En Chile los hospitales son un matadero de los pobres

Para que los diputados y los senadores legislen sobre una materia que no sea de su propia incumbencia y que, además, afecte sus intereses personales, es preciso que muera un gran hombre, como Ricarte Soto, o torturen y asesinen despiadadamente, a otro, Daniel Zamudio y, para agravar más el problema, el único que legisla en Chile es el Presidente de la República. Los hipócritas y oportunistas se conmueven una o dos semanas por la muerte de Ricarte y por el asesinato de Daniel y tratan de impulsar proyectos de ley, que lleven el nombre de ambos, pero al poco andar, la salud sigue siendo el mismo negocio y la discriminación campea.
En este Chile anormal, la salud es un negocio y, para no morir prematuramente, hay que tener mucho dinero – la vida y la muerte en Chile se compra -. El 75% del gasto en salud es financiado por los ciudadanos y el Estado aporto, apenas, un 25% – estamos en el último lugar de los países que integran la OCDE en el financiamiento estatal de la salud – convirtiéndose  en un país de bárbaros donde la salud no es un derecho, sino un “bien de consumo”.
Enfermarse en nuestro país equivale a ser condenado a muerte sin necesidad de activar un pelotón de fusilamiento: basta que caigas en un hospital público, donde hay muy pocos especialistas y, si agregamos que tiene la mala suerte de vivir en una ciudad alejada,  con un hospital de última generación, como en Tocopilla, o para rematar,  en la aislada ciudad de Quellón,  ambas sin médicos, es mejor prepararse para pasar al otro mundo – que también cuesta, como mínimo, $500.000 entre la urna, tumba  y el cura, con su agua bendita, que también se paga; acordémonos que en Chile nada es gratis, incluyendo la muerte -.
Si a Ricarte Soto no se le hubiera ocurrido la genial idea de que los enfermos también pueden marchar y protestar, continuarían siendo víctimas del robo y del alto precio en los medicamentos para enfermedades graves y crónicas. En este país, gobernado por hipócritas, las farmacias se coluden para aumentar los precios y como castigo ante las denuncias de la  ética empresarial. A veces nos preguntamos qué significa esa expresión “ética empresarial” cuando ambos términos, al menos en Chile, son contradictorios.
Si usted no es tan adinerado, como Pablo Longueira por ejemplo, no se le vaya a ocurrir tener una depresión, sea esta severa o no, pues los gastos serían imposibles de solventar –  una sesión con el psiquiatra cuesta, al menos, $50.000 – y ahora, como esta patología está incluida en el AUGE, también habrá que esperar largos meses su turno, y si ocurre un suicidio, mala suerte, además, las sesiones con su terapeuta serán muy espaciadas, pues hay cerca de un 70% de chilenos que sufren  esta enfermedad. Se ha comprobado que los chilenos consumen una cantidad enorme de ansiolíticos y somníferos, en algunos casos muy necesarios para pasar dormido en una vida carente  de sentido y de metas.
Solicitar el pago por una licencia médica al COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) o a las Isapres es, prácticamente, un trámite perdido, pues generalmente, la niegan o reducen, al máximo, los días de reposo. Se supone que los esclavos no pueden ni deben enfermarse: si los compramos sanos y, además, les revisamos su dentadura, no es justo que nuestra mercadería se deteriore tan rápidamente.
En Chile,  nadie responde por sus actos: la Bachelet, médico y  ministra de Salud, no terminó con las interminables colas en los consultorios, como se lo recomendara el Presidente Lagos, ni mucho menos, con la salud como en un bien de consumo y, menos ahora, que el ministro de Salud fue gerente de la más millonaria clínica privada del país, Las Condes.
La próxima es titánica: debe centrarse en una revolución radical para cambiar el sistema de salud actual y convertirlo en un derecho, garantizado en la Constitución, mediante el cual, cualquier ciudadano pueda exigir al Estado prestaciones oportunas, de calidad, y que el ministro de Salud sea pasible de penas corporales cuando un ciudadano muere a causa de inasistencia de una persona en peligro; la tipificación sería complicidad y cuasi-delito de homicidio. Esta sería una formas de aplicar la ética de la responsabilidad.
24 09  2013