Herencia maldita: "Todavía está gobernando Pinochet"

El abogado chileno Roberto Garretón, jefe del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y actual integrante del consejo directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de su país, opinó, en dialogo con La Diaria, que Michelle Bachelet «hizo las cosas mal» cuando fue presidenta entre 2006 y 2010, cosa que espera que cambie si la ex mandataria es reelecta en las elecciones de noviembre.

Garretón es católico, ex demócrata cristiano. Con el golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973 contra el presidente Salvador Allende comenzó su larga carrera en defensa de los derechos humanos dentro y fuera de Chile. Empezó en dictadura al frente del servicio jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, y ya en democracia fue embajador de Ricardo Lagos para los Derechos Humanos y ocupó varios cargos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue el autor del «informe de hecho», presentado en 1999 ante la Cámara de los Lores de Reino Unido cuando Chile reclamaba la extradición del dictador Augusto Pinochet, detenido en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón. El informe de Garretón concluía que Pinochet no podía ser juzgado en Chile; lo llamó «informe de hecho» porque estimaba que «en derecho» se suponía que el ex gobernante de facto podía ser juzgado en su país.

Actualmente Garretón es miembro del directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. A todo lo anterior este abogado de 71 años suma la militancia en colectivos y organizaciones: ocupa un cargo directivo en la Fundación Instituto de la Mujer y es director de la Corporación Harald Edelstam de Chile, entidad que homenajea al embajador sueco que, entre otros, ayudó a liberar a los uruguayos presos en el Estadio Nacional de Santiago después del golpe pinochetista.

El encuentro de la diaria con Garretón fue a la salida de una entrevista realizada en Radio Uruguay, antes de ir hasta el café Sportman, donde se realizó esta entrevista. Garretón, declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo en 2006, en esta ocasión viajó a Uruguay con motivo de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados que se celebró la semana pasada. Su viaje coincidió «por milagro», dice, con la visita de Garzón, con quien participó, a pedido de la ex vicecanciller Belela Herrera, de la mesa redonda «El derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado», en el paraninfo de la Universidad de la República.

-¿Cómo ve la situación en su país respecto de los derechos humanos, a casi 40 años del golpe de Estado?

-Veo un cambio esencial. La diferencia es del cielo a la tierra, pero todo lo que se ha hecho sigue siendo muy poco. Leyes de reparación ha habido, aunque no son las ideales, son pensiones de gracia decentes pero no verdaderamente reparativas. Hay otros beneficios en materia de salud para los que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos y sobrevivieron, hay algunas becas estudiantiles para hijos y nietos de ejecutados o descendientes de desaparecidos, algunas pensiones para quienes fueron despedidos de sus funciones, que perdieron su trabajo con el golpe, y para aquellos que fueron víctimas de prisión política y de tortura. El problema está en que la institucionalidad pinochetista no ha sufrido todas las modificaciones que nosotros quisiéramos. Seguimos con una Constitución inmoral.

-Precisamente le quería preguntar sobre ese tema.

-Yo pertenezco a un movimiento que reclama el cambio constitucional. La idea es, en el voto para las presidenciales, escribir en la papeleta las letras AC, de Asamblea Constituyente.

-¿Eso no significa anular el voto?

-La ley lo permite. Dice lo siguiente: son nulos solamente los votos que tienen más de una preferencia. Si yo voto por el candidato uno y el candidato dos, no se sabe para cuál de los dos es. Ése es nulo; todos los demás son válidos. Dice la ley expresamente: «Las cédulas que contengan, además de una sola preferencia, nombres, dibujos, garabatos, serán válidas»; podrán ser objetadas, pero son válidas. Ese movimiento lo fundé yo.

-¿Cómo se llama?

