Transición y justicia 

Primero fue la salida dominical, ahora salen todos los días. Es otra forma de impunidad. No hay cumplimiento de condena en los hechos sino una nueva burla a la Justicia desde los resquicios de leyes y reglamentos a los que ni el ejecutivo ni el legislativo han puesto ni atención ni interés en reformar.

Hablo por supuesto del indignante caso de los degolladores, de los asesinos de nuestros inolvidables José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

Hablo de la autorización dada por Gendarmería, bajo el alero del gobierno de Piñera, para que los carabineros Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro se paseen libremente por las calles de la ciudad cada día.

Estas concesiones a los autores de uno de los crímenes más horrendos de la dictadura militar no son el único asunto que pone de nuevo en el centro de la noticia las muchas demandas pendientes en materia de violaciones a los derechos humanos.

Entre tantos está el odioso episodio protagonizado por el juez Jorge Zepeda que en el año 2005 incautó en el enclave nazi de Colonia Dignidad un total aproximado de 40.000 fichas secretas de la dictadura que, ha trascendido, dicen relación con detenidos desaparecidos y otros casos de delitos de lesa humanidad y que comprometerían a diversos personeros del régimen de Pinochet, las cuales el juez entregó para su custodia a la Policía de Investigaciones declarando ese material como “secreto de Estado” conforme la llamada Ley de Inteligencia Nacional.

De este modo se oculta información, se obstruye la acción de los tribunales y se infiere un nuevo agravio a los familiares de las víctimas. Pero además con falsos argumentos, pues las disposiciones de la malhadada ley de “inteligencia”, la ley nº 19.974 del año 2004 no dan lugar para tan extrema decisión del juez.

En efecto, en su artículo 38 se lee: “ Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos.”

A su turno, el art. 4º de la misma ley había establecido que el Sistema de Inteligencia del Estado tiene el objetivo de “proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional”, por lo que teniendo en cuenta la propia ley que invoca el juez cabe preguntarse si acaso alguien puede entender que los antecedentes que permiten establecer la verdad de los crímenes de los golpistas, aquello que los jueces buscan al menos desde 1998, puedan constituir un atentado a la soberanía o al orden constitucional.¿No será al revés?

La respuesta es obvia, lo que atenta contra la soberanía, la seguridad nacional y el orden constitucional es precisamente el ocultamiento de los antececedentes que permiten conocer una verdad esperada por decenas de años.

El artículo 39 de la ley citada permite la entrega de los antecedentes e informaciones que soliciten “la Cámara de Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, o la Contraloría General de la República, en uso de sus respectivas facultades”. Bueno sería que ocurriera y en eso estamos.

Por otro lado, el secreto por 50 años que impuso la ley Valech a cambio de determinados beneficios para las víctimas, es a todas luces un chantaje inaceptable e inmoral. Debe ser rápidamente derogado.

Agreguemos también el grave daño inferido por personajes irresponsables a miles de modestas familias chilenas. Hablo del llamado “escándalo de los exonerados”.

Personajes del actual gobierno y la candidata presidencial de la ultraderecha hablaron de 30 mil casos de “falsos exonerados” y se denunció los supuestos ilícitos. Centenares de personas debieron concurrir a tribunales bajo el peso de burdas imputaciones.

Sufrieron la suspensión y la amenaza de pérdida de sus escasos derechos, se les humilló públicamente para que, al cabo de unos meses, hubiera de reconocerse que, si acaso, podrían detectarse unas pocas decenas de casos dudosos. ¿Quién responderá por este nuevo daño?

Y mientras esto sucede, los abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos somos notificados casi a diario de nuevos autos acusatorios, o de procesamientos, cuando no de sentencias condenatorias, exiguas pero condenas al fin, relativas a los numerosos procesos judiciales en curso por delitos de lesa humanidad.

Haber logrado, por fin después de tantos años, que en octubre pasado la Corte Suprema dispusiera dedicación exclusiva relativa para los jueces y ministros que conocen de estas materias, ha sido un paso muy importante que aceleró los juicios al punto que es probable que el presente sea efectivamente “el año de las condenas”.

Lo recuerdo para que nadie olvide que no se trata de asuntos del pasado como algunos insinuaron hace años, sino de importantísimos temas del presente y del futuro relacionados con el Estado, con la democracia, con el papel de las Fuerzas Armadas, con el respeto a los Tratados internacionales y, en suma, con la vigencia real y objetiva de los derechos fundamentales de la persona humana.

Entre las notificaciones judiciales que recibo mientras escribo estas líneas puedo mencionar decisiones como por ejemplo la del ministro Miguel Vásquez en el expediente denominado “Conferencia 2”, o del “Caso de los 13”, que dicta acusación contra más de medio centenar de agentes de la DINA a propósito del secuestro y desaparición de parte significativa de la segunda dirigencia clandestina del Partido Comunista.

El proceso, iniciado por querella que en nombre de su Partido presentara Gladys Marín en enero de 1998 fue dirigido inicialmente por el juez Juan Guzmán, luego por el fallecido ministro Víctor Montiglio y actualmente por el ministro Vásquez.

Igualmente está siendo notificada a los diferentes abogados la resolución del 31 de enero dictada por la ministro Patricia González en el proceso denominado “Caravana de la muerte”, episodio Copiapó, por el secuestro y desaparición de 16 destacados compatriotas.

Todos ellos fueron asesinados cobardemente por los militares.Eran jóvenes valiosos, inteligentes, algunos dirigentes sindicales, otros brillantes profesionales, investigadores, científicos, economistas. La acusación está dirigida contra Arellano Stark, Manuel Contreras, Moren Brito, Arredondo, Pedro Espinoza, Oscar Haag, y otros de su calaña.

Ese mismo día, en un episodio diferente de la fatídica Caravana, esta vez el caso Calama, el ministro Leopoldo Llanos se reunía en un juzgado de esa ciudad junto al director del Servicio Médico Legal Patricio Bustos para dar cuenta a los familiares del resultado de los informes genéticos de 6 de las muchas víctimas.

Se trataba de los únicos reconocidos científicamente, entre ellos el compañero Carlos Berger, esposo de nuestra apreciada colega Carmen Hertz, de que da cuenta el reciente filme “Ecos del Desierto”.

Las nuevas autoridades del país que asumirán en breve han reiterado su aspiración a lograr “una sociedad más democrática, justa, participativa, igualitaria, abierta y donde los derechos de las personas se respeten” y se ha expuesto al país un programa de cambios que da cuenta de esa voluntad.

Reformas en el campo de la educación, la salud, el trabajo, la economía, están puestas a la orden del día, tanto como una Nueva Constitución. Pero ese empeño debe ser el de todos, no sólo de las autoridades.

Y esa lucha por acercar de algún modo el fin de esta interminable transición a una democracia real no culminará exitosamente si no se considera al mismo tiempo la necesidad de impulsar el conocimiento de toda la verdad y hacer justicia y reparación plenas respecto de los turbios años de la dictadura.

Es hora que los que conocen toda la verdad se decidan a hablar y es hora además de sentencias a la altura de los graves crímenes.

*Fuente: Cooperativa

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