Septiembre de 2014
Luego de la explosión, los medios se han dado una suerte de festín sensacionalista y han presentado hipótesis de todo tipo, conectando gratuitamente sucesos que no tienen ningún tipo de relación lógica, por ejemplo, los robos de cajeros automáticos con los avisos de bomba, o el asalto del camión Brinks en el aeropuerto, con los paquetes sospechosos encontrados en el metro.
El atentado ocurrido en el Metro es un hecho gravísimo y enteramente condenable, eso no está en discusión. Sin embargo, a raíz de este lamentable acontecimiento han proliferado otros hechos que son aún más inquietantes y ante los cuales se debe estar en máxima alerta, sobre todo, porque ellos sí que tienen la capacidad de alterar severamente el estado de derecho y la vida de las personas.
En medio de este frenesí conspiracional, que es bastante esperable en esta situación, se le ha dado tribuna a ciertas voces que bajo el título de expertos, han dado declaraciones francamente inaceptables. Por mencionar sólo una, en canal 13, en una entrevista en vivo que duró cerca de dos horas, el señor Jorge Valdés, experto en seguridad, declaró reiteradamente que era urgente que la ley antiterrorista se volviera más severa, incorporando facultades tales como la infiltración de agentes del Estado en “las juntas de vecinos, los sindicatos y las universidades”, porque, según él, una gran organización terrorista con “formación en Chile y en el extranjero” estaba detrás de “todas las explosiones” y buscaba “imponer el terror” en la nación. A su juicio, era “evidente que estos grupos estaban instruidos por el grupo Lautaro y diversas organizaciones anarquistas”, que ahora se sentían con plena libertad de actuar. Estas atribuciones debían, de ser necesario, ejercerse inmediatamente, incluso si la ley no las contemplaba.
Con un tono similar, el ex jefe nacional de inteligencia sostenía que el ministro Hinzpeter había sido injustamente criticado por querer imponer “mano dura” en medio del clima de caos que imperaba en el país, y que fue un profundo error no aplicar la ley antiterrorista toda vez que fue necesario, por ejemplo, en los atentados de la Araucanía.
Estas declaraciones se suman a otras que afirmaban todo tipo de cosas, como la necesaria incorporación de tropas especiales en el conflicto mapuche, la eliminación de las “excesivas garantías” para los encapuchados, hasta barbaridades dichas por peatones entrevistados “al azar” que iban desde “sacar los militares a la calle” hasta el retorno de la detención por sospecha. Todas ellas seguidas de las repeticiones de desafortunados reportajes sobre grupos anárquicos, algunos con errores tan groseros como aquel que afirmaba, sin tapujo, que dentro de las facciones más peligrosas de los “terroristas”, se encontraban los denominados “veganos”.
En todo esto el gobierno tampoco se ha quedado atrás, invocando sucesivas veces la ley antiterrorista, la misma que se había comprometido a no usar y que ha recibido severas críticas de parte de los organismos internacionales por vulnerar los derechos humanos, la proporcionalidad de la pena, la no discriminación racial, entre otros principios mínimos de justicia.
Más allá de los ejemplos, que son muchos, urge que la ciudadanía esté extremadamente atenta al posible uso malintencionado de los acontecimientos que hacen ciertas personas cuyos fines políticos e ideológicos no son precisamente los de proteger a la ciudadanía, sino los de propiciar un falso clima de pánico en donde se justifique la vulneración de garantías constitucionales y se criminalicen los movimientos sociales, evadiendo las demandas de fondo que han sido sostenidas por la población.
La conexión inescrupulosa de acontecimientos que pretende poner en un mismo saco al nuevo gobierno, a la delincuencia, a los estudiantes, a los mapuches y a la desaceleración de la economía, no es una estrategia nueva en la política nacional, sino que forma parte del repertorio común de los grupos minoritarios cuando ven sus intereses amenazados por el empoderamiento de los ciudadanos. Son estos los que, pese a no andar encapuchados y a usar armas más refinadas que las latas de jurel con pólvora, conforman las verdaderas asociaciones terroristas que padece el país.
La principal recomendación en esta situación es permanecer en constante sospecha, condenando severamente el ataque de inocentes, mas no dejándose atrapar por la verborrea de sectores tanto o más extremistas que los autores del atentado, pues únicamente una ciudadanía crítica puede estar realmente a salvo del terrorismo, en cualquiera de las múltiples formas en las que se presente.
Fuente: El Quinto Poder
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