-En un momento se llamó Movimiento por una Asamblea Constituyente, pero no tiene un nombre fijo. Ahora lo tenemos más institucionalizado con la campaña Marcatuvoto [http://marcatuvoto.cl/]. Hoy en día no es exactamente el mismo movimiento que yo había fundado en 2001, pero sí ha tenido mucha importancia y están desesperados los pinochetistas, porque ven que si gana Bachelet y si todos marcamos el voto, quiere decir que habría mayoría para cambiar la Constitución.

-Hay quienes dudan de que eso pueda ocurrir, incluso con la Concertación en el gobierno. ¿Es posible una Asamblea Constituyente en Chile?

-Sí. El problema es que si no es por Asamblea Constituyente no podemos cambiar la Constitución, porque fue hecha para que no se modifique nunca, a menos que los pinochetistas estén de acuerdo.

-¿Cómo es eso?

-Para modificar las partes esenciales de la Constitución se necesitan dos tercios de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y dos tercios del Congreso (Cámara y Senado). ¿Cómo vas a lograr esos dos tercios si en cada distrito se eligen dos parlamentarios y en cada circunscripción senatorial se eligen dos senadores? Uno va a ser de la primera mayoría, otro de la segunda mayoría.

-Es decir que siempre hay uno del oficialismo y otro de la oposición.

-Resultado: para que tú saques los dos necesitas doblar al otro [candidato], necesitas 67% de los votos, y los terceros no existen. Entonces es imposible cambiarla. Tenemos que hacerlo por una vía no constitucional, y que nadie se escandalice: todas las asambleas constituyentes de la historia de la humanidad han sido rupturistas. Los fascistas quieren siempre identificar Asamblea Constituyente con [el ex presidente venezolano, Hugo] Chávez, con [el presidente boliviano, Evo] Morales y con [el presidente de Ecuador, Rafael] Correa. No se refieren a Brasil, a Paraguay, a Perú en 1979, a Colombia -una constitución espectacular, a pesar de que [Álvaro] Uribe trató de demolerla-. Para ellos sólo hay tres, y la Asamblea Constituyente es demagogia y caos. No es por ignorancia que lo hacen, es de mala fe, porque no les conviene.

-Más allá de lo simbólico: ¿qué es lo que contiene la Constitución que hace que haya que cambiarla?

-Primero, no representa la voluntad popular. Para que la voluntad popular se imponga tenés que poner dos tercios, eso no es respetar la voluntad popular. El derecho humano a la libre determinación de los pueblos, consagrado en el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el único artículo común en los dos pactos dice: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural». Segundo, te da rabia que sea un texto de Pinochet. Tercero, hay además leyes orgánicas constitucionales y leyes de quórum calificado que también requieren quórum alto, no dos tercios, pero alto. Por ejemplo, para suprimir el lucro de la educación necesitamos una ley orgánica constitucional con mayorías altas que hacen que si los fascistas votan en contra ya no va.

¿Qué tiene la Constitución sobre educación que habría que cambiar? ¿Eso podría responder a los reclamos estudiantiles?

-Los estudiantes han denunciado esto: establece en primer lugar la libertad de enseñar más que el derecho a la educación. Refuerza la libertad de fundar escuelas, y los pobres no pueden fundar escuelas. Ahí está uno de los principios. Se hizo una trampa una vez [durante el actual gobierno de Sebastián Piñera], porque era tan grave la protesta estudiantil que los fascistas decidieron ceder un poco. La ley orgánica d
e educación redactada por Pinochet no ha sido modificada porque no están dispuestos a tocarla. Cambiaron la ley general de educación, que es posible cambiar como una ley común, pero lo hicieron a gusto de los fascistas, porque si no, no la votan. Hay que entender: allí todavía está gobernando Pinochet.

-¿Por qué dice eso?

-Porque la Constitución hecha por él es la que guía tu vida. Es la que te concede los derechos. No concede el derecho al trabajo, habla de la «libertad de trabajo», que es el derecho de fundar empresas. Es una Constitución…

-Muy liberal.

