¿Parlamentario o empleado de los estafadores?

Nada más repugnante que la mezcla de los negocios con la política. Desgraciadamente, en Chile las leyes permiten que los candidatos a Presidente y a parlamentarios reciban dinero de las empresas, en forma secreta, atentando contra la necesaria transparencia, exigible a una democracia que se precie de tal. En el Chile de hoy cuesta distinguir entre emprendedores o estafadores, pues son demasiados los casos de corrupción en que se mezclan políticos y empresarios: todos forman parte de la misma casta y persiguen los mismos intereses, sean de la Concertación o de la Alianza – he llegado a sospechar que son más pillos los primeros que los segundos -.

Afortunadamente, en medio del lodazal de la política actual, hay tres o cuatro diputados jóvenes que se atreven a denunciar situaciones que antes eran silenciadas en complicidad – “entre pillos no hay cornada” -. Los diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Milosevic, han presentado un proyecto de ley, que está en el Senado, por medio del cual se propone suprimir el aporte de las empresas a las campañas electorales y, sobre todo, el secreto, que rige hasta ahora, del dinero que reciben los candidatos.

Es sabido que el empresario Julio Pone Lerou aporta, en forma transversal, a todas las candidaturas. Actualmente es el protagonista del mayor escándalo económico de la historia de chile con el caso Cascadas, que ha significado una ganancia de aproximadamente 300 millones de dólares, que se han metido al bolsillo este yerno de Pinochet y sus cómplices, a quienes se agrega Leonidas Larraín , uno de los dueños de la Corredora de Bolsa, Larraín Vial.

Si algo caracteriza el actual de la casta económica y de sus sirvientes políticos parlamentarios es la opacidad: se trata de meter la mano en el bolsillo y moldear la cabeza de los pobres tontos ciudadanos, que están obligados por ley a cotizar parte de su sueldo a las AFP, que constituye uno de los mayores robos de la historia de Chile, pues con los dineros de los chilenos apuestan en las empresas del mercado bursátil. El caso Cascadas ha significado una pérdida para cada uno de los cotizantes, aproximadamente, 150 mil dólares, que han ido a engrosar las ganancias de sumas exorbitantes que van a parar al bolsillo de Ponce Lerou y sus cómplices.

No es sólo el yerno de Augusto Pinochet quien aporta a las campañas políticas de elección popular, también lo hacen muchas empresas, cuyo nombre y monto aún son desconocidos por la opinión pública – cuando concurrimos a las urnas a depositar nuestro ignoramos si lo hacemos por “Pedro, Juan o Diego”, o por Enersis, Endesa, El Mercurio, La Tercera, o los señores Ponce, Larraín Vial, y otros, que son los que se llevan la gran tajada, como dueños que son de este miserable país.

Si los aportes son secretos, ¿quién puede garantizar que el mismísimo presidente de la república y el diputado o senador no sea una persona “malagradecida” y que termine pagando los favores de sus benefactores que, “en momentos tan difíciles, cuando se tuvo que someter a la soberanía popular”, los apoyaron? De esta manera, la política se ha convertido en la prostituta por excelencia de los mercaderes: La Moneda, en una sucursal de la Casa piedra, que desde sus púlpitos predica el profesor Lagos, y el Congreso, convertido en un anexo de la Bolsa de Comercio, donde los proyectos de ley se transan cual Bonos y Acciones.

Una democracia donde los únicos que cuentan son los mercachifles y los sinvergüenzas, pierde todo sentido, en consecuencia, deja de ser la expresión de la soberanía popular y sus instituciones se convierten en receptáculos de la plutocracia que, con razón, es cada día más rechazada por el pueblo.

Por ahora, no nos resta más que agradecer a estos honestos diputados que, en medio de esta podredumbre, al menos levantan la voz para denunciar las tropelías de las dos castas en el poder, la de los antiguos y los nuevos ricos.

08/09/2014