Guatemala lucha contra la impunidad: El veredicto a Ríos Montt apunta al presidente Otto Pérez

martes, 14 de mayo de 2013

La sala estaba abarrotada: unas 600 personas, según retransmitían activistas y periodistas a través de las redes sociales, esperaban el veredicto al exdictador Ríos Montt por genocidio. A este general retirado se le acusaba de haber ordenado entre 1982 y 1983 la matanza de 1.771 mayas ixiles, “una minúscula parte de los más de 100.000 muertos posibles durante el periodo”, según escribía la analista Susana Norman para Desinformemonos.org.

Tras horas de retraso, la jueza Jazmín Barrios leía por fin el veredicto, con la voz a ratos entrecortada, repasaba los peritajes y las conclusiones hasta llegar al fallo: Ríos Montt era condenado a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad. Un clamor recorrió la sala. Entre los espectadores, unas cien personas ixiles, las mujeres con huipiles (la blusa tradicional), los hombres con chaquetas rojas y sombreros de paja, se abrazaban, lloraban, reían. Euforia. Las autoridades indígenas alzaban sus varas de mando tradicionales en señal de victoria.

Mientras los fotógrafos se agolpaban sobre el militar retirado, la sala empezó a cantar “vivir la vida, no morirla”, relataba la periodista Xeni Jardin [@xeni], que lleva meses cubriendo el proceso. Luego empezaron a corear “¡Jazmín, Jazmín, Jazmín!”. “Agradecemos los aplausos, pero sólo hemos hecho nuestro trabajo”, contestó Barrios. En el pasado, por no dejarse amedrentar por los militares, esta jueza sufrió amenazas y atentados. Incluso llegaron a estallar varias granadas en el patio de su casa. Poco faltó para que se exiliara. Pero no lo hizo.

La noche del fallo Ríos Montt durmió en la cárcel. “Pase lo que pase, esto ya no nos lo pueden quitar”, decía uno de los testigos. Esa noche hubo fuegos artificiales en la ciudad de Guatemala. El 10 de mayo de 2013 pasará a la historia como el día en el que el primer jefe de Estado latinoamericano fue hallado culpable de genocidio. En 2006, fue condenado por genocidio junto con otros militares Miguel Etchecolatz, responsable de todos los centros de exterminio de la provincia de Buenos Aires (Argentina), pero no era jefe de Estado. En 2009, el exdictador peruano de origen japonés Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violación de los derechos humanos, pero no por genocidio.

Aunque el veredicto leído por la jueza Barrios exculpa al exjefe de Inteligencia Militar Mauricio Rodríguez, sí ordena al fiscal general investigar a todas las otras personas responsables de las matanzas. Este punto del fallo significa que ahora hay un mandato legal para iniciar la investigación sobre la responsabilidad en las masacres del actual presidente Otto Pérez Molina, que fue comandante de la zona con el sobrenombre de Tito Arias.

Claudia Samayoa es directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala y fue una de las principales impulsoras del proceso a Ríos Montt. Según explica a DIAGONAL, en este contexto de genocidio, Otto Pérez Molina llevó una actitud —cuanto menos— «activa». “Tenemos las filmaciones en donde incluso el señor está con los masacrados, asesinados, a sus pies, y él explicando la importancia de lo hecho”, dice Samayoa.

En una entrevista tras el veredicto, Pérez Molina negó su participación en las masacres, para luego decir que “familias enteras” apoyaban a la guerrilla. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), el combate entre Ejército y guerrilla sólo produjo el 10% de las víctimas. El resto se enmarca en la categoría de crímenes de lesa humanidad, en un conflicto que ha dejado 200.000 víctimas mortales, 40.000 desaparecidos y un millón y medio de desplazados internos y externos. Un conflicto de casi 40 años en el que el 83% de las víctimas era maya y la responsabilidad directa del Ejército casi total (un 93% según el CEH).

