Obtención de los registros telefónicos de la Associated Press: RSF denuncia un “abuso gravísimo”
por Reporteros sin Fronteras
11 años atrás 6 min lectura
14 de mayo de 2013
ESTADOS UNIDOS
Reporteros sin Fronteras considera una falta de respeto gravísima a la libertad de información la violación, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los historiales de llamadas telefónicas de la agencia The Associated Press (AP).
En una carta con fecha del 10 de mayo de 2013, el Departamento de Justicia notificó a la AP que obtuvo los registros de 20 líneas telefónicas de la agencia durante los meses de abril y mayo de 2012. Sin embargo, la carta no precisa los motivos ni los argumentos jurídicos de tal procedimiento.
Esta interferencia habría tenido el objetivo de identificar quién reveló a la agencia de noticias información sobre una operación de la CIA en Yemen. En una nota difundida el 7 de mayo de 2012 la AP reveló una operación de la CIA que buscaba impedir un atentado de Al Qaeda en un avión que se dirigía de Yemen a Estados Unidos. Los registros obtenidos incluyen las llamadas hechas desde los teléfonos de varias oficinas de la AP en Estados Unidos y desde su número principal en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, así como de los teléfonos personales de reporteros y editores, entre ellos los cinco periodistas y un editor que trabajaron en la noticia difundida el 7 de mayo de 2012.
“Suscribimos las palabras de Gary Pruitt, director general de la AP, que en una carta enviada el 13 de mayo de 2013 al Fiscal General, Eric Holder, denuncia una ‘una intromisión masiva y sin precedentes’”, declaró Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras. “Reporteros sin Fronteras pide al Departamento de Justicia que acceda sin demora a la demanda de la AP, que exige la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias. Asimismo, consideramos que hechos que contravienen las garantías constitucionales requieren un examen en una comisión de investigación del Congreso”.
“Reporteros sin Fronteras constata con pesar que el actual gobierno federal no rompió con las prácticas llevadas a cabo bajo el doble mandato de George W. Bush, que sacrificaron la protección de los datos personales y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a ser informados, garantizado por la Primera Enmienda”, agregó Christophe Deloire. “Este caso demuestra la necesidad de una ley federal relativa a la protección de fuentes (federal shield law). Un principio que 34 estados de la Unión reconocen, en diversos grados, en su legislación”.
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UNITED STATES
Seizure of AP phone records condemned as “grave violation”
Reporters Without Borders regards the US Department of Justice’s seizure of the records of thousands of Associated Press phone calls as an “extremely grave violation of freedom of information.”
The DOJ notified the AP in an email on 10 May that it had obtained the records of calls made from 20 of the news agency’s phone lines during April and May 2012. The email did specify the DOJ’s reasons for seizing them or the legal grounds on which they were seized.
But the purpose was presumably to identify the news agency’s sources for a story, in particular, an AP report on 7 May 2012 revealing details of a CIA operation to thwart an Al-Qaeda plot to blow up an airplane bound for the United States.
The targeted phone lines were those of several AP bureaux in the United States, its main number in the House of Representatives press gallery, and the personal numbers of some of its employees, including five reporters and an editor involved in producing the May 2012 report.
“We share the view of AP president and CEO Gary Pruitt, who called it a ‘massive and unprecedented intrusion’ in a letter yesterday to US attorney general Eric Holder,” Reporters Without Borders secretary-general Christophe Deloire said. “We urge the DOJ to comply immediately with the AP’s request for the return or destruction of the seized phone records.
“We also think that such a flagrant violation of constitutional guarantees needs to be the subject of a congressional commission of enquiry. We regret to see that the federal government has not ended the practices that prevailed during President George W. Bush’s two terms, when officials sacrificed the protection of private data and, above all, the First Amendment right to be informed.”
Deloire added: “This case has demonstrated the need for a federal shield law that guarantees the protection of journalists’ sources, a principle that 34 of the Union’s states already recognize to varying degrees in their legislation.”
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ÉTATS-UNIS
Saisie de relevés téléphoniques d’Associated Press : RSF dénonce un “abus gravissime”
Reporters sans frontières considère comme une entorse gravissime à la liberté d’information la violation de correspondances téléphoniques commise par le Département fédéral de la Justice au préjudice de l’agence Associated Press (AP).
Le Département a informé AP, dans un courrier en date du 10 mai dernier, de la saisie des relevés de vingt lignes téléphoniques assignées à l’agence au cours des mois d’avril et mai 2012. Ce courrier ne précise néanmoins ni les motifs ni les arguments juridiques du procédé.
Cette saisie aurait eu pour but de tracer l’identité des informateurs de l’agence de presse. AP avait, en effet, révélé, dans une dépêche en date du 7 mai 2012, une opération de la CIA au Yémen visant à déjouer un attentat aérien d’Al-Qaïda. La saisie concerne plusieurs bureaux d’AP aux Etats-Unis, mais aussi sa ligne principale de la salle de presse de la Chambre des représentants ainsi que des numéros personnels, dont ceux de cinq journalistes et d’un rédacteur en chef à l’origine des révélations du 7 mai 2012.
“Nous souscrivons aux paroles de Gary Pruitt, le directeur général d’AP, qui dénonce une ‘intrusion massive et sans précédent’ dans un courrier adressé au ministre de la Justice Eric Holder, le 13 mai 2013”, déclare Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. “Reporters sans frontières demande au Département de la Justice d’accéder sans délai à la demande d’AP de lui rendre – ou de détruire – les relevés téléphoniques saisis. Nous estimons également que des faits aussi contraires aux garanties constitutionnelles appellent un examen devant une commission d’enquête du Congrès.”
“Reporters sans frontières constate avec regret que l’administration fédérale actuelle n’a pas rompu avec les pratiques en vigueur sous le double mandat de George W. Bush qui ont sacrifié la protection des données privées et surtout le droit des citoyens à être informés, garanti par le Premier amendement”, poursuit Christophe Deloire. “Cette affaire démontre la nécessité d’une loi fédérale en matière de protection des sources (federal shield law). Un principe que 34 États de l’Union reconnaissent, à divers degrés, dans leur législation.”
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REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas Desk, Reporteros sin Fronteras
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