-En el peor sentido de la palabra. Porque yo también soy liberal [se ríe]. En lo económico seré poco liberal, pero soy liberal.

-La ex presidenta Michelle Bachelet es favorita para las elecciones de noviembre como candidata de la Concertación, opositora al actual gobierno conservador. ¿Cree que si asume para un nuevo mandato, esta vez va a haber un cambio drástico? Ya gobernó entre 2006 y 2010…

-Gobernó y lo hizo mal. Terminó cediendo muchas cosas al pinochetismo. Una práctica no democrática común a todos los gobiernos de la Concertación es buscar los consensos. Por ejemplo, yo gobierno y se me ocurre un proyecto de ley genial, lo anuncio, propongo que se discuta y los fascistas dicen: «Bueno, pero sin esto, sin esto y sin esto». A la mierda el proyecto… Entonces el gobierno manda una porquería que se aprueba, y se celebra como triunfo lo que es una aplastante derrota.

-¿Me puede dar un ejemplo?

-El sistema de salud. Se creó un programa de salud que se llama AUGE [Acceso Universal de Garantías Explícitas]. Era un excelente proyecto que había propuesto [el ex presidente] Ricardo Lagos [2000-2006], que tenía un pilar solidario, es decir, que el Estado se iba a meter allí. Pero los pinochetistas dijeron: «No, el proyecto pero sin pilar solidario, sin que se meta el Estado», y así se aprobó. El gobierno de Lagos celebró como un triunfo histórico una derrota terrible. Siempre buscan no perder. Eso no es democrático: los gobiernos tienen que jugar a ganar y si pierden, que pague el otro. Espero que la lección se aprenda, que si queremos un proyecto así, que sea así o nada, y que sean ellos los culpables si no se aprueba.

-¿Cree que es posible que la derecha gane las próximas elecciones en Chile?

-No creo. Están con un tono agresivo digno de la mejor época de Pinochet, y son pinochetistas aunque digan que no lo son. [El actual presidente conservador, Sebastián] Piñera, que siempre anda diciendo que votó por el No en el referéndum [en el año 1980] para prorrogar el mandato de Pinochet [en el que ganó el Sí], es un pinochetista puro. Lo acaba de reconocer sin darse cuenta.

-¿Qué dijo?

-Dijo que durante el gobierno del «presidente» Pinochet (primera cosa que no aceptamos) «hubo cosas buenas y cosas malas». ¿Té puedes decir que Hitler hizo cosas buenas y cosas malas? Todos los gobiernos hicieron alguna cosa buena, o dos (para que sea en plural), pero eso no es forma de hablar de un gobierno. Evaluar así a la dictadura de Pinochet es estar de acuerdo con lo que hizo.

-Un tema candente en Chile respecto de los derechos humanos es el de los indígenas mapuches que llevaron ahora su causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ve esa situación?

-El caso de la Corte no lo he seguido mucho. Pero el caso del movimiento mapuche lo trataron muy mal los gobiernos de la Concertación y mucho peor Piñera. El problema está en que los gobiernos de la Concertación hacían mucho amiguismo y aplicaban cuotas de partido, entonces nadie que conozca el drama de los pueblos mapuches intervino para buscar alianzas o acuerdos con ellos. Ahora hay unas iniciativas que se han desarrollado, impulsadas por la Iglesia Católica, con las que algo se avanza, pero muy poco. El gobierno no entiende. Son territorios que ellos [los mapuches] reclaman como propios, pero como son muy buenos negocios, es lo único que ven. Es una posición inaceptable y la Concertación tampoco hizo mucho más.

-¿Cree que no hará mucho más en un eventual próximo gobierno?

