“Caso Clarín” destapa corrupción de la transición

El caso del diario Clarín es probablemente uno de los procesos más oscuros de la transición chilena, el que refleja no solo el temor de la Concertación a la libertad de prensa, pensamiento y organización de la sociedad civil, sino también el proceso de descomposición y cooptación que siguieron sus líderes durante dos décadas en el gobierno. Para impedir el regreso a los kioscos de este popular periódico -que vendía hasta el golpe de Estado más ejemplares que El Mercurio-, los gobiernos de la Concertación no dudaron en colocar todo tipo de obstáculos, legales e ilegales, para impedir que Víctor Pey Casado, propietario del diario, obtuviera una indemnización tras la expropiación de sus bienes en 1973.

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Este es un proceso judicial inaudito que lleva décadas. Se inició durante los años 90 en los tribunales chilenos, los que no respondieron a las demandas, y ha seguido en el tribunal internacional del CIADI, instancia competente para dirimir diferencias respecto a inversiones extranjeras: Víctor Pey, nacido en España, es un inmigrante que llegó a Chile en el Winnipeg. En el momento de realizar la inversión en Clarín, sancionó el tribunal, era ciudadano español.
En diciembre pasado el gobierno anunció el fin de este largo proceso y la derrota de Pey. Pero nada más lejos de la realidad. La complejidad del lenguaje jurídico internacional permite a veces hacer interpretaciones un poco oblicuas y, por cierto, muy interesadas.

Para comprender el estado de las cosas hay que remontarse a 2008, año en el cual el tribunal del CIADI falló a favor de Víctor Pey y de la fundación española Presidente Allende, a la que cedió parte de las inversiones. En tanto, ordenó a Chile pagarles una cifra superior a los diez millones de dólares. El gobierno, presidido por la socialista Michelle Bachelet, interpuso un recurso para anular el fallo y el procedimiento de cálculo del monto de la indemnización, a lo que el tribunal accedió. Pero no se trata de un triunfo de Chile, como el gobierno de Piñera ha querido demostrar. Debe conformarse un nuevo tribunal con la única finalidad de volver a calcular el monto de la indemnización. El CIADI rechazó todos los recursos de anulación que presentaron los abogados chilenos, liderados, hay que recordar, por Jorge Carey, conspicuo miembro de Renovación Nacional nombrado para tales efectos por el presidente Ricardo Lagos. Entre esos recursos estaba el cuestionamiento de Pey como legítimo dueño de Clarín, su nacionalidad, la oportunidad en la que se realizó la inversión y una serie de otros asuntos técnicos y jurídicos. Todas estas solicitudes de anulación fueron rechazadas.

Hay dos puntos que reconoce el CIADI que ayudan a comprender los grados de turbiedad de este proceso. Uno es que a Pey se le denegó justicia en Chile, lo que resulta manifiesto en la demora de siete años de tramitación en la justicia chilena por el dominio de la rotativa Goss de Clarín: “Equivale a una demora irregular e irrazonable dando lugar a una demanda por denegación de justicia”. El otro punto es que hubo discriminación en el trato que se le otorgó como inversionista. 
A Víctor Pey el Estado chileno le denegó justicia, dice el tribunal internacional. Al haber ausencia de decisión por parte de las jurisdicciones chilenas durante un periodo de siete años (1995-2002), por un lado, y la ausencia de respuesta de la Presidencia a las solicitudes del Sr. Pey Casado, por otro lado, ello constituye una denegación de justicia. Y tampoco se le dio un tratamiento justo y equitativo. El Estado chileno (bajo el gobierno de Ricardo Lagos) “al conceder compensaciones -por razones que no se conocen y siguen sin explicarse- a personas que, según el tribunal de arbitraje no eran propietarias de los bienes confiscados, y al paralizar o rechazar las reivindicaciones del Sr. Pey Casado referentes a los bienes confiscados, la República de Chile cometió una manifiesta denegación de justicia y se negó a tratar a los demandantes de manera justa y equitativa”.

No solo los tribunales chilenos no respondieron a las demandas de Pey, sino que el gobierno de Lagos tejió una pringosa estructura jurídica notarial para evitar a toda costa la reaparición del diario Clarín. Para ello inventó una serie de herederos de Clarín y les pagó una indemnización que calculó, nadie sabe cómo, en diez millones de dólares.

El 28 de abril de 2000, el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile, encabezado por el democratacristiano Claudio Orrego, emitió la Decisión Nº 43, en la que autorizaba la restitución o indemnización para cuatro personas (o, según correspondiera, a sus sucesiones) por la expropiación de Clarín. Según el gobierno, esas personas eran Darío Sainte-Marie, Ramón Carrasco, Emilio González y Jorge Venegas.

La trampa no quedó allí. En ella participaron abogados y políticos de baja estofa y peor ética. Pocos meses antes de la emisión de la Decisión 43 por el Ministerio de Orrego, un abogado creaba en una notaría de Recoleta, junto a un concejal del PPD, la sociedad anónima Asinsa con un capital de cien mil pesos. Según escribió la periodista Patricia Verdugo en la desaparecida revista Rocinante, en 1998 el Comité de Inversiones Extranjeras -dependiente del Ministerio de Economía- encargó un estudio en derecho al abogado Enrique Testa sobre el “caso Clarín”. En 1999, se constituyó la sociedad Asesorías e Inversiones S.A. (Asinsa) con dos socios: Isidoro Godorischen Rapaport (yerno de Testa y militante del PPD) y Ronald Youlton Vasen. Cinco días después de constituida, el 27 de abril de 1999, la sociedad Asinsa compró el 40 por ciento de los derechos hereditarios de la sucesión de Emilio González González en un millón 600 mil pesos. ¿Qué tenían los herederos de González, muerto en 1991, que ameritara esta compra?, se preguntaba Patricia Verdugo. Nada. Porque no había ningún documento que relacionara a González con Clarín.

Había una trampa. Que abrió el Ministerio de Bienes Nacionales cuando declaró al fallecido González como uno de los propietarios del diario Clarín. De este modo, en esta operación Asinsa invirtió 1,6 millones para obtener una ganancia de mil 260 millones de pesos de la época.

Más que ser una trampa millonaria, como tantos otros casos de corrupción durante los años de gobiernos de la Concertación, ésta tiene el perfil de un obstáculo político e ideológico pergeñado por las elites del binominal-neoliberal para impedir el surgimiento de un diario popular que impulse el pensamiento crítico y la reorganización social.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 774, 11 de enero, 2013)

*Fuente: Punto Final