Albert Camus, el premio Nobel de de literatura, argelino-francés, consagró gran parte de su obra a combatir la pena de muerte, que es la expresión más brutalmente homicida del ser humano. Es cierto que si se plebiscitara la aceptación o el rechazo a la pena de muerte, la gran mayoría votaría por su instauración o mantención: la venganza, por desgracia, predomina en entre los seres humanos y que disfrutan viendo morir a un semejante. Michel Foucault, filósofo francés, en una de sus obras consigna el caso de un condenado a muerte que, por su fuerte naturaleza, sobrevive a todos los tormentos, ante la mirada complaciente del público asistente al “espectáculo”.

Hay que reconocer que el Presidente Ricardo Lagos tuvo un gran valor al derogar la pena de muerte, decretada por un acto gubernativo y no consultado a la opinión pública que, en su mayoría hubiera votado por continuidad.

La pena de muerte es un crimen de Estado, contrario al respecto los derechos humanos y que ha sido derogada en todos los países civilizados, salvo Estados Unidos, cuya barbarie aterra a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad; en este plano, el imperialismo del norte llega a asimilarse a Egipto, por ejemplo, que se prepara durante estos días a la ejecución de más de 600 condenados a la pena capital.

El caso de Clayton Lockett (*) ha revivido, ente la opinión pública mundial, el tema del homicidio cometido por el Estado, que es la pena de muerte. Los ritos previos a este bárbaro acto son francamente espeluznantes: la estadía en el pabellón de la muerte – que de por sí constituye una de las mayores torturas que se le pueden infringir a un ser humano -, el trayecto al lugar de ejecución, donde el infortunado tendrá que morir ante la vista de testigos y, como la maldad humana es infinita e inmisericorde, se ha especializado desde el invento de la guillotina a buscar instrumentos de muerte, supuestamente menos doloroso: la hoguera, el fusilamiento, la horca, el gas, la silla eléctrica y, ahora, la inyección letal.

En la última ejecución, en Oklahoma, el martes 29 de abril, se le aplicó al condenado Lockett una inyección letal que no penetró directamente por la vena, sino que se esparció por la piel de la ingle, provocando una dolorosa agonía de más de 45 minutos. En el Diario El País, del 4 de mayo del año en curso, se consigna que Estados Unidos no produce los medicamentos farmacéuticos necesarios para esta inyección, pues sólo los venden para fines médicos, por consiguiente deben importarlos desde Barcelona, convirtiendo a los españoles en cómplices no deseados de este asesinato ordenado por la ley.

Además de criminal, la pena de muerte es racista y clasista, pues la mayoría de los condenados pertenecen a la raza negra, a los latinos y a los habitantes en los suburbios de las grandes ciudades. Ocurre que la sociedad “bien pensante”, se venga de los más desprotegidos, condenando a los delincuentes a la cruel e inhumana forma de morir y, para no manchar sus manos, utilizan al Estado que realice el trabajo sucio, empleado el homicidio legal.

Afortunadamente, desde 1994 hasta hoy, el apoyo a la pena de muerte, sobre en Estados Unidos, ha bajado el 80% al 60% – que aún es una cifra muy elevada que demuestra la mentalidad brutal de los ciudadanos de algunos Estados de Norteamérica.

05/05/2014

(Se puede consultar, entre otras obras de Albert Camus, El extranjero, La peste, El Mito de Sísifo, El hombre rebelde; de Michel de Foucault, Vigilar y castigar, Historia de la locura en la época clásica…).

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(*) Nota de piensaChile:

La ONU acusa a EEUU de practicar ejecuciones equiparables con la tortura

La forma de ejecutar al reo Clayton Lockett implicó un «trato cruel, inhumano y degradante, según Naciones Unidas. Lockett sufrió un ataque al corazón durante más de cuarenta minutos

EFE Ginebra 02/05/2014

Clayton Lockett, el condenado a muerte que murió por la mala aplicación de la inyección letal.REUTERS

El sufrimiento que padeció un condenado a muerte al que se inyectó una solución letal en Oklahoma (EEUU) que no actuó de forma inmediata constituyó un trato cruel e inhumano, que el derecho internacional equipara con la tortura, según ha afirmado este viernes la ONU.

La forma en que se dio muerte al reo Clayton Lockett implicó un «trato cruel, inhumano y degradante, según las normas internacionales de derechos humanos, y transgredió la octava enmienda de la Constitución de EEUU, que dispone que no se deben infligir castigos crueles», sostuvo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

«El prolongado sufrimiento de Lockett es el segundo caso de sufrimiento extremo reportado en lo que va de año y causado por el mal funcionamiento de las inyecciones letales», dijo el portavoz de Pillay, Rupert Colville.

Varios órganos de la ONU ya habían pedido a EEUU que evaluase sus procedimientos y métodos de ejecución

El primer caso fue el de Dennis McGuire, quien fue ejecutado en Ohio el pasado enero con una combinación de sustancias que luego se denunció que no fue probada previamente.

Oklahoma aplaza ejecuciones para revisar los protocolos

El Estado de Oklahoma ha aplazado ejecuciones que estaban previstas próximamente, tras la orden de que se revisen todos los procedimientos y protocolos para la aplicación de la pena de muerte.

Sendos órganos de derechos humanos de la ONU han pedido en el pasado a EEUU que evalúe sus métodos de ejecución para evitar el sufrimiento y dolor severos.

Asimismo, recomendaron que los estados se aprovisionen con inyecciones letales de forma legal, regulada y que hayan sido aprobadas por la Administración para la Alimentación y las Drogas, el órgano estatal que regula los medicamentos.

El ajusticiamiento de Lockett, de 38 años, fue el último de varios que han sido más largos y agónicos de lo esperado, además de polémicos, por el uso cada vez mayor de nuevas inyecciones letales frente a la escasez de las convencionales.

También provoca suspicacia la reserva extrema con la que las autoridades estatales se aprovisionan de esos fármacos. Colville dijo que lo ocurrido en esas ejecuciones refuerza el argumento de que las autoridades en todo EEUU deben imponer una moratoria inmediata de la pena de muerte y optar por su abolición.

La pena capital es legal en 32 de los 50 estados de ese país, además de estar permitida a nivel federal y en el ámbito militar.

Sobre cómo todo esto influirá en Texas, el estado donde más se ejecuta a condenados a muerte en EEUU, el portavoz indicó que «podemos imaginar que lo ocurrido en Oklahoma puede tener ramificaciones para las ejecuciones previstas con inyecciones letales» en el primer estado.

*Fuente: Público.es