas uniformados pretenden robar un patrimonio que es propiedad del Estado , esas construcciones se hicieron a comienzos del Gobierno del Dr.Salvador Allende con la dirección de equipamiento comunitario del Minvu ,ya esta bueno que el gobierno democrático ponga fin a este latrocinio de no solamente del ejercito, sino que miles de terrenos expropiados por la marina tambien
¿Qué se puede hacer contra militares criminales?. Ningún tribunal de justicia se enfrentará seriamente a ellos, porque los jueces que lo intenten serán destituidos o asesinados.
Lo ideal sería que los soldados rasos del pueblo, aprendiesen a pensar y se organizasen de alguna manera para castigarlos.
La población tiene reparos para mentalizarse en la necesidad que hay de matar a esos canallas.
Como esto es muy difícil de realizar, al menos se pueden manejar con astucia los medios de información de la red, para ir publicando sus fotos con nombres y apellidos. Investigar y publicar todo lo que se sepa sobre sus vidas privadas y las de sus familias y no cesar nunca mientras sigan viviendo.
Esto les hará pensar que la población quiere eliminarles y les amargará la vida hasta que mueran.
El terreno por donde pasean se les irá reduciendo y hasta tendrán que cambiar de aspecto físico para que nadie les reconozca.
A medida que vayan envejeciendo, se sentirán cada vez más débiles para soportar esa presión, como de alguna manera le sucedió a Pinochet, después de ser detenido en Inglaterra por orden de un juez español.