-Yo creo que sí, que va a hacer más. El problema es que la crítica que hay sobre el tema es de la izquierda más dura. Espero que Michelle entienda que esa izquierda más dura era partidaria de ella hace cinco años y que también tiene que escucharla y entender los problemas que plantea. Esa izquierda ahora está haciendo una campaña en contra de Piñera, de la Constitución, de Bachelet y de todo, más que otra cosa. Además, no van a votar y no van a lograr inscribir a sus candidatos porque no tienen el número de firmas necesario. Entre Gustavo Ruz [uno de los líderes del movimiento a favor de la Asamblea Constituyente] y Marcel Claude [actual precandidato por el Partido Humanista] llegarán a 10.000 votos en el país y les da lo mismo que gane un pinochetista o que gane Bachelet: dicen que es todo lo mismo, que son las dos derechas.

-¿La población chilena tiene simpatía con la causa mapuche?

-Cada día más. Las encuestas han dado que 75% de los chilenos está a favor de satisfacer las demandas mapuches.

-Eso puede tener su peso también para un próximo gobierno.

-Claro. Pero los mapuches no reconocen que la sociedad chilena no mapuche los apoya en su mayoría.

-Otro tema gira en torno a un proyecto de ley sobre la protección a carabineros y policías, firmado por el presidente Piñera a fines de mayo y que considera delito el insulto a un carabinero.

-Durante la dictadura había leyes de Justicia Militar que contemplaban con sanciones muy altas la ofensa a las Fuerzas Armadas, agresiones de hecho o de palabra. Agresión de hecho es resistirse a la detención. Yo mismo fui preso y procesado por ofensa a las Fuuerzas Armadas, por un artículo sobre la Justicia Militar que escribí en una revista de los jesuitas. La Justicia Militar me sometió a proceso y me condenó en primera instancia a un año y medio de cárcel. Cuando volvió la democracia se modificaron esas leyes que estaban en el Código de Justicia Militar, las leyes especiales. Se estableció que a los civiles los juzgan los civiles y se bajó la penalidad del delito de ofensa a las Fuerzas Armadas.

-¿Qué es lo que se quiere hacer ahora?

-Se quiere hacer exactamente lo que se deshizo: Piñera lo quiere volver a instalar. Es muy siniestro. Si quieren hacer eso, perfecto, pero entonces si un carabinero me agrede a mí, que tenga la misma pena, y más alta, porque tiene más responsabilidad que yo.

-Siguiendo en el ámbito de la Justicia, ¿cómo ve el avance de los casos por los crímenes de la dictadura en su país?

-Hay progresos muy importantes. Hasta el 16 de octubre de 1998 no se había hecho nada. Había condenas en dos juicios solamente. En uno de los casos, porque el asesinato se había cometido en Washington y eso no se hace, por lo que Estados Unidos presionó y hubo justicia. Es el caso de Orlando Letelier, que fue canciller de Allende, asesinado en Washington por la Dina [Dirección Nacional de Inteligencia de la dictadura]; condenaron a los culpables a siete años, pero los condenaron. Después hubo un par de procesos más, por el asesinato de un compañero nuestro de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada [es el caso conocido como «los degollados» de 1985, cuando murieron del mismo modo también dos integrantes de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, el pintor Santiago Esteban Nattino Allende y el profesor Manuel Leonidas Guerrero Ceballos]. Pero desde el 16 de octubre de 1998, cuando Pinochet fue detenido en
Londres, los jueces chilenos comenzaron a tomar todos los argumentos que nosotros estábamos invocando desde 1973 y que habían rechazado hasta entonces. En ese momento todo cambió y 80% de los jueces que tenían competencia en estas cosas comenzaron a procesar y a condenar. Entre procesados y condenados hay cerca de 800 militares y dos civiles.

-O sea que está faltando investigar a los civiles.

-Están faltando los civiles, los hipócritas digamos, porque los militares fueron menos hipócritas. Así que son unos 800. Manuel Contreras [ex jefe de la Dina] está condenado por 20 o 25 juicios a unos 300 años de cárcel, pero las penas son bajas. No es como en Argentina, donde hay muchos menos procesados, pero casi todos condenados a perpetua o a 30 años. Lo de Manuel Contreras es porque se trata de una veintena de causas, pero en cada una son diez o 15 años. No es lo mismo. Hay muchos procesos abiertos todavía. Los jueces hicieron algunas trampas para bajar las penas.