“La estrategia de terror que impulsó el Estado era para que nuestro pueblo ya no hable. Se impuso una cuestión mediática, de que estos son malos y por lo tanto hay que eliminarlos”, dice a DIAGONAL el histórico líder maya k’iche’ Domingo Hernández Ixcoy. Aunque oficialmente el conflicto armado se remonta a 1960, todo empezó realmente en 1954 cuando EE UU orquestó un golpe de Estado para impedir una reforma agraria que perjudicaría a la United Fruit Company. A partir de entonces se sucedieron los gobiernos autoritarios, las desapariciones, las masacres y los ciclos de protestas periódicamente reprimidos con crueldad.

A mediados de los ’80, las guerrillas se encontraban en un punto de reflujo, muchos líderes estaban en el exilio. Por temor a ser víctimas de tortura o de desaparición forzada, nadie se atrevía a protestar. O casi nadie. En esa época empiezan a surgir varios grupos de mujeres, indígenas y ladinas [mestizas], urbanas y rurales, que denuncian las masacres, lideran movilizaciones y, según dice Hernández Ixcoy, “rompen el terror en Guatemala”. A través de las organizaciones creadas —GAM, FAMDEGUA, CONAVIGUA y otras— le plantan cara a Inteligencia militar.

A muchas les costó la vida, pero el trabajo de estas organizaciones “gana los espacios de libertad” para la entrada de otros movimientos sociales, explica Claudia Samayoa, y resultaría clave durante los acuerdos de paz de 1996. Estas organizaciones de víctimas, junto otras que nacieron para apoyarlas, liderarían los procesos de recuperación de la memoria y los primeros juicios contra policías y militares por crímenes de Estado.

En 1993 el caso liderado por Helen Mack, hermana de la antropóloga asesinada Myrna Mack, derivó en la primera condena contra militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales. En 2001, un tribunal condena a dos militares por el asesinato político de monseñor Juan Gerardi. Precisamente en ese tribunal estaba la jueza Barrios. Uno de los últimos hitos de la lucha contra la impunidad fue la sentencia de 2011 por la matanza de la aldea Dos Erres, en la que el Ejército asesinó y torturó con un sadismo desenfrenado a 201 personas. Cuatro militares fueron condenados a 6.060 años de prisión, cada uno.

“Guatemala avanza dentro del respeto a los valores democráticos”, declaró Pérez Molina tras el veredicto a Ríos Montt. Unas semanas antes el exgeneral, hoy presidente, había impuesto el estado de sitio en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, que se movilizaban para impedir un proyecto minero. Había mandado 3.500 efectivos a la zona. El analista Andrés Cabanas denomina a esta fórmula “neoliberalismo militarista” y expone: “El modelo de acumulación económica y exclusión política no se sostiene sin violencia. El modelo de acumulación no se sostiene exclusivamente con violencia”.

El tejido social destruido por el genocidio se está reparando a través de la lucha por el territorio y los bienes naturales “Que nos quedemos callados”, decía Domingo Hernández Ixcoy. Pero ya no es posible. Una joven indígena sostenía una pancarta en una de las concentraciones durante el juicio: “Prefiero no recibir fertilizante a negar el genocidio”. Hoy, muchas de las organizaciones sociales guatemaltecas están de acuerdo en que el tejido social destruido por el genocidio se está reparando a través de la lucha por el territorio y los bienes naturales. Desde 2005 se han celebrado 74 consultas de buena fe en las comunidades para impedir el robo de tierras para monocultivos o la imposición de megaproyectos, minería e hidroeléctricas principalmente.

Las consultas ante el saqueo del territorio, motivo último del genocidio de los ’80 y de los abusos y asesinatos actuales, han motivado un cambio “muy profundo”, según explica a DIAGONAL Rosalina Tuyuc, histórica líder maya kakchikquel. A través de las consultas, se está “superando el miedo”, explica Samayoa. El 21 de diciembre de 2012, lejos de ser el fin del mundo, para las comunidades mayas era un cambio de era, el com
ienzo de otro ciclo. Con un veredicto como el leído por la jueza Barrios, parece que el nuevo baktún empieza bien.

*Fuente: Argenpress