-Se les aplicaban reducciones de penas.

-Claro. Pero eso ya no lo están aplicando, las penas volvieron a subir y se dejaron de aplicar las atenuantes. Pero fíjate que en este momento hay entre 1.000 y 1.100 causas por violación de los derechos humanos, entre los casos cerrados y abiertos. Las víctimas son 5.000, es un porcentaje muy alto de causas que se están siguiendo, mucho más que el porcentaje argentino.

-Son las víctimas que apelaron a la Justicia, puede haber gente que no presentó denuncia.

-Casi todas se presentaron. En Chile pasó una cosa fantástica durante la dictadura. Tiene que ver con el rol de las iglesias católica, luterana, metodista, metodista pentecostal, bautista, ortodoxa y el Gran Rabinato de Chile; todas juntas formaron el Comité de Cooperación para la Paz [también conocido como Comité Pro Paz]. La Vicaría de la Solidaridad viene después y es sólo de la Iglesia Católica. Este organismo, el comité, comienza a funcionar el 6 de octubre [1973]: vamos a celebrar también 40 años de la defensa de los derechos humanos en Chile. Veinticinco días después del golpe de Estado, estas iglesias, que en milenios no se han hablado, hicieron esto. Pero al final, todas estaban llenas de problemas internos, porque también había pinochetistas dentro de ellas. Además se produjo un incidente muy fuerte: Pinochet le dijo al cardenal Raúl Silva Henríquez que disolvía el comité. Fue un alivio para él, porque estaban todas las iglesias conflictuadas por dentro. Pero dijo: «Nadie me puede impedir que yo siga defendiendo los derechos humanos de las personas perseguidas», y entonces fundó la Vicaría de la Solidaridad dentro de la Iglesia de Santiago. Ahí había abogados comunistas, asistentes sociales socialistas, masones, judíos, de todo. Las dos cosas fueron hechos fantásticos.

-¿Usted es católico?

-Soy católico, pero crítico de muchas cosas. En Argentina no fueron capaces de hacer ni eso ni nada. En Chile se dio esa circunstancia gracias a la figura providencial del cardenal. Entonces la gente supo que tenía dónde protestar y las colas [de gente que iba a denunciar abusos] a veces eran enormes. A eso se une otra cosa: la personalidad de Salvador Allende como líder. Tenía apoyo de gran parte de los países del mundo por ser un demócrata que quería instalar un régimen socialista pero con pleno respeto a los derechos democráticos. Eso hacía que fuera un personaje fascinante en todo el mundo y su autoeliminación (y yo creo que es eso) fue un signo aun mayor de coraje. Eso hizo que se le brindara mucha ayuda a Chile. Pinochet decía que era el oro de Moscú. ¡No! Era ayuda de Estados Unidos.

-¿De Estados Unidos?

-No del gobierno. De organizaciones, de fundaciones, de iglesias estadounidenses, protestantes en la mayoría, católicas, pero también de toda Europa. Esa ayuda no la recibió ni Argentina ni Uruguay, sí hubo algo con Brasil, nada con Bolivia. Además, el día del golpe de Estado todo el exilio latinoamericano estaba en Chile o en México. Pero era más fascinante para un socialista participar en la construcción de un régimen socialista democrático, entonces la inmensa mayoría estaba en Chile, donde fueron muy perseguidos.

-¿Usted era allendista?

-Yo era opositor a Allende hasta el día del golpe. Desde ese día soy allendista. Yo era demócrata cristiano, pero ahora no. Ahora estoy bastante más a la izquierda de la propia Unidad Popular [la coalición por la que fue elegido Allende].

Fuente original de la publicación: La Diaria, Montevideo   http://ladiaria.com.uy/

*Fuente para piensaChile: Rebelión